En noviembre podría ser enviado el proyecto del Código de Aguas

El acuerdo es histórico. No solo porque por primera vez las cuatro secciones del río Aconcagua se ponen de acuerdo para redistribuir las aguas y mejorar las condiciones de riego esta temporada. Lo histórico va también porque el plan Aconcagua contempla medidas de mediano y largo plazo, que buscan enfrentar los cambios hídricos y asegurar al menos el 85% de riego a las 67 mil hectáreas actuales, versus el 40% de hoy.

Además, servirá como ejemplo para tomar medidas similares en otras zonas con situaciones hídricas complejas. Conseguirlo implicó limar años de desconfianzas y de acusaciones, e incluso una demanda en contra de las acciones de la DGA ganada por los regantes. El trabajo se inició el 29 de agosto, con el decreto de zona de escasez —acción que se realizó más temprano que la anterior, cuando se había hecho hacia fines de enero de 2018—, lo que permitió que el Ministerio de Obras Públicas y los usuarios buscaran con anticipación fórmulas para enfrentar una temporada de riego que se proyecta como crítica.

Se concluyó con el acuerdo firmado hace cerca de dos semanas —con el ministro Juan Andrés Fontaine como garante— en el que las distintas secciones se comprometen a cierres por períodos y en días determinados. A lo que se suma el compromiso del MOP de aportar agua de los pozos estatales, después de abastecer las necesidades de los sistemas de Agua Potable Rural. Pero la labor del MOP en términos hídricos va mucho más allá de garantizar este acuerdo y de las que realizan la Dirección General de Aguas y la Dirección de Obras Hidráulicas, encargadas de la entrega de derechos, fiscalización del buen uso de las aguas, y la inversión y licitación de las grandes obras.

Por ejemplo, aunque pocos lo tienen claro, es en el MOP donde hoy radica el tema legal y organizacional de la modificación al Código de Aguas, y por estos días estudian y redactan las indicaciones que se presentarán a la iniciativa, en lo que trabajan de manera cercana, cuenta Fontaine, con el ministro Walker, de Agricultura. La autoridad de Obras Públicas reconoce que el tema hídrico le ha significado muchas más horas de trabajo de las que en principio pensó que le dedicaría, y buena parte de las últimas se han enfocado en el acuerdo de Aconcagua.

—La del Aconcagua es una cuenca con una historia de conflictos entre las secciones y que han llevado a la justicia incluso a la DGA. ¿Se consideró al momento de adelantar el proceso?

—Lo consideramos y por ello se buscó dar tiempo para que hubiera espacio de negociación e hicimos gestiones para inducir a un acuerdo. Ellas contemplaron conversaciones, pero también poner a disposición de los regantes los 48 pozos de la DOH en la zona. Obviamente esa oferta la hicimos condicionada a que en ningún caso se ponga en riesgo el abastecimiento de los sistemas de agua potable rural (APR).

Tenemos confianza de que hay suficiente capacidad para atender las necesidades de los APR. Estamos monitoreando diariamente la situación de sus pozos.

—¿Se comprometen, como garantes, a fiscalizar el cumplimiento de los compromisos?

—El rol del MOP va más allá de la fiscalización. Este acuerdo se inscribe dentro de un plan para la cuenca con una perspectiva de corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, el objetivo es el manejo de la temporada de riego crítica, y tiene como componente el acuerdo que alcanzaron los regantes.

Para el mediano plazo, el plan incluye la perforación de nuevos pozos por parte de la DOH más la construcción de piscinas de infiltración, de manera de fortalecer el acuífero y la administración tanto de los pozos como de las piscinas, por algún tipo de organización que todavía no hemos definido, pero que vamos a ver prontamente, porque esto es un plan a ser desarrollado el 2019, para que esté operativo en la temporada siguiente.

—¿Y los embalses para la zona?

