Gobierno pide a Coordinador Eléctrico mecanismos para evitar nuevos problemas en balances

Con preocupación ven en el gobierno los problemas que ha enfrentado el Coordinador Eléctrico Nacional en cuanto a los retrasos y correcciones en los cálculos de pago que se deben realizar a los participantes del sistema, el cual ha tenido un impacto financiero en las empresas del sector.

Ayer, la ministra de Energía, Susana Jiménez, explicó que a pesar de que se trata de un organismo autónomo del gobierno, le solicitaron al Coordinador generar mecanismos que permitan evitar estos retrasos, junto con un seguimiento de los mismos.

“Hemos pedido la mayor celeridad en reducir esos retrasos y luego contar con indicadores de desempeño que permitan hacer ese seguimiento continuo en el tiempo. Hoy hay que resolver los que están pendientes y después hacer un plan de trabajo que permita reducir esos plazos y hacer un seguimiento en el tiempo”, sostuvo Jiménez, tras participar de la Comisión de Minería y Energía del Senado.

La titular de Energía apuntó a que las causas detrás de los retrasos y problemas se debería a la reciente entrada en operación del Coordinador y de la interconexión eléctrica, que han significado “alzas exponenciales en la carga de trabajo”, explicó.

Dentro de este punto, se incluyen las nuevas funciones que ha tenido que adoptar la entidad, como el monitoreo de la competencia y la creación de nuevas unidades, como la de ingeniería y proyectos, así como el desafío de unir los dos equipos de profesionales que integraban los antiguos CDEC.

Avanza la mesa de descarbonización
Este mes se constituirá la mesa de trabajo con la que el gobierno creará la hoja de ruta para implementar la descarbonización de la matriz energética del país.

La ministra Jiménez explicó que actualmente están afinando la lista de participantes, con la idea de “asegurar que todos los sectores estén todos representados”.

Consultada por los senadores, la autoridad reiteró que el proceso de cierre de las centrales a carbón será paulatino, “pero siempre resguardando la seguridad del sistema, y sus costos”. Junto a esto, dio a conocer los criterios que regirán el proceso, los que serán tanto de salud, como ambiental y laboral, buscando soluciones para la reubicación de los miles de trabajadores que se desempeñan en estos recintos.

Otro de los puntos a los que hizo referencia la ministra, es sobre el ingreso de la nueva Ley de distribución, uno de los ejes del programa de gobierno. La idea del Ejecutivo apunta a ingresar el articulado a mediados de 2019.

“Es una ley bastante profunda, que sólo se avanzó en el diagnóstico el año pasado, pero no ha habido mayores avances, por lo tanto se requiere de un trabajo bien profundo y que va a tomar tiempo para establecer los objetivos que se quieren alcanzar y las medidas que se van a tomar en el plano normativo y legal. Queremos llegar con un proyecto consensuado al Congreso”, explicó.