Columna de opinión de Flavia Liberona Directora Ejecutiva de Fundación Terram, publicada en portal El Dinamo el 11 de abril 2014.
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, una de las 50 medidas para los primeros 100 días de Bachelet
Si bien CONAF al igual que otras instituciones públicas como el SAG, el Consejo de Monumentos Nacionales, la Subpesca han sido los guardianes del patrimonio natural de Chile y lo han hecho con muy pocos recursos, consideramos que Chile debe dar un salto en la materia.
En la actualidad Chile no cuenta con una institución pública dedicada a la protección y conservación de la biodiversidad. Si bien existen varias instituciones públicas que entre sus atribuciones contemplan el cuidado del patrimonio natural del país, ninguna de ellas tiene como actividad principal esta tarea, y lo que es más complejo aún se encuentran distribuidas en distintos ministerios.
Por si esto fuera poco, lo más conocido para el ciudadano medio es el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE), que está radicado en CONAF y que es terrestre.
Pero en la actualidad existen otras figuras de conservación como son los parques marinos, las áreas marinas costero protegidas, los Santuarios de la Naturaleza, por nombrar sólo algunos. Si bien CONAF al igual que otras instituciones públicas como el SAG, el Consejo de Monumentos Nacionales, la Subpesca han sido los guardianes del patrimonio natural de Chile y lo han hecho con muy pocos recursos, consideramos que Chile debe dar un salto en la materia. Y ello no es un puro capricho, pues cada vez con más fuerza organismos internacionales relevan la importancia de conservar la biodiversidad.
Por ello que el año 2005 cuando la OCDE dio a conocer su informe sobre Evaluaciones de Desempeño Ambiental de Chile para el periodo 1990-2004, una de las áreas peor evaluadas fue la que se refiere a la conservación de la naturaleza. En este informe se señala explícitamente “No hay ninguna ley específica de conservación de la naturaleza, y las estructuras institucionales y de manejo dan una importancia secundaria a los objetivos de conservación”. Han pasado 10 años y la situación no ha cambiado sustancialmente, pues a pesar de que en el año 2010 se reforma la institucionalidad ambiental de Chile, quedó pendiente la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Luego durante el gobierno de Piñera se envió un proyecto de ley al Parlamento, sin embargo, no logró ser tramitado debido a que presentaba enormes falencias y en estricto rigor no podía ser considerado un texto legal que apuntara efectivamente a proteger y conservar la vida de las especies nativas y ecosistemas que existen en nuestro territorio. Esta iniciativa legal era muy permisiva y además abría la puerta a la privatización de las áreas protegidas.
La presidenta Bachelet consciente de que ésta era una deuda de su anterior mandato, consignó el envío de un proyecto de ley para la creación de este Servicio como una de las 50 medidas para los 100 primeros días. Esta situación ha sido aplaudida por las organizaciones que hemos trabajado durante años poniendo el tema en la discusión pública. Pero así como estamos muy contentos de que esto vaya a ocurrir, también estamos muy preocupados, porque la iniciativa legal que debe ser enviada al Parlamento realmente resuelva los problemas que hoy existen en la institucionalidad chilena.
Un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, debería ser mucho más que la creación de una institución pública, debería comprometer recursos humanos y económicos suficientes para que Chile cuente con un Servicio de alto nivel, con profesionales capacitados y con instrumentos adecuados para proteger y conservar la biodiversidad fuera y dentro de las áreas protegidas. Que además deje en claro que lo primero es la protección del patrimonio natural de Chile y no el desarrollo de proyectos de inversión a costa de la destrucción de especies y ecosistemas.
Por experiencia sabemos que más allá de los contenidos que debería tener una iniciativa legal de estas características, existen temas complejos que deben ser abordados cuanto antes. Uno de ellos justamente se refiere al financiamiento de esta ley, incluyendo el traspaso de personal de otras instituciones que hoy ejercen funciones asociadas a la conservación del patrimonio natural. Otro de los temas que seguramente será motivo de discusión, incluso antes de analizar el texto legal, se refiere a si se debe o no aplicar el procedimiento de consulta indígena establecido en el Convenio 169 de la OIT, pues muchas áreas protegidas se encuentran en territorios indígenas.
También es motivo de preocupación la forma en cómo el gobierno trabaje el texto legal, pues sin duda un proyecto de ley elaborado a puertas cerradas no es lo que las organizaciones que trabajan en el tema esperamos.
Por último y aún sin hablar de los contenidos del proyecto mismo y los conceptos que este debe contener, resulta de la mayor importancia que el gobierno no sólo se comprometa a ingresar un texto legal, también a tramitarlo y hacer todos los esfuerzos que estén a su alcance para que quede aprobado durante el actual gobierno. No debemos olvidar que el año 2015 Chile nuevamente deberá enfrentar una nueva evaluación de desempeño ambiental ante la OCDE y sería muy frustrante, por decir lo menos, que no mostráramos avances significativos en esta materia.