Editorial: La justicia ambiental tarda, pero ¿llegará?

Este jueves 27 de septiembre, el gobierno de Chile se comprometió a firmar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe –más conocido como Acuerdo de Escazú-, el cual busca garantizar plena y efectivamente los derechos mencionados en su título.

Este escenario aportaría a elevar los estándares de cómo se resuelven los conflictos socio-ambientales que se dan en el país producto de las actividades industriales, al garantizar principios como el de “no regresión y progresividad” para mejorar los estándares ambientales, al reconocer y proteger la figura de los defensores ambientales, entre otros puntos.

La inminente firma de este acuerdo nos permite reflexionar en torno a la realidad nacional de los llamados ‘derechos de acceso’ –como el de acceso a la información- y cómo estos repercuten en los conflictos que aquejan a la ciudadanía hoy.

Es necesario comprender que sin información no podrá existir una participación pública efectiva y en nuestro país existen enormes vacíos de información que han desatado crisis socio-ambientales en distintos territorios. Sin ir más lejos, en Puchuncaví y Quintero aún no se conoce cuáles son los contaminantes que han afectado la salud de unos 700 habitantes de la zona. A su vez, la red de monitoreo que existe era manejada hasta un par de semanas atrás por las mismas empresas, ahora será administrada por el Estado, pero la emisión de contaminantes como el arsénico, mercurio, cadmio, vanadio, Compuestos Orgánicos Persistentes (COP) -como dioxinas y furanos- y Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) -como benceno y tolueno-, todos con altos impactos en la salud de las personas, siguen sin medirse.

Así mismo es preocupante conocer qué pasa en las comunas decretadas en escasez hídrica, como Petorca, donde no existe un registro completo del otorgamiento de derechos de agua en la comuna y donde hace un par de meses se descubrió la extracción ilegal de agua a través de unos 53 pozos no autorizados, una de las situaciones que indudablemente ha ido desabasteciendo los acuíferos que otorgaban fertilidad a su valle.

Desde Fundación Terram nos mantenemos expectantes a la suscripción de Chile al Acuerdo de Escazú y a su posterior materialización en el país, ya que nuestra institucionalidad ambiental –y la serie de irregularidades que la componen- no garantiza hasta el día de hoy la justicia ambiental en todos los territorios.