Biobío: DGA potenciará fiscalización de uso de derechos de agua

En la Región del Biobío, hay 5.951 tenedores de derechos de aguas subterráneas. De ese número 116 superaron los 50 lt/seg y son en los que la Dirección General de Aguas (DGA)han puesto el foco, lanzando un plan de fiscalización más estricto que, por ahora está en fase de difusión, según precisó el jefe nacional de Fiscalización del organismo, Marco Soto.

Explica que impulsar el control de extracciones en una primera etapa de aguas subterráneas, es una prioridad de este gobierno. Se ha instruido a todos los usuarios que tienen derechos de agua y que en un momento se les pidió instalar algún sistema de control de extracciones para saber cuánta agua estaban extrayendo. Ahora se uniformó a nivel nacional los tipos de medidores que deben tener, la forma de instalación y la información que tienen que entregar al servicio, de tal manera de poder saber cuanta agua se está extrayendo y de forma ordenada nosotros irla almacenado y gestionando, detalla.

-¿Con qué fin?

-Hay un fin que tiene que ver netamente con fiscalización; que es poder controlar que los usuarios solo extraigan hasta el caudal que tienen autorizado. Es decir, si un derecho de agua le da la posibilidad de extraer 20 lt/seg que no sobrepase ese caudal, ya que si lo hace comete una infracción que debemos sancionar. Por otro lado, tiene un rol de información, de saber realmente cómo se están comportando los acuíferos de manera de poder cuidarlos, saber que se están manteniendo a nivel aceptable para que sean sustentables en el tiempo.

-¿Quiénes son los principales destinatarios de estas fiscalizaciones?

-En la Región hay usuarios de todo tipo, desde empresas agrícolas, sanitarias e industrias. El 80% del uso es con fines agrícolas y por la cuantía de los derechos que están asociados, son agricultores de mediano hacia arriba. La idea de este programa es ordenar la información porque había datos muy dispersos a nivel país de extracciones. Paralelamente, generamos un software que será de uso de los titulares de los derechos, dónde ellos van a tener que ingresar la información de sus extracciones con una contraseña que le vamos a dar. Esto permitirá tener la información de las extracciones de cada uno.

-¿Y cómo lo hace el mediano o pequeño agricultor para operar con un software?

-Bueno, por eso es que en esta primera etapa estamos enfocados a los medianos y grandes usuarios, de tal manera que echar a andar esto para ellos no sea tanto problema, porque tienen los medios y va a ser más fácil poder acceder a la página web y subir los datos. En una segunda etapa, cuando queramos incorporar a los usuarios más pequeños obviamente que vamos a tener que a otros aliados que nos ayuden a poder hacer más amigable el tema con los usuarios pequeños, ya sea con Indap , u otros.

-¿Cuáles son los plazos de esta primera etapa?

-En el caso de la Región del Biobío son pocos y tienen hasta el 31 de marzo para presentar una declaración jurada, donde confirmen que tienen instalado el medidor. Pero la dirección regional va a dictar una o más resoluciones en los próximos meses donde se les va a ordenar a aquellos tenedores de derechos ya constituidos, medianos o grandes, que instalen sus medidores, con algún plazo adicional y entregar la información. La idea es que el usuario se empiece a adelantar en esta materia y sepa lo que tienen que instalar, a través de la página web.

– ¿Hay personas naturales o jurídicas que teniendo derechos no los usan. Ahí qué es lo que se está haciendo?

-Quienes cuentan con derechos asignados y no los estén usuando pueden ser sujetos de multas, en este caso cobro de patente por no uso y formaría parte de este mismo seguimiento. El tope del derecho a extracción está asociado a un factor de uso; si es con fines de riego tiene un factor, porque se supone que el uso de las bombas de 12 hr/día, si es con fines industriales podrías ser por un bombeo constante. Es decir, va a asociados a un factor productivo por el que está hecha la solicitud. Por eso es importante no pasarse del caudal instantáneo y del volumen asignado.

-¿No significa que, de acuerdo a esta nueva norma de fiscalización, los tenedores de derechos vayan a perderlos?

-Ese es un tema que está hoy en la discusión de la reforma al Código de Aguas. Pero efectivamente aquellos derechos que no se usan por gran cantidad de años pueden ser caducados, es un tema en discusión. Por el momento, aquellas personas que no los usan hoy deben pagar una patente por no uso que se publica en un listado los 15 de enero de cada año. Hay plazo hasta el 31 de marzo para pagarlas en la tesorería.

DESTINO DE LOS FONDOS

El cobro a nivel país este año por este concepto son unos $8.458 millones, que suman todos los derechos que no estaban en uso. El 65% de esos fondos van al Fondo de Desarrollo Regional, un 20% al municipio donde están radicados esos derechos y el resto a beneficio fiscal.

Marcelo Soto, explicó no obstante que la patente por no uso está más asociada a la obra, es decir, lo que le exige la ley es que el usuario tiene que tener una obra de captación, con su bomba etc. Por ejemplo, una persona tiene 60 lt/seg, la DGA va a su captación y está captando 40 lt/seg, está sacando menos que su derecho, pero no es que se le cobre una patente por la diferencia.

En este sentido, llamó a los usuarios a no alarmarse, por el hecho de tener que informar la real extracción, lo que les significaría el cobro de una patente por la digerencia. Lo que buscamos es tener el dato real de las extracciones.

Personero explica que impulsar el control de extracciones, en una primera etapa, de aguas subterráneas, es una prioridad de este gobierno.

Carmen Gloria Sandoval