Jefe de Unidad de Delitos Medioambientales de la Fiscalía Nacional: “Podemos hablar claramente de una legislación ambiental olvidada”

“Las sanciones son claramente insuficientes en función del beneficio obtenido”. El jefe de la Unidad de Delitos Medioambientales de la Fiscalía Nacional, Mauricio Fernández, es enfático cuando habla de la actual legislación penal en materia medioambiental. Su equipo hoy apoya la investigación penal por los múltiples episodios de contaminación ocurridos en los últimos meses en la zona de Quintero-Puchuncaví, que esta semana significó que la autoridad sanitaria restringiera el funcionamiento de ocho empresas locales.

-¿La fiscalía ha podido recabar elementos indiciarios de alguna responsabilidad en el caso de Quintero y Puchuncaví?

-La investigación es muy reciente, se está reforzando con la incorporación de una fiscal especializada, no hay todavía evidencia como para evaluar una imputación.

-¿Han colaborado las empresas con la entrega de información?

-Ha habido requerimientos a todas las autoridades que tienen incidencia en el tema: superintendencias, seremis, entre otras. En cuanto a las empresas, tenemos entendido, a través del fiscal (jefe de Quintero, Mauricio Dünner), hasta el momento han colaborado con todo lo que se les ha pedido.

Correos, pero no “escuchas”

-Si pusieran algún obstáculo, ¿pueden forzar la entrega de antecedentes judicialmente?

-Sí, siempre es posible proceder con medidas más agresivas de entradas y registros e incautaciones con las autorizaciones judiciales pertinentes.

-¿Buscarán incautar los e-mails de los ejecutivos?

-No puedo dar detalles de la investigación.

-¿Tienen posibilidad de intervenir sus teléfonos?

-No, aunque en contextos organizacionales, el tema de las comunicaciones es relevante. Hay una serie de técnicas especiales que nos están absolutamente vedadas.

-¿Faltan herramientas legales?

-No tenemos una legislación penal medioambiental integral, orgánica, como corresponde, como existe en la gran mayoría de los países desarrollados. Estamos muy atrasados, la fiscalía lo ha dicho sistemáticamente.

-¿Han hecho propuestas a la autoridad política?

-Hemos tenido un rol proactivo. Interactuamos tanto con el Poder Ejecutivo como con el Legislativo para que este escenario cambie. En 2013, la fiscalía hizo observaciones y propuestas formales al Senado sobre por qué era necesario regular. Y la comisión de Medio Ambiente del Senado reconoció la necesidad de legislar y propuso crear una comisión entre el Ejecutivo y la fiscalía para hacer una propuesta concreta.

-¿Y qué ocurrió con esa propuesta?

-Existieron iniciativas y propuestas concretas, pero ha habido una extrema lentitud, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, para hacerse cargo de las necesidades penales para una mayor sanción de este tipo de delitos.

“Sanciones administrativas deben mejorar en su cuantía”

-¿Cuál es el escenario para este caso?

-Tenemos una figura en el Código Penal, con penas bastante bajas, sin sanción pecuniaria, sin sanción a la persona jurídica (empresa), sin herramientas de investigación especiales. Hay un escenario normativo muy pobre; sin embargo, esperamos que se tomen medidas para que, más allá de si hay o no un nuevo Código Penal, hayan delitos propiamente penales medioambientales y normas procesales adecuadas.

-¿Cree que hay una falta de preocupación de la autoridad política en esta materia?

-No me atrevería a decir cuáles son las razones del Ejecutivo o el Legislativo para que esto no haya avanzado. Lo único que hago es constatar que, no obstante haber propuestas concretas, eso no ocurrió, y ahora estos proyectos se reactivan nominalmente en coincidencia con estos incidentes en Quintero. Pero en la práctica no se ha visto que haya una sesión para impulsarlos.

-De acreditarse que hubo responsabilidad de una o más empresas en Quintero, ¿no serán sancionadas?

-Efectivamente. A diferencia de la receptación, por ejemplo, que en este país puede sancionarse a la persona jurídica (a la empresa) que actúa en ese delito, en este caso -que son clásicos ejemplos de delitos cometidos en el contexto de la actividad empresarial-, la única sanción posible es una para quien lo hizo directamente. Digámoslo así: el hecho de contaminación en su hipótesis más cercana al daño. Sin embargo, toda la estructura de decisión para llegar a una afectación grave del medioambiente no tiene ningún tipo de sanción penal, no hay tampoco sanciones de multas para el investigado, que tiene una pena sin cárcel. El escenario es bastante negativo en el ámbito penal.

Fernández también asegura: “Uno puede ver que aquí las sanciones administrativas ni siquiera son de envergadura como para ser realmente disuasivas.

-¿Falta una modificación a la regulación administrativa, considerando que la SVS se la jugó con una sanción pecuniaria alta en el caso Cascadas y el Tribunal Constitucional puso un límite?

-No es nuestro ámbito de acción y, por lo tanto, son opiniones más personales. Las sanciones administrativas deben mejorar en su cuantía. Ha habido ejemplos de mejoras para que las sanciones administrativas sean más duras más allá de los problemas de índole constitucional, que han hecho letra muerta las sanciones severas que el legislador pretendía. Nosotros nos concentramos en la necesidad de mejoras penales.

-Considerando los proyectos, las mesas de trabajo y el tiempo transcurrido, ¿se puede hablar de una legislación penal ambiental olvidada?

-Sí, claramente, es uno de los parientes más pobres del mundo penal. Basta compararlo con la delincuencia en el ámbito de la propiedad o patrimonial y veremos la gran diferencia, aunque en el tema medioambiental el daño es muchísimo más extendido.

-¿Puede el nuevo Código Penal ser una oportunidad?

-Para el mediano y largo plazo está perfecto, pero pensamos que es necesario tomar medidas en el corto. Hay que tener ya sanciones más severas que implique que, en situaciones de mayor gravedad, las penas sean incluso de crimen.

-¿De cinco años y un día hacia arriba en casos graves?

-Sí, en situaciones que hay una grave afectación a una comunidad y un daño importante a la salud.

-En la experiencia de la fiscalía, ¿cuál es el mejor escenario en caso de determinarse responsabilidad de las empresas?

-En el mejor de los casos, después de una buena investigación, considerando las atenuantes que habitualmente concurren, habrá sanción para un sujeto, o un par de ellos, con penas que no llegan al año. En la experiencia de graves episodios de contaminación, hemos visto es que una mejor reparación de los daños causados se ha dado en la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento, después de imputarle cargos a todos los representantes que correspondan de la empresa.