Caimanes, una historia de larga data

Esta semana hemos conocido el fallo del Tribunal de Los Vilos que ordenó la demolición del tranque de relave El Mauro de Minera Los Pelambres propiedad del grupo Luksic. Sin duda un fallo sorpresivo e histórico y un gran triunfo para la comunidad, un triunfo que llega después de una intensa lucha que ha demorado más de 10 años y que no ha estado exenta de complejidades como fue la huelga de hambre que mantuvieron dirigentes locales el año 2010. Si bien el reciente dictamen puede sorprender, la lucha de la comunidad de Caimanes por la recuperación de las aguas del estero Pupio, tiene larga data y llega gracias a la persistencia de personas que se ha organizado y resistido, siempre teniendo el propósito de hacer respetar sus derechos. Esto, sin duda es una tarea titánica en un país como el nuestro, donde las regulaciones mineras, energéticas, de agua, ambientales y otras “favorecen la inversión” y por tanto a las grandes empresas que cuentan con garantías por sobre los derechos de las personas.

El caso de la comunidad de Caimanes es emblemático, pues se trata de una lucha por la recuperación de las aguas para la comunidad, pues con la construcción del tranque de relave estas han disminuido dramáticamente en calidad y cantidad, situación que era absolutamente predecible de acuerdo al diseño presentado por la empresa y aprobado ambientalmente.

Esta comunidad que se emplaza en la región de Coquimbo ha debido soportar conflictos internos y varios procesos judiciales para llegar al fallo del Tribunal de Los Vilos, este sólo hecho demuestra la dificultad que deben enfrentar las comunidades que se oponen o cuestionan mega proyectos de inversión. El primer juicio fue impulsado por un grupo de propietarios y tras un fallo unánime de la Corte de Apelaciones que ordenaba que el tranque no debía construirse, justamente por el daño que provocaría en la disponibilidad de aguas para la comunidad, sin embargo las partes (propietarios demandantes y empresa) llegaron a un advenimiento (acuerdo), con esto la minera del grupo Luksic pudo iniciar la construcción del Tranque El Mauro. Pero luego se sucedieron varias acciones legales por parte de la comunidad, la primera de ellas declaró nulo el acuerdo y luego de largos años, en octubre 2014, la Corte Suprema ordenó la restitución de las aguas en calidad y cantidad a la comunidad. Pero como siempre ocurre con conglomerados como este, la empresa hizo el mínimo esfuerzo y el Plan que presentó era absolutamente insuficiente. En base a esto, el juez de Los Vilos determina la destrucción del tranque. Esta es parte de la historia, pero como ya ha anunciado la empresa, este juicio continuará, pues van a apelar el fallo y por ende el desenlace final no ha llegado. No obstante, este es un hito muy relevante en un país tan desigual como el nuestro donde las comunidades deben afrontar sin apoyo del Estado este tipo de procesos.
Pues como sabemos en Chile no todos somos iguales ni siquiera ante la ley y desgraciadamente las demandas de las comunidades locales generalmente no son escuchadas en el poder central.

Es más, los que llevamos años en las temáticas ambientales sabemos que para las comunidades nada es fácil, más bien todo lo contrario, pero lo que es peor aún, nuestras regulaciones permiten estas desigualdades, diferencias que están claramente explicitadas en la ley ambiental chilena, donde el Estado, en este caso el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) se pone a disposición de las empresas. Las comunidades como la de Caimanes, que deben sufrir la calificación ambiental de proyectos, saben lo que es aquello y conocen bien la actitud de los funcionarios públicos cuando se trata de facilitar inversiones, basta recordar el Comité de Agilización de Inversiones (CAI) durante el gobierno de Piñera o la agenda Pro inversión del Ministro Arenas.

Es por ello que cuando una comunidad logra un triunfo es algo digno de destacar y elogiar, pues cuando las organizaciones locales reclaman deben afrontar un escenario sumamente adverso, el cual les exige mucho, en lo personal, en lo técnico, en la capacidad de articulación y también en su capacidad de permanecer unidos y no ser arrasados por el poder de las grandes empresas o el gobierno de turno. Una comunidad que reclama no debe hacerlo sólo con convicción, también debe poder persistir en el tiempo y lo que es más dramático aún, debe resistir enormes campañas comunicacionales que involucran a lideres de opinión en las cuales se les deslegitima, acciones de la empresa en las cuales se les trata de dividir y desarticular y deben soportar el silencio cómplice de los grandes medios de comunicación.

Los que trabajamos en esto sabemos que nada es gratis, ni fácil para las comunidades y que cuando conflictos como el que ha sostenido la comunidad de Caimanes llegan a la prensa nacional y son reportados por los grandes medios de comunicación, independiente si relatan o no la historia fidedigna de los hechos, la comunidad, el pueblo, los actores locales o como queramos denominarlos tienen la razón, pues su fuerza y compromiso ha sorteado y superado grandes barreras.

Lo que se viene no es fácil y la comunidad lo sabe, ya llevan más de 10 años de lucha y presiones, haciendo frente a una empresa, que no sólo les quita el agua, la contamina, construyen un tranque calificado de obra ruinosa por la justicia, destruye 140 sitios arqueológicos y daña o destruye al menos 15 glaciares de roca. Esa es minera Los Pelambres del grupo Luksic y el pueblo de Caimanes lo sabe, ahora falta que todos tomemos conciencia de ello, especialmente nuestras autoridades sanitarias y ambientales y se animen a rechazar o a fiscalizar y sancionar proyectos como este.