Reforma al Código de Aguas fue despachada por la Comisión especial del Senado

Entre los últimos temas aprobados en la Comisión Especial de Recursos Hídricos se encuentran las normas de caudal ecológico. La coordinación entre la Dirección General de Aguas y el Ministerio de Medio Ambiente se juntan para la mejor protección de la misma, declarada bajo protección oficial de la biodiversidad. Es por esto que el secretario regional Ministerial de Obras Públicas, Marcio ViIlouta Alvarado, informó la votación de la Comisión Especial de Recursos Hídricos del Senado, quienes terminaron eligiendo las indicaciones presentadas por el ejecutivo y parlamentarios al proyecto de “ley que reforma el Código de Aguas”, y que promueve una gestión equilibrada para el consumo humano, sanea miento y subsistencia con el uso productivo y la preservación ecosistémica. Ahora será vista en la Comisión de Agricultura del Senado.

“La reforma al Código de Aguas avanza en dos sentidos, con la aprobación de las indicaciones en la Comisión Especial de Recursos Hidricos a la reforma que intensifica el agua como bien nacional de uso público y la pronta votación en la sala del Senado de la reforma que establece mayores atribuciones a la DGA en información, fiscalización y sanción”, explicó Carlos Estévez, Director General de Aguas del MOP. Por otra parte, se diferencia el ajuste del traslado de un derecho de aguas, creándose un procedimiento simplificado para el primer caso para ajustar los puntos georreferenciados del derecho a las obras una vez concluidas, en la medida que ello no menoscabe el derecho de terceros.

Para culminar, se aprobaron todos los artículos transitorios, donde se acordó por unanimidad que los derechos de aprovechamiento vigentes mantendrán su carácter de indefinidos en el tiempo. Agregándose, con cuatro votos a favor y uno en contra, que los “dueños o titulares de dichos derechos quedarán sujetos a todas las demás disposiciones del Código de Aguas”.

Asimismo, se incluyó una excepción para los pueblos originarios, a quienes no les aplicará el plazo de 5 años estipulados para regularizar derechos históricos. “Esto significa que los indígenas y comunidades indígenas no tendrán plazo para regularizar sus usos ancestrales”, finalizó Estévez.