Monsanto culpable de “ecocidio”: la sentencia de un Tribunal Internacional avala las denuncias e investigaciones argentinas
Millonario proyecto de optimización de su planta de selección de semillas y de producción de maíz biotecnológico en Paine está a punto ser aprobado. Expertos de distintos países conformaron un tribunal civil que se encargó de evaluar las denuncias mundiales contra la multinacional transgénica con datos concretos y legislación internacional. Fuente: Lavaca.org, 19 de abril de 2017.
Más sobre Proyecto de optimización de planta de selección de semillas y de producción de maíz biotecnológico de Monsanto en Paine aquí
Según la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la firma, la optimización será en las mismas dependencias de su actual producción en el kilómetro 41,5 de la Longitudinal Sur y proyecta una vida útil de 30 años. El proyecto fue enviado a tramitación en abril de 2016 y la semana pasada, el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana emitió un documento donde asegura que cumple con todos los requisitos legales. Ahora sólo resta su aprobación por parte de la comisión regional encabezada por el intendente Claudio Orrego.
El resultado es una sentencia que encuentra a Monsanto – ahora en manos de Bayer- responsable de violar derechos en salud, ambiente y propiedad, y de entorpecer la libre investigación científica de estos temas. “El Tribunal nos da la razón después de años de lucha”, dice Vanesa Sartori, una de las vecinas de Malvinas Argentinas que logró echar a Monsanto. “No cualquiera tiene el privilegio de tener enemigos en todo el mundo”, remata sobre este aval mundial. La sentencia completa y las voces de los protagonistas.
“Las acciones de Monsanto se pueden considerar ecocidio: están causando daño considerable al daño ambiente del que mucha gente vive”. Las palabras finales de Steven Shrybman, uno de los jueces del Tribunal Internacional de La Haya por el caso Monsanto, cerraron las dos horas de lectura de una sentencia que encontró a Monsanto culpable deviolaciones de derechos en salud, ambiente y propiedad, y de entorpecer la libre investigación científica en estos temas.
La sentencia llega tras el juicio que transcurrió en octubre de 2016, cuando el Tribunal Internacional de La Haya Monsanto escuchó las denuncias de 30 testigos de todo el mundo y se comprometió a “evaluar los hechos que se recriminan a la empresa Monsanto y juzgar los daños causados por la multinacional en virtud del derecho internacional vigente”. El Tribunal Monsanto es una iniciativa civil desarrollada por Marie-Monique Robin y Vandana Shiva, entre otras referencias mundiales para evaluar la responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos, crímenes contra la humanidad y ecocidio.
La investigación del Tribunal concluyó hoy en que Monsanto incurre en distintas prácticas y maniobras que afectan la salud y el medioambiente, y para probarlo se basó en legislación internacional: “Este Tribunal se apoya en el estatuto de Roma, donde dice que la intención y el conocimiento se han de tomar en cuenta intencionalmente. Este tribunal observa que no hay un obstáculo para que una corporación sea considerada responsable”. Presidido por Francoise Tulkens, de Bélgica, exvicepresidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el tribunal Internacional planteó la necesidad de “introducir la figura de ecocidio” a la jurisprudencia internacional y que las personas legales “puedan ser responsables en este tipo de delitos y hacer responsables a los gerentes de las empresas”.
En ese sentido, la sentencia que se dio a conocer hoy contesta las preguntas formuladas al Tribunal en forma de “opinión legal respecto tanto a la ley ambiental existente como a una ley prospectiva para mejorar la legislación internacional de derechos humanos y ambiental”, según palabras de la propia sentencia. En la misma, el tribunal concluye que:
- “Monsanto se ha involucrado en prácticas que han impactado de forma negativa el derecho a un medioambiente sano”.
- “Monsanto se ha involucrado en prácticas que tienen un impacto negativo en el derecho a la alimentación”
- “La soberanía alimentaria también es afectada y resalta los casos en los cuales la contaminación genética de los campos forzó a agricultores a pagar regalías a Monsanto o hasta abandonar sus cultivos no-OGM debido a esta contaminación”
- “La conducta de Monsanto afecta de forma negativa el derecho a la libertad indispensable para la investigación científica”.
