Carlos Furche y ajustes a ‘Ley Monsanto’: “Uso de semillas para pequeños agricultores no tendría límites”

La disputa por el polémico proyecto de ley de obtentores vegetales, conocido popularmente como “Ley Monsanto”, parece ya tener fecha de término. Al menos tal como la conocemos hasta hoy. El Ministerio de Agricultura afina los detalles de un nuevo proyecto sobre la materia que será ingresado en los próximos meses al Parlamento y que implica un “ajuste importante” respecto a la iniciativa discutida durante el gobierno anterior.

Esto luego que en marzo pasado el Gobierno retirara del Congreso una serie de proyectos de ley, entre ellos, la iniciativa presentada en 2009 -bajo el primer mandato de Bachelet- que regula los derechos sobre obtenciones vegetales y deroga la ley N° 19.342. Dicha normativa buscaba que quien obtiene una semilla nueva o variaciones, la pueda patentar, y recibir dividendos de su explotación, sea por él o por otro agricultor. Sus opositores sostienen que dicho proyecto afectaba a la agricultura en Chile y concentraba la propiedad de las semillas en manos de unas pocas empresas multinacionales. Sin embargo, desde su oficina en Teatinos 40, el ministro de Agricultura, Carlos Furche aclara que el nuevo proyecto “no limitaría el uso de semillas para pequeños agricultores”.0

El secretario de Estado adelanta que el borrador buscó el consenso de la industria, agricultores y ambientalistas. De hecho hubo una coordinación liderada por Agricultura que involucró a los ministerios de Medio Ambiente, Economía y Relaciones Exteriores.

¿El objetivo? Cumplir el acuerdo firmado con Estados Unidos de actualizar el cumplimiento de la norma UPOV 78, de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales con sede en Suiza.

¿Cuándo estima usted que se concretarán los cambios a la ley de obtentores?

¿De qué forma lo harán?

—Tenemos un borrador bastante avanzado de lo que será un nuevo proyecto de ley. Uno de los debates que tenemos pendientes es si será sometido o no la consulta indígena como establece el Convenio 169 de la OIT. Eso es lo que va a determinar el tiempo. Si va a consulta va a tomar unos meses más. ¿Cuánto tiempo podría tomar este proceso?

—No soy especialista en el tema, pero el plazo máximo son 125 días hábiles desde el momento en que inicia la consulta. Eso es lo que dice la normativa que establece el Convenio 169 de la OIT. Ese es el plazo máximo, aunque no quiere decir que ocupemos la totalidad de ese plazo. Pero estimo que en un par de meses, como máximo, vamos a tener una nueva normativa.

¿Cuáles serían los principales cambios que impulsa el proyecto?

—Ya hemos avanzado mucho en el debate con todas las organizaciones involucradas y lo que tenemos que decidir es si corresponde o no que sea sometido a consulta indígena.

¿Se acoge a la nueva UPOV?

—Sí. Por supuesto. ¿Dónde estarán los principales cambios?

—Básicamente en garantizar a los pequeños agricultores el uso de las semillas. Además de garantizar la protección de nuestros recursos genéticos autóctonos y generar una relación más equilibrada entre la industria productora de semillas y los productores. Eso es lo que hemos venido conversando con los distintos sectores.

¿Y en concreto qué implicará el nuevo proyecto?

—El uso de la semilla para los pequeños agricultores no tendría límite de uso. Ellos podrían utilizarlas todo el tiempo que necesiten.

¿Con esta propuesta, entonces, se acaba el concepto de Ley Monsanto, como la llamaron sus detractores?

—Efectivamente, nosotros queremos eso. Se lo pregunto porque ahora no habrá límite de uso para las semillas.

—Ese era uno de los temas que creo que se resolverá adecuadamente, y que generó más críticas. De hecho hubo varias manifestaciones en contra por ese punto…

—Nosotros nos hemos hecho cargo de eso y por lo mismo el tema ha estado presente en la discusión que hemos tenido en la industria productora de semillas con las organizaciones de pequeños agricultores y organizaciones ambientalistas.

