La guerra por el agua

El recurso escasea. Las mineras lo necesitan para desarrollar sus faenas productivas y los poblados, para subsistir. El proyecto Pampa Colorada de Escondida pretende sacar mil 27 litros por segundo por 20 años desde cuencas andinas de la Segunda Región. Las comunidades atacameñas de San Pedro de Atacama ya izaron las banderas negras por el futuro que ven venir. La Nación 23 de abril de 2007.

Por José Miguel Jaque

Lo primero que distingue un visitante al acercarse a la localidad de Peine -ubicada a 98 kilómetros de San Pedro de Atacama- es un lienzo negro con letras blancas donde se lee “La comunidad atacameña de Peine rechaza el proyecto Suministro de Agua Pampa Colorada”. Si eso no fuera suficiente, las casas que albergan a las cerca de 300 personas que habitan el pueblo están adornadas con banderas negras.

Ésa es la manera en que la comunidad demuestra su rechazo al proyecto de Minera Escondida que pretende bombear mil 27 litros de agua por segundo en los salares laguna Aguas Calientes II, Tuyajto y El Laco para alimentar sus procesos productivos durante 20 años. “No queremos que nos saquen el agua”, protesta María Barrera, presidenta comunidad indígena de Peine y una de las responsables de la campaña contra el plan de la minera. “El proyecto es descabellado y las cantidades de agua son espantosas. Nosotros captamos 1,5 litros por segundo para consumo y no nos alcanza. ¿Y ellos quieren sacar esa cantidad?”, se pregunta con indignación.

Sandra Berna, alcaldesa de San Pedro -comuna a la que pertenecen las localidades de Peine, Socaire y Toconao que se oponen al proyecto-, también quiere respuestas. “Si en San Pedro escasea el agua, ¿cómo es posible que de un día para otro digan que van a sacar mil litros por segundo para hacer funcionar a una minera? Son millones de metros cúbicos que van a usar por 20 años. Nadie nos ha dicho si esos recursos se van a recuperar. ¿Quién nos asegura que vamos a poder seguir viviendo en esta región?”. La alcaldesa dice que en San Pedro la carencia de agua es del 40%. “Estamos con 12 litros por segundo y necesitamos 20. Nosotros usamos ni un pelo que lo que ellos quieren sacar y sin embargo, no tenemos los recursos para sacar agua”.

La alcaldesa no confía en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por Escondida. “De las mineras sólo quedan los hoyos”, comenta. “Dicen que se van a preocupar de no impactar, pero lo dudo. Los resultados no son los mismos que quedan en el papel. El papel aguanta mucho”. Además, critica el sistema. “No tenemos plata para hacer estudios de impacto ambiental para presentar como contraparte a la minera. En la justicia al pobre le ponen un abogado, pero a nosotros no nos ponen nada”.

Berna aleja el signo peso de la discusión. Habla de lo que cuesta tener agua en la región, mantener los bofedales y del culto que le rinden al recurso las comunidades atacameñas. “Para nosotros el agua no tiene precio, es de las comunidades de San Pedro y no hay ningún negocio que hacer, sólo cuidarla. Se quieren llevar un gran tesoro”. Berna asegura que las comunidades y su municipio están en la misma cruzada -que incluye una marcha el 25 de este mes- y no aceptarán dinero a cambio de aceptar el proyecto. “No necesitamos plata, sino saber que vamos a vivir muchas años más en nuestra tierras”.

¿Tierra de nadie?

La alcaldesa de San Pedro cuenta que existe otro pero al proyecto: la propiedad de las tierras. Dice que la Conadi debe entregar los papeles que acreditarán que las tierras donde la minera quiere asentar el proyecto pertenece a las comunidades atacameñas. Francisco Bustamante, abogado Conadi de la Segunda Región, explica que existe una demanda de las comunidades indígenas de Peine, Socaire, Taladre, Camac y Toconao para que el Estado les reconozca el dominio de esas tierras en virtud de los artículos 12, 63 y 3 transitorio de la Ley Indígena. “En el trabajo del Gobierno se les ha ido dando el reconocimiento, pero no con la rapidez que quisiéramos”, comenta.

Bustamante dice que antropológica y sociológicamente, esas tierras les pertenecen porque ellos han ocupado el lugar, pero jurídicamente son fiscales. “En el futuro esas tierras serán legalmente de esas comunidades con un 
título. Es un trabajo lento y complejo. Y aunque no sean dueños legales de esos terrenos, la aprobación del proyecto debiera serles consultada igual, tal como lo dice los artículos 34 y 35 de la ley indígena”. Según Bustamante, la participación de las comunidades debiera ir más allá de lo que la Conama establece como participación ciudadana en el estudio de impacto ambiental. Debe ser especial porque hay una ley que lo establece.

El profesional agrega que si Escondida tiene una política medioambiental amigable con la ciudadanía debiera hacerse cargo del tema. “Ellos consultaron a Bienes Nacionales y a nosotros como Conadi, y les explicamos que los terrenos que estaban afectando van a ser propiedad de las comunidades. Dijeron que lo iban a considerar, pero no lo hicieron”.

El punto 42 del informe consolidado de solicitudes, aclaraciones, rectificación o ampliaciones al EIA del proyecto le impone a la empresa respetar los sitios que son considerados sagrados y con un alto valor patrimonial por la comunidad, comprendiendo que tales sitios no son necesariamente los categorizados por la institucionalidad como tales. “Se debe apelar al conocimiento y las tradiciones locales para clasificar de sagrados a dichos espacios”, dice el escrito.

