Ingresa iniciativa para exigir evaluación de impacto ambiental al traslado de minerales

La norma, presentada por diputados de diversas bancadas, modifica la Ley sobre bases generales del Medio Ambiente, para establecer la obligatoriedad de realizar estudios de impacto a toda actividad minera, incluido el traslado y acopio de minerales. Fuente: Cámara 25 junio 2015.

Los diputados Marcos Espinosa (PRSD), Carlos Abel Jarpa (PRSD), Luis Lemus (PS), Fernando Meza (PRSD), Daniel Núñez (PC), José Pérez (PRSD), Alberto Robles (PRSD), y las diputadas Cristina Girardi (PPD), Marcela Hernando (PRSD) y Yasna Provoste (DC), presentaron una moción para modificar la ley N° 19.300 de Bases generales del medio ambiente, para regular la realización de estudios de impacto ambiental en la actividad minera.

En primer término, el proyecto incorpora dentro de las actividades susceptibles de causar daño ambiental el transporte, recepción, acopio y embarque de minerales. Además, establece que todas las actividades mineras contempladas en la ley, como los proyectos de desarrollo minero, incluidas prospecciones, explotaciones, plantas procesadoras, traslado, acopio y disposición de residuos, así como la extracción industrial de áridos, turba o greda, deberán someterse los estudios de impacto ambiental.

Los autores del proyecto enfatizan que la Constitución Política establece la obligación del Estado de proteger el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, derecho que está regulado, asimismo, en la ley N° 19.300 que establece las Bases Generales del Medio Ambiente.

Agregan que la contaminación ambiental tiene varios focos, entre ellos, la contaminación por hidrocarburos tras casos de derrame en las costas o la contaminación por metales pesados, como los que se han registrado en Arica y Antofagasta.

En el caso de esta última ciudad, los estudios han verificado que el origen de la contaminación está, entre otros motivos, en el transporte diario y posterior recepción, acopio y embarque de concentrados de cobre en la ciudad.

Por ello, aseguran los legisladores, es posible sostener que la actividad minera, y particularmente el traslado, recepción, acopio y embarque de concentrado de cobre, generan riesgo para la salud pública y que es susceptible de causar impacto ambiental, por lo que es necesaria su inclusión en el Sistema de Evaluación Ambiental.

El texto propuesto (boletín 10108) fue remitido a la Comisión de Medio Ambiente para su revisión.