Los Ministros del Tribunal Ambiental que asumen su labor en la complicada zona minera

El pasado 3 de julio Daniel Guevara, Mauricio Oviedo y Marcelo Hernández juraron ante la Corte Suprema para guiar los destinos de esta nueva entidad. En conversación con El Día hablan sobre los desafíos que reviste y las funciones que deberán desempeñar

Existía expectación sobre su conformación debido a que se estimaba que una de sus primeras causas la constituiría el proyecto minero-portuario Dominga. Indican que hasta ahora ‘sería una de las posibilidades’

El año 2010 partió el rediseño de la institucionalidad ambiental de nuestro país, que se inició con la promulgación de la Ley 20.417, que dio origen al Ministerio del Medio Ambiente (MMA), el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

Con posterioridad, en junio de 2012, se promulgó además la Ley 20.600 que creó los Tribunales Ambientales, que son órganos jurisdiccionales especiales, cuya función es resolver controversias medioambientales.

Estan compuestos por tres ministros titulares (dos abogados y un profesional del área de las ciencias) y dos suplentes (uno abogado y el otro del área de las ciencias). Son tres las entidades a nivel nacional. El Primer Tribunal Ambiental, con asiento en la comuna de Antofagasta y jurisdicción en la macro zona norte del país (en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo); el Segundo Tribunal Ambiental, con asiento en Santiago y jurisdicción en la macro zona centro (en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, Libertador General Bernardo O’Higgins y Maule) y el Tercer Tribunal Ambiental, con asiento en Valdivia y jurisdicción en la macro zona sur (en las regiones de Biobío, La Araucanía, los Ríos, Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y Magallanes y La Antártica Chilena).

Los dos últimos ya habían sido constituidos, sin embargo, el que abarcaría la zona norte (con la mayor presencia de proyectos mineros y energéticos) estaba pendiente. Se esperaba que se concretara el 2013, pero no ocurrió. Se indicó que entre las razones que justificaron este retraso se contaban las presiones políticas que buscaban que sólo existiera un tribunal ambiental en Chile, con sede en Santiago. El lobby centralista llegó a plantear incluso que el Tercer Tribunal Ambiental, que sesiona en Valdivia, se convirtiera en una segunda sala del tribunal de Santiago.

No obstante, dicho planteamiento se debilitó tras el informe de la Corte Suprema que evidenció que el Tribunal Ambiental de Santiago tarda casi un año en sentenciar, lo que justificó la necesidad de disponer de un tribunal en el norte.

También habría influido la complejidad para designar a los ministros que tendrían la misión de asumir esta responsabilidad.

Finalmente, el 3 de julio pasado la Corte Suprema tomó juramento a los ministros titulares Daniel Guevara (quien presidirá la instancia), Mauricio Oviedo, Marcelo Hernández y Cristián Delpiano y FabrizioQueirol (suplentes).

En esa oportunidad se fijó un plazo de 60 días para concretar la instalación administrativa. Finalmente el pasado 4 de septiembre el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta inició su función juridiccional, quedando en condiciones de recibir causas y sesionar como tribunal propiamente tal.

FUNCIONES Y DESAFÍOS.

Los tres ministros titulares que conforman esta nueva instancia conversaron con El Día sobre este nuevo desafío, destacando el interés de convertirse en un tribunal de carácter más ‘ciudadano’. Respecto de las labores que les corresponderá desempeñar, Mauricio Oviedo indicó que en líneas generales les corresponderá actuar en tres grandes líneas.

La primera, dice, en cuanto a la acción o juicios por daño ambiental. ‘El contencioso administrativo le tocará conocer de las reclamaciones que se interpongan en contra de actos administrativos dictados por la Superintendencia de Medio Ambiente, las sanciones’, precisa.

En una segunda línea, deberán visar los procesos del Servicio de Evaluación Ambiental y el Comité de Ministros. ‘Le cabe la competencia de revisar lo decidido a través de las Resoluciones de Calificación Ambiental’. Por último, indica, tendrán también la misión de velar por el régimen autorizatorio a que está sujeto la Superintendencia de Medio Ambiente ‘que la ley estimó de mayor intensidad y que debieran ser analizadas por los Tribunales Ambientales, tales como clausuras, cierres de faenas y revocaciones de RCA’, puntualiza.

Daniel Guevara destaca que con esta conformación se marca un hito en materia de descentralización de las decisiones.

‘No solo somos el tribunal ambiental de Antofagasta, somos el Primer Tribunal Ambiental del norte, donde se abordan temas que son comunes.Tenemos Vallenar, Copiapó, Antofagasta, Iquique, Calama, Arica donde es muy importante entender cuáles son los temas que nos reúnen y por qué es necesario un estado de derecho ambiental’, explica.

