Declaración de la Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales (ACCIÓN), de la cual es miembro Fundación Terram, sobre el actual proceso constituyente de reforma a la Constitución Política, que lleva a cabo el gobierno. Fuente: ACCIÓN, 4 de abril, 2016.
ACCIÓN sobre Proceso Constituyente: “Es claramente insuficiente”
El Proceso Constituyente impulsado por el Gobierno de Chile para generar una nueva Carta Magna, es claramente insuficiente, pues no entrega garantías respecto de lo que actualmente la ciudadanía global entiende como participación ciudadana efectiva, y se trata de un proceso que corre el serio riesgo de transformarse en un ensayo sin un destino claro que satisfaga la real demanda ciudadana por un nuevo marco normativo democrático para nuestro país. Además, omite que esta ha sido una de las principales demandas que ha levantado la sociedad civil desde hace años.
Responsablemente se ha analizado el transcurso del Proceso Constituyente; documentos, reuniones, sesiones del Consejo de Observadores, entre otros dispositivos de análisis, y a partir de ellos ACCIÓN señala lo siguiente:
1.- Un Proceso Constituyente es un itinerario que tiene como finalidad un cambio constitucional. Lo que se ha puesto en marcha en nuestro país no es un “Proceso Constituyente” propiamente tal, sino la apertura de un momentum político de participación ciudadana bajo una dinámica consultiva sobre contenidos constitucionales.
2.- No hay un reconocimiento explícito de la amplia y extensa experiencia participativa que tienen las Organizaciones de la Sociedad Civil en Chile, acumulada durante parte del siglo XX y lo que va recorrido del actual. Del mismo modo, durante estos años la estructura institucional del Estado de Chile no ha creado mecanismos, instrumentos ni experiencias de real participación ciudadana que supere aquellos meramente informativos o consultivos. Al contrario, esto ha sido muchas veces obstaculizado por falta de voluntad política o simple temor de las voces ciudadanas, y lo avanzado en esta materia ha sido gracias a lo demandado y exigido por la sociedad civil organizada.
3.- La ciudadanía no tiene certidumbres ni garantías respecto del carácter democrático y representativo de la sistematización de los contenidos que darán cuerpo al documento dado el carácter no vinculante que tendrá su participación, como tampoco hay garantías respecto de la formulación, uso y finalidad del documento “Bases Ciudadanas” que propondrá la Presidenta de la República al Parlamento una vez terminado el proceso ciudadano. En consecuencia, se requiere contar con altos niveles de certeza en función de cuál es la real promesa de participación ciudadana y cuál el destino de sus productos y resultados como un requerimiento mínimo de este Proceso Constituyente.
4-. Como se trata de un ejercicio ciudadano a nivel país, no es posible renunciar a un debate sobre los mecanismos de cambio constitucional. Por ello, para ACCIÓN es fundamental que se considere su discusión como elemento sustantivo del debate durante el Proceso Constituyente.
5-. Se ve con preocupación la ausencia de insumos relacionados con los tratados y convenios internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile y que deben ser fundamento de la elaboración de una Constitución. Su ausencia es un evidente retroceso, lo cual resulta inaceptable como país miembro de una comunidad internacional.
En ese sentido, el marco de deliberación de los Encuentros Locales debiese estar fundamentado en el “enfoque de derechos” que por años la sociedad civil ha fomentado y demandado, reconociendo sus principios fundamentales, a saber: universalidad, participación, indivisibilidad y responsabilidad. Asimismo, resulta preocupante para ACCIÓN que se convoque a la ciudadanía a un proceso para crear la nueva Constitución del país, donde se pide priorizar cuál o cuáles derechos humanos son más importantes que otros.
6-. Para ACCIÓN es de suma importancia entablar la discusión respecto de la arquitectura institucional sobre la distribución y organización del poder. En ese sentido, la omisión de la opinión de la sociedad civil respecto a los mecanismos institucionales de participación ciudadana que pueden tener status constitucional, debilita el debate respecto de la organización del poder efectivo y donde las organizaciones sociales tienen un rol que cumplir.
7-. ACCIÓN considera que es un error apostar por una campaña comunicacional que pretende informar del Proceso Constituyente, que “infantiliza” a la ciudadanía por medio del uso de caricaturas y frases que hacen alusión a contextos exógenos. Esto, despolitiza el debate que se pretende promover a nivel país y, ciertamente, no informa del proceso, y desperfila un proceso histórico para nuestra vida democrática. Los esfuerzos en esta fase debieran estar en la promoción de la participación ciudadana y no en la educación de la población. Pues, la ciudadanía sí tiene significativa experiencia respecto de los asuntos públicos (locales y nacionales) que le han permitido acumular aprendizajes valiosos y, por tanto, es capaz de comprender este proceso y hacer propuestas en una discusión de alta política.
8-. El proceso de escalonamiento implica un itinerario de fases en el tiempo de forma ordenada y sucesiva, pero no necesariamente implica una orientación hacia la “centralización del debate” propio de la estrategia piramidal. Visto así, parece más bien un mecanismo de control del debate que se desarrollará a nivel local. Esto podría afectar negativamente la riqueza de contenidos que puedan surgir desde la ciudadanía. La experiencia internacional en materia de democracia participativa provee de abundantes metodologías que depositan la confianza de la representación y la síntesis de las agendas en los propios ciudadanos y los técnicos apoyan y fomentan esta “expresión participativa”. La propuesta crea una ficción de amplitud, pero finalmente corre el serio riesgo de provocar una acción de “compresión del debate”.
Así como está articulado, el proceso de consulta ciudadana, no se inscribe en una voluntad clara por generar sintonías de mayor aliento con la ciudadanía. Este parece ser un proceso de “apertura y cierre”, no dispuesto a generar procesos sociales tendientes a favorecer mejores niveles de inclusión. Bajo este contexto, se corre el riesgo de instrumentalizar la voz de la ciudadanía en pos de la legitimación de las decisiones del sistema político institucional tendiente a cambiar una Carta Magna, pero no así sus contenidos en forma sustantiva.
Francis Valverde, Presidenta ACCIÓN ONG.
Miguel Santibáñez, director Ejecutivo ACCIÓN ONG.
Jorge Tapia, Director ACCIÓN ONG.