Minera Cerro Casale va por su tercer permiso ambiental y cumple 20 años sin concretarse

20 años después, con dos resoluciones de calificación ambiental (RCA) a cuestas y una tercera en vista, cambios de accionistas entremedio, millones de dólares gastados y miles de permisos obtenidos, la iniciativa aún está en veremos y le quedan al menos cinco años para iniciar la construcción.

En el Hotel Sheraton se lanzó, en el verano de 1997, el megaproyecto minero aurífero Cerro Casale, considerado entonces el mayor yacimiento de oro del mundo. 20 años después, con dos resoluciones de calificación ambiental (RCA) a cuestas y una tercera en vista, cambios de accionistas entremedio -hoy pertenece a Barrick y Goldcorp en partes iguales-, millones de dólares gastados y miles de permisos obtenidos, la iniciativa aún está en veremos y le quedan al menos cinco años para iniciar la construcción. Ello lo convierte en el proyecto de inversión en curso más longevo en la historia reciente de Chile.

En el sector minero señalan que Cerro Casale, ubicado en el cinturón aurífero Maricunga, en la cordillera frente a Copiapó, bate récord en tardanza en su concreción. Cuando se lanzó hace dos décadas, ya era un proyecto de envergadura y estaba en manos de grandes compañías mineras (entonces, Bema y Amax Gold). El proyecto costaba en 1997 un total de US$ 1.300 millones. Hoy supera los US$ 5.200 millones.

¿Qué pasó?

El proyecto original, denominado Minera Aldebarán, logró su permiso ambiental en enero de 2002, pero los dueños a partir de 1998 -las canadienses Barrick y Kinross- decidieron hacer cambios en el diseño y hacerlo más grande. Ese nuevo estudio ambiental se presentó en 2011 y se aprobó en 2013. Pero en su contra se interpusieron varios recursos de reclamación, que fueron resueltos por el Comité de Ministros de Medio Ambiente en mayo de 2015, que decidió darle menos agua de la que el proyecto necesitaría, por lo cual Cerro Casale reclamó ante el Tribunal Ambiental, que ordenó al Comité de Ministros dictar una nueva resolución, lo que se hizo el pasado 7 de septiembre y en la que si bien se aprobó el proyecto, no se sabe el alcance de las medidas en relación a los requerimientos hídricos de la iniciativa.

Mientras todo esto pasaba, los sueños de Casale desarrollaban en Chile otra minera, Pascua Lama, que fue suspendida por problemas ambientales en 2013. “De alguna manera, Barrick privilegió Pascua Lama por sobre Casale, lo que al final no resultó una decisión muy beneficiosa para los accionistas”, comentan en el sector.

Y debido a las dificultades de Pascua Lama, que también está en la Región de Atacama, Barrick decidió desprenderse del control de Casale, que desde junio de 2017 tiene participación en partes iguales de esta compañía canadiense y de Goldcorp, que está a cargo de la operación.

La intención de esta compañía, también de Canadá, es desarrollar Cerro Casale en conjunto con otra iniciativa que está a solo 10 kilómetros, el yacimiento de Caspiche. Por ello enviarán hacia el año 2020 un nuevo estudio ambiental que consolide ambos proyectos, que por su envergadura superará los US$ 6 mil millones. Según conocedores de las tratativas, es factible que esta “megaminera”, que es ya el mayor depósito aurífero del mundo, se construya después de 2022, con lo que la iniciativa se hará después de 25 años de trámites.

¿Es esto normal? Según los accionistas de Casale, no lo es. “Hacer minería en Chile no es fácil. Las exigencias ambientales son tan altas como en Canadá y Australia, a lo que hay que sumarle la incertidumbre que genera la judicialización”, sostienen los dueños de Cerro Casale.

En este rubro, comentan que la RCA es solo el primer gran escollo con el que se topan las empresas que quieren hacer un proyecto. Luego vienen los permisos sectoriales, desde Vialidad (MOP) para los caminos, hasta la Conaf o la Autoridad Marítima si es que se construye infraestructura complementaria como una desaladora o un puerto. “Se requieren miles de permisos, que se otorgan por parte de la autoridad a ritmos distintos”, comentan en Casale. Incluso hay permisos donde la autoridad central no tiene mayor injerencia, como los que otorga Conaf o el Consejo de Monumentos Nacionales, donde en el sector empresarial ven un sesgo antiminero.