LA COMPLICADA ZONA MINERA.

Los ministros dicen estar conscientes de que esta jurisdicción abarca gran parte de los proyectos mineros y energéticos más grandes de nuestro país, los que en su oportunidad seguramente deberán visar. Tal es el caso, por ejemplo, de iniciativas como el proyecto minero-portuario Dominga, Cerro Casale e incluso Pascua Lama.

De acuerdo a lo expresado por Daniel Guevara, para estos casos están buscando generar un vínculo estrecho con las universidades y centros de estudio.

‘Esto será clave, porque vamos a levantar información de calidad, reportes, científica, tenemos que sopesar antecedentes y en la valoración de los hechos es fundamental’. De hecho, indica, esta es una de las razones por las cuales se decidió incorporar a un ministro de ciencias, labor que en este caso recae en Marcelo Hernández.

‘El aporte de los ministros en ciencias tiene que ver con colaborar con la justicia ambiental, revisar los casos con datos más duros. Hay un hecho relevante, que tiene que ver con que se sube el rango, el valor de la pericia, de la revisión de los hechos en el fondo, más allá de lo administrativo o jurídico, a un rango de decisión de ministro, de juez. Yo soy un juez más, no soy un perito del tribunal’, recalca éste último. En este sentido, explicaque su aporte tiene que ver con colaborar con sus colegas, con el equipo del tribunal ambiental ‘y con aquellas entidades que nos puedan ayudar a ilustrar, a conocer más a fondo los temas que van a ser sometidos a revisión del tribunal’.

¿JUDICIALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS?

Ya en más de una oportunidad se ha esgrimido de parte del empresariado el conflicto que genera para la inversión el hecho de que los proyectos se comiencen a ‘judicializar’, retrasando sus autorizaciones y puesta en marcha.

Respecto a si debido a esta razón se espera una alta demanda en las causas que deberán analizar, Hernándezmanifiesta que ‘nosotros como Tribunal Ambiental, y no lo decimos con arrogancia, lo decimos con mucha humildad, queremos ser un tribunal de avanzada, 2.0. No estoy desmereciendo el trabajo de los colegas del segundo y tercer tribunal, estoy diciendo que vamos a sumar el aprendizaje de ellos para cumplir el mandato que nos hace la sociedad’.

En relación a si se afectaría la inversión, Daniel Guevara señala que será al contrario, pues se clarificarán las reglas del juego. ‘Lo que está respondiendo este tribunal es precisamente a la inversa, a dar certeza, porque la certeza viene dada sobre el conocimiento, la competencia, la calificación de los hechos y ciertamente estamos llamados a ser un tribunal oportuno’. De hecho, analiza, de haber existido con anterioridad se habrían evitado problemas como los ocurridos con los relaves en Andacollo. ‘La ley de cierre de faenas mineras en Chile tiene 3 años, en Estados Unidos, 40 años. Yo pregunto ahora ¿pensamos en la zona minera de California como un lugar altamente contaminado o pensamos en tecnología, Viñas?.Entonces, hay un desafío que tiene un país de generar un cambio en su modelo, paradigma, forma de hacer las cosas, estándar de desarrollo y desde ese punto de vista el derecho medioambiental’.

‘Es cierto que a veces en Chile somos finisterra, hay cambios que ocurren de manera más tardía, pero queremos ponernos en un estándar de un país que va en desarrollo, que protege a su gente’, especifica. Para eso, agrega, será clave además el actuar de las propias empresas, quienes estarán llamadas a respectar los procesos ambientales de manera de no ser sujetas de sanciones o reclamaciones.

‘Hoy no solamente están evaluando la rentabilidad financiera de un proyecto, sino que la licencia social y el cumplimiento de la normativa ambiental, porque no hay hoy día ninguna entidad financiera seria a nivel global que no evalúe el nivel de riesgo de desarrollo de un proyecto también desde el punto de vista del cumplimiento de su estándar de seguridad, con los trabajadores, en materia medioambiental, y eso también significa un cambio’.

JUSTICIA PARA TODOS

Los tres ministros advierten que cuando se habla de Tribunales Ambientales generalmente se tiene una visión más bien elitista y se piensa que tendrán la labor solo de analizar los ‘mega proyectos’. Sin embargo, aseguran que será una instancia a la que podrá acceder toda la población que vea perjudicados sus derechos. ‘Yo quiero desmitificar eso. Los Tribunales Ambientales de repente se elitizan un poco y se piensa que el acceso a la justicia ambiental es solo para los mega proyectos. Pero resulta que un vecino de a pie tiene derecho a apelar y a defender su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, su junta de vecinos, su escuela, su comunidad indígena, agrícola’, recalca Hernández

‘Un pequeño empresario, un pirquinero, una pequeña industria, también tienen derecho a defender su interés respecto de lo que el Estado o los órganos competentes con los cuales los tribunales tienen que revisar sus actuaciones. Nosotros queremos acercar este tribunal a las personas. Vamos a revisar cada caso ya sea un mega proyecto o una iniciativa de una junta de vecinos’, puntualiza.

