Comenzó juicio en Suecia por grave contaminación en Arica

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Débora Arancibia recuerda que cuando llegó a principios de los 90 a conocer lo que sería su nuevo hogar en el sector Los Industriales en Arica, se encontró con una cocina, un baño y una pieza mínimas, en un entorno plagado de cráteres y basura. Algo así como una superficie lunar convertida en vertedero.

Débora y sus vecinos retiraron la basura y comenzaron a emparejar el terreno trayendo escombros en carretilla desde un lugar ubicado muy cerca de allí conocido como el Sector F. ‘Era tierra de un color medio sospechoso, pero nosotros no teníamos idea cómo había llegado allí’, cuenta.

Dos años después, Débora tuvo un hijo a quien antes de nacer le habían diagnosticado hidrocefalia y malformaciones en su columna y pulmones. En ese entonces los médicos le habían dicho que su condición se debía simplemente al destino, pero a partir de 1996 comenzaron a salir a la luz una serie de denuncias que apuntaban a una empresa dedicada al tratamiento de residuos industriales llamada Promell y que había dejado abandonadas más de 20.000 toneladas de desechos con alto contenido de plomo, arsénico y mercurio en un sector de la ciudad. Ese sector no era otro que el Sector F.

Débora conoció un sinfín de casos similares al suyo, no sólo en Los Industriales, sino también en las poblaciones Cerro Chuño y Sica Sica. Todos contaban más o menos lo mismo: muchas malformaciones congénitas, mucho cáncer de pulmón y de mama, problemas a los huesos y a las articulaciones, cefaleas crónicas, en fin.

‘Mi hijo, que nació desahuciado, vivió hasta los 12 años con una muy mala calidad de vida’, dice Débora. ‘Además, mi padre y dos tíos murieron de cáncer al pulmón. Historias así hay por cientos. Esto nos sigue afectando hasta el día de hoy’.

Luego de casi una década de litigio, el 2007 la Corte Suprema condenó a la empresa Promell y al fisco a pagar una indemnización de $8 millones a cada una de las 354 víctimas que presentaron una demanda por el daño ocasionado por los metales pesados. Al fisco, porque el Minvu construyó una población en un lugar altamente contaminado y a Promell, por no tratar debidamente los desechos.

En el juicio se comprobó que en 1984 Promell le había comprado estas 20.000 toneladas de desechos a la minera sueca Boliden, quien las trasladó en barco hasta Arica. Se suponía que Promell, que tras el juicio fue declarada en quiebra, rescataría aquello que pudiera venderse de los desechos, pero no hizo tratamiento alguno. A nadie se le ocurrió incluir en el paquete de demandados a Boliden.

El 2013, sin embargo, 707 ariqueños presentaron una nueva demanda indemnizatoria, pero esta vez ante los tribunales suecos por una suma de 100 millones de coronas suecas (unos $7.623 millones) contra la minera Boliden. Como explica Rodrigo Pérez, de la ONG Fima, organismo que está coordinando desde Chile la acusación, ‘Boliden sabía perfectamente que Promell no tenía ni la capacidad de tratar estos residuos tóxicos y ni siquiera los permisos para recibirla’. ‘En definitiva, vinieron a Chile lisa y llanamente a deshacerse de su basura tóxica’.

Pérez dice que en los próximos días debiera comenzar a entregarse el testimonio de las víctimas, ‘que siguen teniendo, hasta el día de hoy, altas concentraciones de arsénico’.

Como es el caso de Patricia Aguirre. Hace 25 años Patricia tuvo a un hijo que nació con hidrocefalia y malformación en la columna. ‘No puede caminar, no puede hablar, tiene el cuerpecito lleno de tumores, creció toda su vida con dolores en los huesos, y tiene alojada una bacteria en los riñones que es intratable’, cuenta. ‘Hace dos años le hicieron un examen y tiene altos niveles de arsénico, tanto en los huesos como en la sangre. Y estoy yo también, con depresión durante todo este tiempo y con crisis de pánico y angustia. La contaminación del Sector F ha destruido nuestra vida. Y la sigue destruyendo’.

Juan Morales