“No hay competencia por el agua”

En la minera se toman el tema con mucha calma y cautela. “Estamos en una etapa muy temprana de este proceso”, explica Mauro Valdés, vicepresidente de Asuntos Corporativos de la empresa. “Minera Escondida ha pedido el alargue de la etapa para responder porque estamos interesados en escuchar las preocupaciones medioambientales y de desarrollo que puedan tener las comunidades en torno al proyecto. No vamos a poner en riesgo nuestra reputación por un proyecto de esta naturaleza”.

Valdés explica que personeros de Escondida han participado en varias reuniones
Con lienzos y banderas negras, las comunidades atacameñas se manifiestan en contra del proyecto de Escondida.
 
con las comunidades y la respuesta ha sido variada. Cuenta que mientras algunos entienden que el proyecto puede llevar a una asociación estratégica para desarrollar planes de sustentabilidad, también hay grupos más reticentes con la minera.

El vicepresidente de Asuntos Corporativos de Escondida dice entender que en el desierto el agua es un bien escaso, pero aclara: “Los derechos de agua que queremos utilizar no son aguas que hoy las comunidades estén consumiendo o de las cuales estén haciendo uso. No hay una competencia por los derechos de agua. No tiene que ver una cosa con la otra. Sin perjuicio de aquello, estamos disponibles para conversar”.

Sin embargo, el informe consolidado establece en su punto 39 que la comunidad de Socaire tiene derechos de aguas sobre el río Socaire y la vertiente Quepe, mientras que la comunidad de Peine tiene los mismos sobre las vertientes Tulán, Chasquesoque y Ossa y Viste y sobre el río Tarajne. Por eso, se le solicita a Escondida indicar si hay conexión y afectaciones sobre esas fuentes y los derechos de agua a favor de las comunidades.

Sobre la propiedad de las tierras, Valdés desconoce que se trate de terrenos que vayan a pasar a las comunidades en un futuro cercano. “Al día de hoy, se trata de propiedad fiscal”, dice. También aclara que Escondida aún no adquiere los derechos de agua para la explotación del recurso -que están en manos de Exploraciones, Inversiones y Asesorías Mundo S.A.- y que sólo los comprará cuando el proyecto esté evaluado ambientalmente.

Si el proyecto es sustentable, ¿por qué Escondida limita la extracción a un período de 20 años? “No es que tenga fechas de vencimiento, pero tú bombeas hasta que se acaba el agua o hasta cuando puedes producir impacto en el medio ambiente.

Por eso es necesario ir cambiando las fuentes”, responde Valdés. “Por lo mismo este proyecto es a 20 años, porque tenemos estudios que dicen que 20 años y una determinada cantidad de agua es lo ambientalmente utilizable de forma sustentable. Si extrajeras más agua los efectos probablemente serían mucho más difíciles de mitigar”.

En la actualidad, la empresa cuenta con cuatro fuentes de agua. Dos son subterráneas -los pozos de Punta Negra y Monturaqui- y existe una planta desalinizadora en Antofagasta que le permite a la minera bombear 500 litros por segundo desde el mar. ¿Es la solución llevar agua desde el borde costero? “Podría serlo para el futuro, pero obviamente es más cara. Además, se necesitaría más energía eléctrica para producirla y eso haría que la competitividad de la industria minera disminuyera”.

LAS DUDAS QUE GENERA EL PROYECTO

Minera Escondida ingresó al SEIA el Estudio de Impacto Ambiental el 9 de enero de este año. Tras las observaciones de los organismos públicos con competencia ambiental, la empresa se dio plazo hasta el 31 de julio para entregar la Adenda Nº 1 con las especificaciones del proyecto. “Estamos a la espera de las respuestas de la empresa. Analizados esos antecedentes se aprobaría o rechazaría el proyecto”, comenta Eduardo Rodríguez, director regional de Conaf.

La Conaf tiene algunas dudas. El estudio de la empresa acota demasiado el impacto que producirá el proyecto. “Nos preocupa que a 30 kilómetros aguas abajo del sitio donde van a extraer los recursos hídricos se encuentran las lagunas Miscanti y Miñiques, y un poco más abajo el Salar de Atacama, ambos sitios protegidos por la Reserva Nacional Los Flamencos y estas lagunas no están consideradas dentro de la zona de influencia del proyecto. Ellos deberán aportar más antecedentes en ese sentido”, comenta Rodríguez, quien también alude a las medidas de mitigación. “Ellos plantean el traslado de bofedales y el riego artificial de lagunas. Se debieran aportar resultados publicados de otras experiencias que la misma empresa y otras hayan realizado respecto a eso”.

El director regional de Conaf cuenta que hay varios proyectos como Pampa Colorada en el sector andino. “Venimos evaluando estudios de impacto ambiental de estas características desde hace 10 años”, dice. “Y se requiere mayor control y monitoreo para manejar la disponibilidad del recurso hídrico en condiciones de explotación porque son proyectos invasivos. Sería ingenuo pensar que un proyecto así no dañe el entorno. Este proyecto va a poner en peligro el ecosistema y por eso el estudio de impacto ambiental propone medidas de mitigación”.

Otro organismo que hizo observaciones fue la DGA. El Código de Aguas no permite efectuar nuevas explotaciones en zonas de acuíferos que alimentan vegas y bofedales del norte grande, por lo que, según ese servicio, el proyecto sería legalmente improcedente. Mauro Valdés responde: “Ésa es una discusión jurídica que hay que resolver con la DGA para ver qué significa afectación de vegas y bofedales. Creemos que con las adecuadas medidas de mitigación no se van a afectar”

Pese a que el informe consolidado de solicitudes, aclaraciones rectificación o ampliaciones al EIA que informaron los servicios tiene 10 capítulos de múltiples acotaciones, Valdés asegura que la empresa tiene el convencimiento de que el proyecto es ambientalmente sustentable. “Vamos a tener respuesta para todas las preguntas e interrogantes que se nos han planteado”.