EL BULLADO CASO DOMINGA.

La conformación de este Tribunal Ambiental tomó relevancia hace algunas semanas luego de que se conociera la decisión del Consejo de Ministros respecto del proyecto minero-portuario Dominga, en la comuna de La Higuera, que definió ratificar el rechazo de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que se había determinado en la Comisión de Evaluación regional.

Ante esto, existía la duda de si Andes Iron, titular de la iniciativa, recurriría al ya establecido segundo Tribunal Ambiental de Santiago o si lo haría en el primer Tribunal de Antofagasta, que entraría en funcionamiento los primeros días de septiembre y el cual le correspondería por jurisdicción.

Consultados los ministros respecto a si efectivamente sería Dominga el primer proyecto de relevancia que les tocaría analizar, Mauricio Oviedo manifestó que a la fecha ‘es una posibilidad’, pero que dependerá de la decisión que tome la empresa. ‘Nosotros no tenemos certeza de eso, está dentro de las posibilidades desde el punto de vista del procedimiento administrativo y jurisdiccional que sigue a la decisión del Comité de Ministros, pero es parte de la decisión del afectado, ellos podrán decidir si recurren en contra del acto propiamente tal emitido por el Comité de Ministros en este caso y la sede será otra’.

En este sentido, aclara que ‘si ellos decidieran ejercer la reclamación establecida en la ley 20.600, el Tribunal Ambiental competente será el primero’.

Asimismo, agrega que’lo que pasa es que ahí se produce una situación en el sentido de que la discusión sigue radicada en la sede prejuridiccional, la sede administrativa, porque la discusión ahí es de otro orden.Yo no le puedo decir la acción propiamente tal que tendrían que ejercer, no puedo pautear a la empresa, pero si deciden recurrir en contra de la decisión entonces el litigio es de orden administrativo y sigue radicado en sede administrativa. Nosotros solamente comenzamos nuestra función cuando se ejerce acción de reclamación judicial de aquellas contempladas en la ley 20.600′.

Ante ellos, confirma, se podrá reclamar lo ocurrido tanto en la Comisión de Evaluación regional como en el Consejo de Ministros. ‘Lo que ocurre es que la ley estableció reclamaciones judiciales en contra del acto terminal que es la RCA, en ese sentido, ese acto es el que emite la Comisión de Evaluación. Si la discusión va por esa línea, el Tribunal Ambiental competente será el primero, si la discusión va por una línea formal en contra de lo que dijo el Comité de Ministros, la competencia la tendrá entonces el Tribunal Ambiental de Santiago’.

En cuanto a qué resoluciones se podrían a llegar a tomar, Oviedo sostiene que los Tribunales Ambientales son contenciosos administrativos, que están llamados a ser un control de legalidad, no de mérito.

‘Entonces, lo que podría ocurrir eventualmente y lo que ha ocurrido tanto en la actividad desarrollada por el segundo y el tercer Tribunal Ambiental es que efectivamente se pueda ordenar una revisión de ese proceso, más no calificar, volver a evaluar por así decirlo. A veces la gente se confunde, el Tribunal Ambiental no está llamado a reevaluar los proyectos, tiene una obligación de revisar la legalidad del procedimiento ambiental’.

En cuanto a si efectivamente se podría ordenar una nueva votación, el ministro manifestó que ‘es una de las posibilidades’

Finalmente, indicó que no pueden entregar mayores antecedentes en esta materia puesto que va a llegar un momento en el cual van a tener que evaluar una toma de decisión ‘y tenemos que ser muy cuidadosos de no inhabilitar al tribunal’, puntualizó el ministro.

INAUGURACIÓN OFICIAL

La inauguración oficial de las nuevas dependencias del Tribunal Ambiental de Antofagasta se llevará a cabo el próximo 6 de octubre y se espera contar con la presencia del presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, y el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena. Estará emplazado en calle Carrera N° 1.579, en el sector del Parque Brasil.

Según indicó Daniel Guevara, en las próximas semanas se espera también poder tener un acuerdo con la corte de Coquimbo para habilitar el ingreso de las causas vía web ‘para que se organice que toda causa ambiental de competencia de este tribunal se pueda presentar en los juzgados de letras de toda la región de Coquimbo’, puntualizó.

 

Daniela Guajardo