Restricción vehicular: postergación y falta de ley abren opción de cambiar medida en 2018

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En la estrategia de descontaminación 2014-2018, el plan antiesmog para Santiago estaba programado para debutar en junio de 2016. Con ese horizonte, en noviembre de 2014 el Gobierno decretó a Santiago zona saturada por material particulado fino (MP 2,5) y comenzó a trabajar la estrategia, que ya había postergado el gobierno anterior.

Sin embargo, recién el 7 de diciembre pasado se ingresó el decreto para la toma de razón de la Contraloría, y ya desde entonces, muchos dudaban que el plan alcanzara a debutar el 1 de mayo, debido a que revisiones de este tipo toman al menos ocho meses en promedio.

Pero las autoridades insistieron en comprometer la fecha de entrada en vigencia del plan.

Ahora que se conoció la decisión del Gobierno de no implementar medidas de amplio alcance del plan este año, debido a que aún la Contraloría no toma razón del decreto, muchos dudan de que el régimen de 130 acciones sea implementado por el próximo gobierno, sobre todo si se produce un cambio de signo político.

Esto, debido al sustento legal del instrumento, que se basa en un decreto y no en una ley.

Fuentes del gobierno señalan que, precisamente, esa “debilidad” fue advertida por la Contraloría y eso influyó en el retraso de las revisiones. “Esto ya había sido criticado por el Tribunal Constitucional en el anterior plan de 1997. Entonces, era posible que las medidas hubiesen sido frenadas por requerimientos ante el TC que habrían sido acogidos”, explican.

Esta situación también abre una opción de acatar o desechar el plan de descontaminación por parte del próximo gobierno.

Frente a esta posibilidad, el ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, dijo que “la obligación de todo gobierno es cumplir las normativas ambientales, y para derogarla o no aplicarla se tendría que demostrar que con medidas distintas se puede cumplir el objetivo. Este plan está diseñado para cumplir la norma exigente para MP 2,5”.

Añadió que el proyecto se hace cargo de las fuentes móviles, “un sector que aporta casi la mitad de la contaminación (…). Por lo tanto, sin duda, cualquier tipo de plan de descontaminación debe considerar medidas estructurales para limpiar el parque vehicular, y el sistema de restricción vehicular permanente, claramente, es el de mayor costo efectivo que he visto hasta ahora”.

Para el ex subsecretario del Medio Ambiente Rodrigo Benítez, modificar el plan es complejo. “Tiene el mismo proceso que un programa nuevo y puede demorar años, como el actual, que empezó en noviembre de 2014 y aún no ve la luz”.

En su opinión, una medida que apunte a las fuentes móviles debe cambiar los incentivos. “Hoy están mal puestos. Sobre la restricción propuesta, a diferencia de la experiencia anterior, donde se justificaba en un elemento adicional como el convertidor catalítico, no veo cuál es la diferencia entre un auto de agosto de 2011 y otro de septiembre del mismo año. Cada medida debe tener una justificación técnica clara, ya que de lo contrario, podría reclamarse ante el tribunal ambiental, con las complejidades que eso tiene”.

Su sucesor en el cargo durante el gobierno pasado, Ricardo Irarrázaval, coincide. “Hubo falta de criterio en las medidas. Faltaron una discusión y un control de legalidad -que presumo fueron detectados por la Contraloría- para poder justificar una medida arbitraria como la restricción. Es más efectivo calificar de acuerdo a la norma Euro a los distintos vehículos. Se debería incorporar un instrumento de gestión ambiental relacionado con la certificación”, afirma.

Foco en el diésel

El especialista en contaminación atmosférica de la UC Luis Cifuentes dice que una medida igualmente masiva como la restricción a 1,1 millones de autos se puede lograr si se pone el foco en el diésel, además de crear un nuevo sello distintivo que facilite la fiscalización.

“Es una mala medida poner el año de venta como un criterio para identificar las emisiones. Es como si se restringiera a los autos por color. Si se usa una medida imperfecta como esta, se produce un problema de inequidad, porque hay autos que contaminan menos que otros que van a quedar exentos. Por ejemplo, un diésel 2016 puede emitir el doble que un gasolinero de 2016. Esto debe estar enfocado en autos que generan las mayores emisiones”.

Intendente metropolitano, Claudio Orrego: “Medio Ambiente tiene la vocería”

Aunque cada invierno lidera la gestión de episodios críticos de contaminación y encabezó el lanzamiento del plan “Santiago Respira”, ayer el intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, prefirió no referirse a los efectos de la postergación del plan. “El Ministerio de Medio Ambiente va a tener la vocería en esta materia. Nosotros como intendencia no aprobamos nada. Tenemos que aplicar la norma vigente. En otras materias y polémicas se va a referir el ministro”, señaló, pese a la insistencia de la prensa.

De todas formas, Orrego confirmó lo adelantado por “El Mercurio”: dijo que en este invierno regirán las medidas aplicadas el año pasado en episodios críticos, como la restricción vehicular en casos de preemergencia y emergencia, además de la prohibición de la leña en el invierno. “Cuando exista un nuevo plan vigente, lo vamos a implementar”, afirmó.

Conductores adelantaron innecesariamente la compra de vehículos

Carlos Eguiguren 43 años, La Pintana

Decidió renovar su vehículo porque trabaja en transportes y no puede permitirse días de restricción. Para eso compró un Chery Arrizo 5 año 2017, vehículo de $12 millones que deberá pagar por los siguientes 48 meses.

“Podría estar ocupando mi auto antiguo para seguir trabajando y no haberme ‘encalillado'”, sentencia Eguigurren, quien actualmente hace horas extras para costear su nuevo vehículo.

Mafalda Lainez
56, Maipú

No pensaba comprar un automóvil nuevo hasta septiembre u octubre de este año. Sin embargo, la restricción para vehículos catalíticos empujó a su familia a adelantar varios meses la compra.

“Lo encuentro atroz (el retraso del proyecto). Pienso en toda la gente que no puede cambiarlo ahora, pero nosotros tuvimos que hacerlo porque mi esposo iba a necesitarlo en su trabajo”, comenta Lainez.

Para eso reemplazaron su Peugeot 301 por un Hyundai Tucson, cuyo precio (14 millones de pesos) debieron pagar al contado. El gasto terminó siendo innecesario: el Gobierno retrasó la medida días después de firmar el contrato por el vehículo.

Soras Watson 56, Peñalolén

Es ejecutiva de ventas y su auto es indispensable para su trabajo. La normativa para catalíticos la impulsó a comprar un Toyota Rav 4 de este año, incluso si todavía no vendía su Huyndai Sonata de 2011.

“Tengo que venderlo porque uno sigue teniendo deudas y las cosas se van juntando. Necesito el dinero que está invertido en ese auto”, dice Watson al respecto, molesta con el retraso de la medida.

Recambio
Según los estudios oficiales, el plan generaría un recambio de 270 mil autos pre 2012 en cuatro años.

“Es preocupante que se posterguen un año más las medidas enfocadas al MP 2,5 que logren disminuir los niveles”.

PATRICIO PÉREZ Experto en contaminación USACh

“El problema es que muchos de los diésel, que contaminan más, son transporte de carga que mueven la economía”.

HÉCTOR JORQUERA Especialista UC

“La ciudad requiere reducir el material particulado fino, porque los niveles actuales están sobre la norma y son dañinos para la salud”.

ERNESTO GRAMSCH Académico USACh