Era el escenario más probable. Ayer, la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) decidió rechazar las cinco solicitudes de reclamación presentadas en contra del proyecto energético Los Rulos, desatando la molestia de decenas de opositores que se congregaron en las afueras del edificio de la Intendencia Regional. Como se esperaba, la votación no estuvo exenta de polémica. Más aún cuando había sido postergada en casi dos meses a la espera de un informe de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), el que terminó siendo decisivo.

Y es que a inicios de noviembre, cuando la comisión debía resolver sobre los recursos, el presidente de la instancia, el intendente Gabriel Aldoney, solicitó suspender la sesión y esperar que la Conadi aclarara si en el área de influencia del proyecto -comuna de Limache- existían comunidades o asociaciones indígenas. Esto, porque uno de los argumentos centrales de los solicitantes era que la empresa titular de la central -Cerro El Plomo, filial de IC Power- no realizó una Consulta Indígena durante la evaluación ambiental, lo que a juicio de ellos contraviene la normativa ambiental.

LARGA DISCUSIÓN 

Después de aprobar rápidamente distintos puntos que fueron puestos en tabla, la comisión se aprestó a resolver las cinco solicitudes. Los primeros en hablar fueron los abogados del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), quienes recomendaron rechazar todos los recursos argumentando que las comunidades no identificaron los impactos que eventualmente podrían recibir con la operación de la termoeléctrica. Además, según el servicio, los opositores tampoco señalaron el impacto que recibirían en sus costumbres y tradiciones. “No existe alusión ni justificación acerca de la afectación directa que podría haber”, rezaba una de las láminas expuestas por el organismo ambiental de Valparaíso. Luego, fue el turno de cinco opositores que previamente solicitaron intervenir en la sesión.

Entre las alocuciones destacó la de una ascendiente aymara, quien criticó al intendente Aldoney por haber aconsejado a las comunidades que existen otras instancias superiores -como los Tribunales Ambientales o la Corte Suprema- en caso de que sus recursos fuesen rechazados.

“Ustedes son las autoridades que custodian nuestra tierra. Me pregunto si a sus hijos los invitarían a acudir a otras instancias en caso de que estén reclamando por algo justo. Yo creo que no. Creo que ustedes los ayudarían a solucionar su problema, y eso es lo que les estamos pidiendo”, comentó la mujer inchgena. Posterior a ella siguieron exponiendo diferentes representantes de las comunidades, aunque cuando podía el intendente intervenía y daba a conocer su opinión. De hecho, casi al final de la sesión, Aldoney tomó la palabra y sostuvo que en Limache ya existían problemas de contaminación, los que eran provocados por las quemas agrícolas. Lo anterior provocó que diferentes opositoras lo increparan, aunque rápidamente se pasó a la votación.

INFORME CONADI 

De manera unánime, los integrantes de la comisión -intendente, director regional del SEA y siete seremi con competencia en la materia- aprobaron la recomendación del servicio, que consistía en rechazar las reclamaciones de las comunidades indígenas. Uno de los argumentos que terminó pesando en la decisión de las autoridades fue justamente el controvertido informe de la Conadi. Según la Corporación, no sólo en Limache no existen comunidades ni asociaciones indígenas, sino que tampoco fue posible identificar el asentamiento de las cuatro asociaciones que impugnaron la aprobación del proyecto, pese a que funcionan físicamente en la comuna de Villa Alemana. “A diferencia de las comunidades indígenas que pueden provenir de un territorio común, las asociaciones indígenas no requieren de este elemento territorial para constituirse”, indicó el director (s) de la Conadi, Joaquín Bizama, quien en su informe agregó que lo anterior “dificulta su georreferenciación, pues ésta podría variar de acuerdo al interés común que las agrupa”.

Con esto, el proyecto energético de US$ 594 millones mantiene aprobada su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), la que le fue entregada en febrero de este año por la misma comisión, también en forma unánime.

“HASTA CON SANGRE” 

Tras la decisión, Aldoney entregó sus razones para rechazar las solicitudes. “Lo que aquí estaba en cuestión eran algunas opiniones de pueblos originarios que criticaban que no se hubiese hecho la Consulta indígena. Pero de acuerdo a los antecedentes que se nos entregaron, como el de la Conadi, en Limache no existen comunidades indígenas. Mientras que respecto a las de Villa Alemana, el SEA concluyó que no existen elementos que pudieran afectar -desde el punto de vista ambiental- las condiciones bajo las cuales los pueblos originados se desenvuelven”, sostuvo Aldoney, quien valoró la conducta “ejemplar” de los opositores que llegaron hasta el edificio de la Intendencia. Una valoración que, de todas formas, poco y nada importó para los opositores, quienes a la salida le advirtieron a las autoridades que continuarán apelando a todas las instancias correspondientes y que, incluso, defenderán su territorio “aunque sea con sangre”.

“Se acaba de cometer un grave error. Nosotros como indígenas vamos a seguir defendiendo nuestro tenitorio porque nuestra gente merece respecto. Este Gobierno siempre ha dicho que respeta a los pueblos indígenas, y esta era la ocasión para demostrarlo, pero no lo hicieron. Y ellos deben saber que llegaremos a las últimas instancias para que esta termoeléctrica no se instale en Limache. Vamos a defender el territorio, aunque sea con sangre. Así de simple. Se los decimos desde ya”, advirtió el presidente de la Asociación Indígena Antutripantu, Leonardo Tavali, quien agregó que “nosotros no somos violentos ni queremos guerra con nadie, pero queremos que respeten nuestro territorio”.

En tanto, el vocero de la agrupación “Libres de Alta Tensión”, Joel González, detalló que “esta decisión no nos sorprende porque desde hace mucho tiempo el Estado de Chile está tomando medidas bastante contradictorias con lo que trata de impulsar como imagen internacional. En la práctica, están apoyando proyectos altamente contaminantes”, informando que el camino que seguirán son los Tribunales Ambientales, puesto que en el Comité de Ministros “poco y nada esperamos porque es una instancia política”.

Mientras que el diputado electo Diego Ibáñez, integrante de la campaña “Villa Alemana Sin Termoeléctrica”, expuso que las comunidades indígenas que promueven el turismo se verán afectadas por la instalación de la central. “Hoy se pone por delante el negocio del 1% del país frente a la protección de la Reserva de la Biósfera La Campana, que es un aspecto primordial de la identidad comunal”, dijo Ibáñez.