- “Que la legislación internacional debería determinar ahora de forma precisa y clara la protección del medioambiente y el crimen de ecocidio” y que “hay un riesgo importante de una brecha creciente entre legislación internacional de derechos humanos y ambientales y legislación internacional de comercio e inversión”.
Durante la jornada de ayer los jueces no sólo leyeron el documento sino que ensayaron discursos contundentes que ampliaron las implicancias de cada conclusión. Entre el juzgado internacional se encontraba también la mendocina Eleonora Lamm, licenciada en Derecho por la Universidad de Cuyo y doctorada en Derecho por la Universidad de Barcelona. Lamm dijo en su alegato que “mucha gente está viviendo con la toxicidad del glifosato” y citó las investigaciones argentinas que lo asocian con cánceres como el linfocitos no Hodkin.
Otro de los jueces, Steven Shrybman, se refirió al punto de la obstaculización de la libre investigación científica: “Necesitamos tener la oportunidad de conseguir y de buscar los datos necesarios para hacer una investigación propicia. No puede ser que las compañías sean las que nos ofrecen la información”, dijo. “Muchos científicos que han tenido problemas por haber publicado pruebas contra Monsanto. Los científicos han tenido que tomar medidas de seguridad”. De este lado del streamming, alguien en el Congreso recordó el nombre de Andrés Carrasco.
Sobre la figura de ecocidio, el Tribunal planteó que “se debe considerar un crimen atentar contra el medioambiente”, que se pueden considerar crímenes contra la humanidad el estar afectando el medioambiente” que “se pueden considerar las corporaciones como responsables perpetradoras de estos crímenes”.
La belga Tulkens, jueza del Tribunal, concluyó: “Monsanto está dañando a comunidades agrícolas y también urbanas. Hay que dar prioridad a los derechos de la gente sobre los derechos corporativos”.
“Nos da la razón”
El Salón Illia del Senado argentino transmitió en vivo y en directo vía pantalla gigante la lectura de la sentencia del Tribunal Internacional de La Haya por el caso Monsanto. Entre los concurrentes al Congreso se encontraban el doctor Damián Verzeñassi (director del Instituto de Salud Socioambiental y responsable de la Práctica Final de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario) y Myriam Gorban (motor de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA y una de las máximas expertas en Nutrición). Verzeñassi fue uno de los 30 testigos que declararon en noviembre de 2016 frente al Tribunal: fue el único médico latinoamericano convocado. Por su parte, Gorban fue una de las especialistas que realizó en paralelo a las audiencias la Asamblea de los Pueblos, un espacio donde referentes del todo el mundo discutirán diferentes estrategias para contrarrestar los problemas causados por el modelo transgénicos.
Gorban dice a lavaca: “Llegar a estas instancias de un tribunal internacional se logra a través de la lucha de los pueblos, de sus organizaciones sociales y del aporte de los científicos que han ido aclarando y mostrando la realidad de la situación”. Y lo vincula con las últimas noticias ambientales: “Solamente al ver las catástrofes climáticas como las inundaciones nos damos cuenta que no es obra de la naturaleza, sino producto de un modelo productivo salvaje que hay detrás”.
Myriam señala los cuatro ejes más importantes que plantea el fallo: la violación del derecho a la alimentación, a salud, medioambiente y a la propiedad, y el derecho a la investigación libre. “Yo creo que nos da la razón después de 20 años de lucha. Avala el seguir profundizando en este camino e ir buscando un camino de transición para encontrar un modelo productivo, de agroecología, que nos beneficie”.
¿Cómo se hace para pasar de esta instancia civil a una que tenga implicancia legal concreta? Gorban: “Los tiempos de la justicia son muy largos, mientras esto se produce habría que aplicar el principio precautorio. Mientras duren los juicios que ya existen sobre los agrotóxicos, hasta que lleguen las sentencias finales, habría que tener medidas a favor del pueblo. Este juicio lo demuestra”.