En estos meses hemos tenido un debate silencioso, pero efectivo. ¿Esto quiere decir que hay un cambio total respecto al proyecto anterior?

—Es un ajuste importante, pero todavía estamos afinando los últimos detalles. Lo que está pendiente es el tema de la consulta indígena. En PULSO se publicó que la nueva ley estaría lista en octubre.

¿Cumplirán ese plazo?

—No está lejos en lo que se refiere a la elaboración del proyecto. No quiero decir octubre, pero sí estamos súper avanzados. El tema es que si vamos a consulta indígena hay que sumarle un par de meses más antes de que llegue al Congreso.

¿Este proyecto de ley recibió el apoyo de Pioneer y Monsanto, empresas productoras de semillas transgénicas en Chile?

—Más que recibir el apoyo, hemos hecho una rueda de consultas y creo que en general hay flexibilidad de parte de la gente con la que hemos conversado y que ha permitido ir resolviendo en el papel o en la teoría estos temas que eran los más complejos.

¿Este nuevo proyecto de ley va en línea con el acuerdo que mantiene Chile con Estados Unidos?

—Sí. ¿Consultaron los cambios con las autoridades de Estados Unidos?

—Para eso tenemos nuestros organismos nacionales, como la dirección económica de la Cancillería. Tenemos al Instituto de Propiedad Industrial (INAPI). Con Estados Unidos hemos conversado a nivel de las organizaciones públicas involucradas: Ministerio de Economía, Cancillería, Medio Ambiente y Agricultura. Esos han sido los actores principales en este proceso de consulta que ha estado coordinado desde este ministerio.

¿Recibieron respaldo de los cambios?

—Sí, respecto de los temas más importantes.

¿Usted cree que con esta propuesta se podrá zanjar la polémica por la Ley Monsanto?

—Tengo una expectativa razonable de que sí, pero no puedo dar firmado eso. Pero sí tengo una expectativa razonable.

Ley que reemplazará a la Conaf El DL 701, que fomenta las plantaciones forestal, se extenderá

—Es lo máximo que podríamos hacer: renovarlo tal como está o efectuar alguna modificación marginal. Hay una disposición del Tribunal Constitucional que lo señala así. Entonces, nosotros hemos concentrado toda nuestra energía en preparar el proyecto de ley para el Servicio Nacional Forestal, que reemplazará a la Conaf.

Espero que, en un plazo máximo de dos a tres meses, tengamos el proyecto de ley para ser sometido a los procedimientos institucionales que correspondan como la consulta indígena y luego enviarlo al Congreso.

¿Cuál es la solución que evalúan para terminar con la disputa que mantienen con el TC?

—Una vez que constituyamos el Servicio Nacional Forestal como servicio público todos estos temas se facilitarán y toda esta especie de espada de Damocles que tenemos desde el Tribunal Constitucional desaparecerá.

El cuestionamiento del Tribunal Constitucional es que a una corporación de derecho privado como es la Conaf, no se le pueden entregar atribuciones de servicio público.

Eso es en esencia.

¿La idea del actual gobierno es que todos los proyectos de ley tengan la venia de las comunidades indígenas?

— No, pero sí los proyectos que los afecte directamente. Eso es lo que dice la disposición legal. La idea del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet es cumplir la ley. Por lo tanto si la ley establece que un proyecto debe ir a consulta indígena, irá. P

EN RELACIÓN A LEY MONSANTO “Es un ajuste importante, pero todavía estamos afinando los detalles”

PLAZOS “Si vamos a consulta indígena hay que sumarle un par de meses más antes de enviarlo al Congreso”

FIN POLÉMICA “Tengo una expectativa razonable que sí, pero no puedo dar firmado eso. Pero sí tengo una expectativa razonable”