—En su perspectiva de largo plazo contempla la construcción de embalses como el Catemu, que es un embalse lateral, y un embalse de cabecera, que puede ser Juncal. En el caso de Catemu, estamos procediendo a obtener la Resolución de Calificación Ambiental, para ser licitado más tarde. El de cabecera está en una fase más preliminar. La dimensión de ellos está sujeta a cómo se comporte el plan en la fase intermedia, porque, por ejemplo, si la infiltración de piscinas resulta exitosa, ya no sería necesario un Catemu tan grande.

En la infiltración se está usando tecnología de punta y en parte reemplaza la operación de un embalse. —De todas formas la DGA deberá fiscalizar y tiene solo 53 fiscalizadores y su presupuesto 2019 se aumenta en cerca de 4%… —Muchas veces esto no es tanto un tema de presupuesto como de mejor gestión. Por ejemplo, en lo que se refiere a fiscalización estamos avanzando en lo que tiene que ver con sistemas de telemetría y con el uso de drones, que es una forma barata y efectiva de fiscalizar.

Indicaciones al Código de Aguas

—¿Qué se contempla en cuanto a la inversión en embalses en el país?

—Hay una lista que está avanzando. Son proyectos que se demoran años en diseñarse, evaluarse y construirse, porque se requiere que sean social y económicamente rentables. Hay también un tema de financiamiento, por cuanto normalmente solo el 20% es financiado por los regantes, e incluso ese 20% muchas veces no se termina pagando en su integridad. Por eso es muy importante que a medida que la escasez hídrica avance, los regantes tomen conciencia de financiar las obras.

En ese sentido, celebro las palabras del presidente de la SNA, Ricardo Ariztía, y espero que se materialice en una verdadera disposición de los agricultores a contribuir al financiamiento de estas obras en las que ellos son los primeros beneficiados. Dado que tienen repercusiones sociales, corresponde que el Estado concurra a su financiamiento.

—Pero el país necesita sumar capacidad de acumulación…

—El cambio climático y la disminución hídrica, no creo que deba enfrentarse solo a través de embalses. Por eso les damos mucha importancia a los sistemas de piscinas de infiltración programados para el Plan Aconcagua y que pueden aplicarse también en otras cuencas.

También le damos mucha importancia al mejoramiento de los sistemas de regadío y para eso creemos que es muy importante que funcione muy bien el mercado de derechos de agua, lo que exige que sea transparente, competitivo, que tenga reglas claras, con certeza jurídica y una rigurosa fiscalización. En eso estamos trabajando desde el punto de vista legal, en la reforma del Código.

—En Enagro, Ricardo Ariztía manifestó que se requiere agilizar procesos que recaen en la DGA.

—Hemos estado estudiando una posible reingeniería de la tramitación de los expedientes de la DGA en lo que se refiere a constitución de nuevos derechos como a modificaciones en los puntos de extracción.

Eso viene también en la futura indicación al Código de Aguas. Estamos incorporando también cambios en los procedimientos para acelerar significativamente los plazos. Estamos cambiando los procedimientos de manera que las decisiones de la DGA se apoyen en un panel de expertos independientes que recomienden el establecimiento de medidas como los decretos de escasez o situaciones de prohibición o de restricción. Es decir, que toda la batería de instrumentos que haya que aplicarse en el caso de escasez se condicione a este panel.

—Los agricultores han expresado su preocupación por la certeza jurídica de los derechos de agua…

—Respecto de la seguridad jurídica de los derechos de aprovechamiento hay modificaciones para dar más seguridad jurídica y también hídrica, precisamente con el mejoramiento de la información en manos de la DGA y todo el instrumental de la intervención por parte del Estado en las declaraciones de zonas de escasez y de zonas de restricción o prohibición y, finalmente, la limitación de las extracciones.

Esto dándoles un rol mayor a las organizaciones de usuarios de agua y dándoles un carácter técnico a las decisiones. Significa más capacidad de la DGA para intervenir en situaciones de escasez hídrica, pero con el apoyo del panel de expertos para que las decisiones sean técnicas.

—¿Cuándo podría estar listo?

—Estamos en una etapa prelegislativa. Ya hemos iniciado algunas conversaciones con parlamentarios. Y estamos pensando que entre mediados y fines de noviembre debería ser enviado el proyecto.