Metrogas acudirá a tribunales para revertir fallo contra planta propano

Jéssica Esturillo O.

“Acudiremos a Tribunales, aunque aún no tenemos claro la figura que usemos. Estamos evaluando todo, porque no queremos que el proceso implique un retraso en la puesta en marcha de la planta”, dijo ayer el gerente comercial de Metrogas, Mauricio Russo, en respuesta a un dictamen de la Contraloría General de la República que detuvo las obras de la instalación de respaldo que la distribuidora de gas construía en Peñalolén.

Russo agregó que la firma considera todo tipo de alternativas, las que dependerán de “los plazos”.

Entre los caminos disponibles para la firma, se encuentra presentar una reconsideración ante la Contraloría o interponer un recurso en los Tribunales de Justicia para revertir el dictamen del órgano, que paralizó las obras de la controvertida planta de propano destinada a respaldar el consumo de gas residencial ante un eventual corte total desde Argentina.

Abogados especialistas en derecho público y en servicios regulados coincidieron en que cualquiera sea la decisión que tome la distribuidora, los trabajos permanecerían detenidos entre 45 días -si acuden a la Contraloría con un recurso de reconsideración- y hasta seis meses si la empresa controlada por Gasco presenta pronto su caso ante los tribunales, pero ninguno de esos caminos tomaría menos de seis meses.

Ayer Russo asumió que será difícil que la planta funcione el próximo año. “No puedo asegurar que la planta esté operando hacia el invierno de 2008 y estamos mirando qué hacer para que esto no signifique un atraso mayor”, dijo.

La Contraloría declaró ilegal la resolución de la Corema Metropolitana, que en junio pasado concedió la autorización provisoria para ejecutar el 50% de las obras de la planta. El organismo indicó que no correspondía permitir un proyecto de estas características dado que “atendida su naturaleza” no es compatible con el uso de suelo previsto por el Plan Regulador Metropolitano.

“Un recurso de protección de las características de éste, donde probablemente se harán parte todos los detractores del proyecto, podría dilatar la acción entre cuatro y seis meses”, dijo un abogado.

Añadió que “en la Contraloría, en tanto, dada la urgencia de la planta y las potestades discrecionales más amplias que tiene el Contralor comparado con el régimen de los tribunales, podría sacar el tema en un plazo inferior, quizás de 30 ó 45 días, esencialmente porque ya tiene todos los antecedentes en su poder”.

Otro de los juristas señaló que el dictamen de la Contraloría complicó la situación porque cualquier recurso “pasará por un tema político y no legal, dado que la Contraloría ya hizo su juicio administrativo y sólo lo cambiaría si el Gobierno negocia. En tanto que en tribunales, es muy difícil impugnar una decisión de la Contraloría”.

Otro profesional requerido señaló que puede haber un giro si el gobierno ejerce “algún tipo de lobby por la gran necesidad de asegurar el gas residencial” y recomienda precisamente, acudir a tribunales para ver si tienen una visión distinta al Contralor que vaya en esa línea.

 

Plazos

Para evitar dilatar la construcción de la planta la mayoría de los consultados recomendó apelar simultáneamente de dos formas: por un lado, la Corema que puede pedir la reconsideración a la Contraloría; mientras que por parte, la empresa puede acudir a los tribunales de Justicio, como Russo señala, piensan hacer.

Sin embargo, la primera alternativa se vería entorpecida por la agenda de la Corema, dado que la Contraloría establece un plazo de cinco días corridos desde la resolución -que se cumplen el martes 28- mientras que la reunión del órgano ambiental donde se conocerá la resolución está fijada para el 30 de agosto.

En el caso de un recurso de protección o de otra clase, podría interponerlo en un plazo máximo de 30 días corridos.

Estas opciones implicarían un retraso en los planes de Metrogas y del gobierno de contar con la planta para el invierno de 2008, cuando se espera que los recortes de gas argentino sean mayores y puedan amenazar el consumo residencial y comercial, derivando en un racionamiento en la capital.