Contraloría tomó razón del nuevo plan «antiesmog», que busca reducir en 60% las emisiones más críticas a 2026

Restricción permanente para más de un millón de autos catalíticos empezará en mayo. Fuente: El Mercurio, 7 de noviembre de 2017.

Gobierno estima que los vehículos afectados dejarán de circular alrededor de 16 veces al año. Programa también incluye prohibición total de la leña en la Región Metropolitana.

Luego de diez meses de tramitación, la Contraloría aprobó el nuevo plan de descontaminación de Santiago, que apunta a reducir en 60% las emisiones y concentraciones de material particulado fino (MP 2,5) a 2026, el componente más peligroso del esmog y responsable indirecto de unas 3.700 muertes anuales en el país.

El plan incluye la prohibición de la leña durante el invierno e incorpora una medida de alto impacto en la capital: a partir de mayo del próximo año comenzará a regir la nueva restricción vehicular, que reemplazará a la actual para autos no catalíticos y la ampliará a todos los vehículos con sello verde fabricados antes de septiembre de 2011.

Así, la medida, de carácter permanente en invierno (hoy solo se aplica en episodios críticos, como preemergencias y emergencias) afectará a cerca de 1.096.000 autos, el 61% del parque total de catalíticos, que llega a 1.780.000 en la capital.

16 jornadas por auto

Para esos autos habrá un calendario de dos dígitos por día (y cuatro en caso de emergencia ambiental) que los dejará sin circular, al menos, 16 jornadas a cada uno entre el 1 de mayo y el 30 de agosto.

Los otros 683.731 autos fabricados después de septiembre de 2011 (modelo 2012) quedarán exentos de la restricción, aunque haya emergencias y preemergencias, y aunque se trate de autos diésel, que pueden contaminar hasta cinco veces más que un bencinero más antiguo.

Con la restricción, la autoridad apunta a reducir en 10% las emisiones. También se busca fomentar la renovación de unos 772.000 autos en los próximos 10 años. Este recambio, según un estudio de costos del plan, demandaría US$ 434 millones para las personas, pero generaría beneficios por US$ 2.225 millones por ahorro de combustible, entre otros efectos.

«Este es el primer plan de MP 2,5 en una ciudad grande de Latinoamérica. Establece una norma diaria que ni siquiera está vigente en ciudades europeas (…). Finalmente, Santiago es la primera gran ciudad del mundo que prohíbe los calefactores a leña», señala el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena.

Añade que tras la publicación del plan, que debiese producirse en los próximos días, las 130 medidas, como la restricción al uso de la leña, comienzan a operar de inmediato. Otras, como la exigencia de buses con normas Euro V o superior, debutarán en el nuevo Transantiago en 2018. Como la nueva restricción vehicular deberá ser implementada por el próximo Gobierno, se abren dudas sobre su aplicación en caso de que asuma una administración que no la comparta. Frente a ello, el ministro Mena dice tanto la Contraloría como el Tribunal Ambiental son garantes de que el plan se cumpla.

El ex subsecretario y especialista mdioambiental Rodrigo Benítez dice que es difícil alterar esa aplicación. «Hay modificaciones menores que dependen de Transportes, pero las modificaciones al plan pasan por un proceso establecido en un reglamento que tiene diversas etapas y plazos definidos. No es posible de un día para otro».

Fiscalización

Así, también se establecen metas de emisión más estrictas para la industria, buscando que las fuentes fijas reduzcan sus emisiones de MP 2,5 en 30%.

El especialista en contaminación atmosférica de la Usach Patricio Pérez valora las medidas, pero dice que deben ir asociadas a fiscalización eficiente. «Lo más relevante es la leña, porque su impacto es importante, sobre todo en zonas de la periferia».

Al respecto, el especialista en Medio Ambiente de la UC Kay Bergamini dice que el éxito del plan «estará asociado a la fiscalización. La Superintendencia debe asumir un rol más fuerte».

Superintendente dice que recibió «un avioncito de papel» y dejará «un Airbus»

Luego de que un estudio del Centro de Políticas Públicas de la U. Católica advirtiera que la Superintendencia de Medio Ambiente presentaba déficits de recursos, gestión y dotación, el superintendente Cristián Franz defendió el crecimiento que esa repartición ha tenido en los últimos años. «Cuando recibimos la superintendencia, en marzo de 2014, era un avioncito de papel, y ahora vamos a entregar un Airbus 380. Teníamos 60 funcionarios, ahora somos 240. Había dos oficinas regionales, ahora hay 12», afirmó.

Descarta, además, que la institución funcione con la misma lógica de la desaparecida Comisión Nacional de Medio Ambiente, argumentando que «la ley establece que debemos fijar subprogramas de fiscalización a cargo de organismos sectoriales». Sí concuerda con que faltan recursos y personal. «Cada año, cuando se discute el presupuesto, he buscado que los recursos se establezcan en cada servicio, con indicadores de gestión. Pero Hacienda no lo ha encontrado oportuno», añade. También defiende que, bajo su gestión, las fiscalizaciones se han focalizado «en los aspectos más centrales de un proyecto para no perder energía en detalles menos importantes». Estima que el servicio debiese sumar 100 funcionarios extras para tener «al menos» tasas como las de Brasil, con un fiscalizador cada 50 mil habitantes, y no uno cada 72 mil, como hoy.

Una tramitación compleja postergó las medidas para este año

Un inicio retrasado.

El plan de descontaminación debió comenzar a formularse en el gobierno anterior, pues ya estaban disponibles las mediciones para declarar a Santiago zona saturada por MP 2,5, condición para iniciar el trámite. Luego, este gobierno lo comprometió para 2016, pero recién el 7 de diciembre de ese año se inició la tramitación.

Sin estreno en 2017

Aunque en verano los ex ministros de Transportes y del Medio Ambiente insistían en que el plan debutaría este año, con la nueva restricción vehicular, no había indicios de cómo se fiscalizaría la medida: no se había creado un nuevo sello verde ni se había reforzado la dotación de funcionarios destinados a controlar a 219 mil autos afectos, cada día.

Controversia con Contraloría

Cuando se atribuyó la demora del plan a un retraso de la tramitación en Contraloría, el contralor Jorge Bermúdez salió a responder: «Yo tengo que poner a funcionarios que trabajen con horas extras, viernes en la tarde, hasta tarde, sábado todo el día, para hacer ese análisis, pero resulta que las horas extras no las paga nadie, porque alguien llegó tarde con su trabajo acá». El ministro Mena dijo que el plan «ha sido tramitado a buena velocidad y conforme a los plazos que nos pusimos».

Invierno con alertas

Como el plan no pudo implementarse, Medio Ambiente debió acudir a las alertas sanitarias ambientales como herramienta para implementar medidas como la restricción a catalíticos en días de preemergencias y emergencias ambientales, pese a que la cartera había asegurado que el del 2015 sería el último invierno con el antiguo plan para MP10 y alertas.

Implementación post gobierno

Como el plan comenzará a operar en mayo de 2018, las actuales autoridades no serán las que implementen las medidas, que fueron criticadas por especialistas de oposición.