Agrosuper en Freirina: aún no está dicha la última palabra en Chile

Está lejos de concluir la historia del proyecto Agroindustrial Valle del Huasco, esto es, de la planta de cerdos de Agrosuper en Freirina; ahora se abre un nuevo capítulo con el anuncio de la empresa de que reclamará ante el Comité de Ministros sobre  la modificación a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), que le impone nuevas condiciones.

Para entender esta historia, es necesario recordar que el Estudio de Impacto Ambiental fue elaborado por la empresa GAC (Gestión Ambiental Consultores), y que tras ser sometido al proceso de calificación ambiental, obtuvo su permiso el año 2005, autorización que fue rectificada el 2006, durante el gobierno de Ricardo Lagos. Una vez concluido este proceso se inicia la etapa de construcción y puesta en marcha de la planta, que inició sus operaciones el año 2011.

Desde el inicio de las operaciones, la planta fue cuestionada por la comunidad local, lo que a la larga desembocó en una serie de acciones de protesta, reclamos administrativas y un primer cierre temporal de la planta, después de ser declarada una alerta sanitaria, la que fue reabierta a fines de noviembre del presente año. Recientemente la empresa anunció el cierre indefinido del complejo industrial, alegando que se le han impuesto condiciones ambientales que hacen inviable el proyecto.

La tragedia de Freirina es una nueva demostración de la debilidad técnica de nuestra institucionalidad ambiental, que se supedita a las instrucciones políticas, a lo cual se suma la incapacidad de fiscalización que va desde la implementación a la operación de un proyecto.Desde un comienzo,  tanto la empresa como las autoridades de turno plantearon como “positivo” y como “un gran desafío” la construcción y puesta en marcha de este proyecto, que sería el más grande de estas características en Sudamérica. El proyecto aprobado en 2005 contemplaba la instalación de planteles de crianza de cerdos que en su fase de plena capacidad de funcionamiento mantendría una población de 2.500.000 animales; asociado a esto se construirían plantas de tratamiento de residuos sólidos y líquidos, en su mayoría orgánicos,  provenientes   de los animales en crianza. También se contemplaba una planta digestora, para reducir residuos orgánicos, y una planta faenadora de cerdos.

Lo primero que debiera llamar la atención en este caso es que la autoridad ambiental y sanitaria entregó un permiso (RCA) a un proyecto de estas dimensiones a sabiendas que no existe ninguna capacidad para monitorear y fiscalizar en terreno a la industria, y que no es difícil suponer que mientras más grande un emplazamiento, más grande son los problemas que deberá enfrentar en caso de imprevistos o mal funcionamiento. Este sólo hecho permite inferir que desde un inicio el proyecto contó con la venia de las autoridades de turno en desmedro de la comunidad, pues no existió la preocupación de generar acciones para garantizar el derecho de la gente a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Esto resulta aún más cuestionable si se conoce cómo se evalúan los proyectos, quiénes los aprueban y cuál es la capacidad de fiscalización de nuestros servicios públicos. La aprobación ambiental de este proyecto tiene un componente político, pues quienes lo calificaron favorablemente fueron autoridades designadas por el gobierno de Ricardo Lagos y que contaban con su confianza. Pero, en todo caso, se trata de un problema transversal, pues GAC es la consultora a la que pertenecía la actual Ministra de Medio Ambiente antes de llegar a su cargo. Por ello, la guerra de acusaciones entre personeros de este gobierno y Ricardo Lagos carece de sentido y es sólo pirotecnia política para llamar la atención y descargar posibles responsabilidades.

Lo mismo se puede deducir del anuncio de la empresa respecto del cierre indefinido de la planta. El “porcinazo” de Agrosuper parece ser  una jugada de la empresa que pretende con ello presionar para que se flexibilicen las condiciones que se le están imponiendo mediante un proceso de recalificación ambiental. La empresa cuenta con una RCA del año 2005, que independiente de cuándo materialice el proyecto, no tiene fecha de expiración, y estará vigente a menos que la propia empresa desista oficialmente del proyecto o la autoridad revoque el permiso. Cualquier cambio en las condiciones del proyecto original debe ser expresado como una resolución que modifica la RCA inicial, desechar definitivamente el proyecto implica una revocación de la RCA.

La RCA dictada el año 2005 y modificada el 2006 y sus modificaciones, otorga un permiso que puede ser judicialmente reclamado por la empresa. Agrosuper cuenta con un permiso legalmente válido, y lo que está diciendo de una u otra forma es que no está de acuerdo con las nuevas condiciones impuestas y que -más allá de las interpelaciones políticas, las manifestaciones locales  y los impactos socioambientales que genera el proyecto-, buscará que se le mejoren las condiciones o se relajen las exigencias ambientales, o de lo contrario activará acciones administrativas y legales.

Sin duda tenemos que reflexionar, mirar hacia atrás y señalar que este proyecto nunca debió ser aprobado. La tragedia de Freirina es una nueva demostración de la debilidad técnica de nuestra institucionalidad ambiental, que se supedita a las instrucciones políticas, a lo cual se suma la incapacidad de fiscalización que va desde la implementación a la operación de un proyecto.

Lo previsible es que el gobierno, de una u otra forma, buscará alcanzar acuerdos  con la empresa que le generen el mínimo de daño político y/o económico, e intentará dar una imagen de preocupación. Lo más probable es que la comunidad una vez más deba enfrentar sola esta situación, pues para los actores políticos tradicionales lo que sigue primando es lo económico, y están lejos de comprender la profundidad de la crisis socioambiental que generan proyectos como Agrosuper, y la destrucción de confianza que va más allá de lo puramente ambiental.

Casos como éste, o como Castilla, Punta Alcalde y tantos otros, van estableciendo precedentes que deben servir de base para una reforma ambiental profunda, que apunte realmente a resolver problemas y no sea solamente un intento de maquillaje como la reforma a la institucionalidad ambiental del año 2010.