Los compromisos en política ambiental

La creación de un ministerio significa una transformación completa de la lógica y concepción del modelo institucional.

Frente a la serie de conflictos ambientales en 2005 y, por sobre todo, el caso de Celco-Valdivia, la entonces candidata Michelle Bachelet se convenció de la necesidad de avanzar en un cambio sustancial en la política ambiental. El diagnóstico era que la institucionalidad adolecía de una serie de fallas estructurales. Por esta razón, priorizó tres ejes: la reforma y fortalecimiento institucional -incluyendo la creación de un ministerio del ramo-; avanzar en la creación de instrumentos de gestión territorial y el diálogo social.

Tanto las acciones, como los objetivos declarados del gobierno, van en abierta contradicción con estos compromisos, como se constata nuevamente en la columna de la directora de la Conama (La Nación, 23/08/2006). No ha habido avance alguno en la reforma institucional propuesta, el único paso concreto ha sido el envío del proyecto de ley de la creación del cargo de presidente de la Conama, con rango de ministro. Este esfuerzo se realizó con tanta desprolijidad, que un proyecto que debería haber tenido un trámite parlamentario mínimo, se tardará por lo menos hasta fin de año.

Si bien la creación del cargo de presidente de la Conama, es un perfeccionamiento en el actual esquema institucional -modelo de coordinación- no constituye un cambio significativo. Es importante hacer la distinción, pues la reforma propuesta sí es una reforma sustancial. La creación de un ministerio significa una transformación completa de la lógica y concepción del modelo institucional, desde uno de coordinación hacia uno de implementación única. Desafortunadamente, las autoridades no logran apreciar la distinción entre estos dos modelos y la dimensión del compromiso de la Presidenta.

Al esperar la creación del cargo de presidente de la Conama para avanzar en la discusión sobre la reforma, en la práctica, el Gobierno ha dilatado en, por lo menos un año, la discusión sustantiva sobre la nueva estructura institucional. Lo anterior es grave por dos razones, primero: reformas de esta naturaleza son de Estado, por lo cual es necesario convocar a todos los actores a la discusión, lo que requiere un tiempo considerable de debate y propuestas.

En segundo lugar, lo peor es que la política ambiental se encuentra inmovilizada. Frente al vacío, prevalece la política ambiental heredada de los gobiernos anteriores, ya desahuciada por la Presidenta Bachelet. Es en este contexto es que se debe evaluar una serie de acciones de las autoridades, en su relación con la temática ambiental.

Entre estas propuestas, también es posible señalar la absurda iniciativa de la ministra Poniachik de haber creado la figura de fast track para los proyectos energéticos. El Ministerio de Minería y Energía forma parte de la Conama, al participar en el Comité de Ministros, por tanto la propuesta naturalmente debilita el fortalecimiento institucional, creando instancias paralelas e informales. Además, es una declaración explícita hacia los inversionista de permisividad ambiental en los proyectos energéticos (deliberada o no).

También se encuentra la posición del Gobierno frente al caso Celco-Valdivia. En los hechos el gobierno se ha puesto al lado de la empresa (incluso usando a la Armada) en busca de una solución al vertido de riles de Celco, a través de un ducto al mar que evacua en Mehuín. Afectando de esta manera, no sólo los derechos de una comunidad vulnerable sino, además, creando las bases de un conflicto social mayor a lo largo de todo el Gobierno de la Presidenta Bachelet.

Así, también, se encuentra esta obsesión que reiteradamente manifiestan las autoridades ambientales en relación al perfeccionamiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Está claro que el SEIA no es un instrumento de gestión ambiental, sino una ventanilla única para adquirir los permisos medioambientales. No es un instrumento que pueda resolver los conflictos mayores sobre los usos del territorio, por lo tanto el SEIA es irrelevante en la discusión de fondo.

Vale decir, por acción u omisión, los servicios abiertamente contradicen el programa ambiental del Gobierno, cuyos tres ejes son el fortalecimiento institucional, la dialogo social, y la gestión territorial. Por lo demás, habría que reiterar que la propuesta ambiental tiene como propósito enfrentar la creciente conflictividad en materia ambiental. Todo indica que esto continuará, si no pregúntenle a los pescadores de Mehuín.