Sentencia a la vida
Por su parte, el doctor Damián Verzeñassi destaca, en primer lugar, la importancia del Tribunal. “Nació convocado y organizado desde los movimientos sociales, que sigue la misma lógica de organización de los que juzgaron a Estados Unidos por sus crímenes en Vietnam y del Tribunal Permanente de los Pueblos que sigue las violaciones a los derechos humanos a nivel internacional. Además, hay que destacar que siguió todas las normas y procedimientos propios de la Corte Penal de La Haya: permitió construir un corpus jurídico que sienta un precedente importante”.
-¿Por ejemplo?
-Que un Tribunal integrado por jueces expertos digan que se ha producido un proceso sistemático de vulneración científica y que hayan logrado demostrar cómo operaron, es algo nunca visto: es muy fuerte que los jueces digan en voz alta que tanto gobiernos como corporaciones son cómplices del delito de ecocidio. Fueron contundentes no sólo en exigir que esa tipificación sea incorporada al Estatuto de Roma sino en plantear que debería habilitarse el sistema jurídico para juzgar a las corporaciones. El proceso fue ejemplar: los jueces reconocieron la veracidad de las pruebas y de los testimonios aportados en el juicio. Para nosotros, que una semana después de haber testificado en el Tribunal un ministro nos dijo que nuestro trabajo era “endeble” y un decano dijo que no éramos investigadores, es un reconocimiento a nuestro trabajo. Y no sólo al nuestro: que un Tribunal internacional reconozca la veracidad de las denuncias al cierre del dictamen también es un reconocimiento del trabajo de todos los que a nivel internacional estamos generando saberes y construyendo niveles de conocimiento para defender la vida. Estos fallos fortalecen la lucha y, al mismo tiempo, nos demuestran que es necesario que las personas de carne y hueso que están en los Gobiernos empiecen a hacerse cargo de sus responsabilidades.
Sí se puede
Malvinas Argentinas, Córdoba, se convirtió en una suerte de epicentro mundial de la lucha contra la multinacional Monsanto: en agosto del 2016 confirmaron el triunfo de una lucha que soportó represiones, acampes y operaciones al anunciar que la corporación abandonaba la instalación de una planta procesadora de semillas transgénicas. “La sentencia es importante”, dice a lavaca Vanesa Sartori, concejala e integrante de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida. “No cualquiera tiene el privilegio de tener enemigos en todo el mundo. Eso habla del daño que ha provocado a lo largo y ancho del planeta. Es una cadena de destrucción y muerte con diferentes eslabones en distintos países. Más allá de que no tenga peso jurídico legal, es importante la cuestión simbólica de empezar a hablar de estas cuestiones para dejar en claro que no somos locos como nos quieren hacer creer, sino que somos muchos los que sufrimos las consecuencias de Monsanto”.
Verzeñassi agrega en el mismo sentido: “Lo simbólico es importante. Lo simbólico va construyendo realidad”.
Sartori subraya algo no definido por el Tribunal, referido a que la peor parte de esas consecuencias se las han llevado niños y niñas. “Incluso los que todavía no han nacido. No nos olvidamos que este tipo de agroquímicos se llevan en la sangre, a través de la leche materna. Sabemos que hay futuras generaciones de niños que van a sufrir consecuencias en el futuro: la doctora Delia Aiassa de la Universidad de Río Cuarto habla de la genotoxicidad de los agroquímicos, es decir, que afecta el ADN”, dice avalándose en otra de las investigaciones argentinas.
¿Qué es lo queda? “Ahora hay que pasar al ámbito penal, civil y comercial, y seguir investigando. Esto es escandaloso: todos los pueblos vienen denunciando este modelo para que los científicos se animen de una vez por todas a investigar. Contextualizando con lo que pasó en Malvinas, vamos sumando elementos que avalan que sí se puede, que sí vale la pena y que nunca está dicha la última palabra. Yo creo que si Carrasco estuviera vivo estaría festejando”.