La ofensiva legal de los pescadores de Ancud en contra del Estado

Foto: Cooperativa.

Dos demandas contra el Fisco que superan los 24 mil millones de pesos buscan indemnizar a los hombres de mar que aseguran que "prácticas arbitrarias" del Estado generaron un daño ambiental y laboral de proporciones. Fuente: La Estrella de Chiloé. 21 octubre de 2018.


Poco más de dos años «tan transcurrido desde que pescadores artesanales apoyados por diversas organizaciones, se tomaron la Ruta 5 Sur en diferentes puntos de la Isla, como una forma de presionar al Gobierno para la búsqueda de soluciones concretas, frente a la crisis generada por la marea roja en la provincia y por el vertimiento de más de 5 mil toneladas de salmones muertos al noroeste de la provincia.

Hoy, a 29 meses de ocurrido estos hechos, los coletazos de esta situación continúan entre los trabajadores del norte del Archipiélago. Los embates económicos a consecuencia de la pérdida de fuentes laborales, sigue siendo un tema de preocupación entre los vecinos ancuditanos. En razón a lo anterior, la Mesa de Trabajadores pescadores Ancud (denominada también como Mesa Marea Roja) interpuso recientemente en el Primer Juzgado de Letras de lo Civil de Puerto Montt una demanda por «indemnización de perjuicios» equivalente ala cifra exacta de $17.010.000.000 en contra del Fisco de Chile, representado por el Consejo de Defensa del Estado.

En el recurso argumentan «actos arbitrarios e ilegales que el Servido Nacional de Pesca (Semapesca) y la Dirección General de Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar) cometieron en los hechos ocurridos a comienzos del año 2016», en particular la autorización de vertimiento de más de 5 mil toneladas de desechos salmoneros.

Aquello, sumado a la presencia de la toxina paralizante de los mariscos en toda la jurisdicción insulaz gatilló en el estallido social más grande de la historia del Archipiélago, con bloqueos y movilizaciones que se extendieron por 19 días. Lo anterior, según la acción judicial elaborada por los hombres de mar, trajo consigo graves consecuencias «para el desarrollo de la pesca artesanal en forma directa e indirecta de la comuna de Ancud».

Reclamo

Pablo Oyarzo, quien durante la crisis del 2016 las oficiaba como vocero del movimiento y que ahora ocupa el cargo de presidente de la Mesa Marea Roja de Ancud, comentó que esta demanda reclama la reparación de los ingresos económicos de los trabajadores del mar afectados y de sus familias. «Es una demanda por indemnización por los meses perdidos de trabajo que tuvieron todos los pescadores. El total de 17 mil millones de pesos, ese es el monto que tiene esta demanda, tiene un costo alto podríamos decir, pero se tomó un promedio de 450 mil pesos mensuales por pescador aproximadamente», esgrimió.

En el marco de esta problemática, en mayo del presente año, la Corte Suprema acogió un recurso de protección interpuesto por los trabajadores del mar, por la misma causa. En aquel entonces la medida fue presentada por cuatro sindicatos de pescadores y buzos mariscadores en enero del 2017, ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en contra de la resolución de la Directemar, que autorizó verter los salmones en el mar.

Al respecto, Oyarzo agregó que «tenemos la posibilidad en este momento de hacer esta demanda, y lo aprovecharnos en el sentido que con el recurso de protección que teníamos anteriormente, que se había dado a nuestro favor en la Corte Suprema, eso nos dio el pie para hacer esta demanda».

El requerimiento presentado por la Agrupación de la Mesa de Trabajadores pescadores Ancud, representa a un universo de 738 pescadores, la mayoría pertenecientes dicha organización gremial. De acuerdo a lo expresado por el abogado Allen Leonard, todo este fenómeno, trajo consigo graves consecuencias «para el de sarrollo de la pesca artesanal en forma directa e indirecta de la comuna de Ancud».

«Ese vertimiento de salmones trajo consecuencias en el medio marino, en el sentido que alteró los nutrientes del subsuelo marino, y obviamente produjo afloraciones como por ejemplo el de la marea roja, en una época y en un lugar inusual para lo que comúnmente ocurría en la Isla», expuso el jurista que representa a la Mesa Marea Roja Ancud. Asimismo, el profesional explicó que la provincia «siempre ha tenido marea roja, pero en la forma que ocurrió, en la época en que ocurrió, y en el lugar que ocurrió, evidentemente no era lo normal».

Proceso 

Junto con esto, la fuente sumó que «es una acción de indemnización de perjui- cios dirigido contra el Fisco de Chile, que ya está presentada en el Primer Juzgado de Letras de lo Civil de Puerto Montt y está en el proceso de que el tribunal declare la admisibilidad de esta demanda para poder efectuar la notificación al Consejo de Defensa del Estado».

Quienes también adoptaron la decisión de iniciar acciones legales en contra del Estado de Chile, fueron los integrantes del Área de Manejo de Mar Brava, que al igual que sus pares de la Mesa Marea Roja Ancud exigen una «indemnización de perjuicios» por una suma total de $7.020.000.000. En el requerimiento se detalla que «como consecuencia de los hechos descritos, de la actuación ilegal y arbitraria de las autoridades señaladas, y de las consecuencias que se describen y que provoco la autorización de vertimiento de mortalidad, se han ocasionados perjuicios directos en la actividad pesquera artesanal del sector que en un periodo de a lo menos 18 meses».

Así lo explicó Marcelo Carrasco, dirigente de la mencionada organización demandante, sumando que «la cuota anual se nos murió en la playa, a nosotros se nos murió casi el 85% del producto, o sea nos mataron el producto, entonces a eso va la demanda, a que se nos indemnice por el daño sufrido hasta el momento, porque tenemos un daño que ha permanecido. Ya no tenernos el producto que teníamos, no se repuebla la playa». Para el concejal ancuditano y presidente de la Comisión de Turismo y Medio Ambiente del ente edilicio, Rodolfo Norambuena (Partido Poder) las acciones canalizadas por los artesanales, debieran ser admitidas «con la misma contundencia» con la que fue declarada ilegal y arbitraria la de dicho vertimiento en el fallo de la Corte Suprema.

«Creo que cualquier esfuerzo por buscar justicia y reparación por los daños causados por ese vertimiento de pescado podrido al mar de Chiloé, que vaya de forma transparente y en beneficio de las comunidades afectadas, debería ser acogido por la justicia con la misma contundencia con que se declaró ilegal y arbitrario la autorización de dicho vertimiento en el fallo de la Corte Suprema», expuso el periodista. «No es posible que la industria salmonera pueda hacer lo que quiera en el territorio y que el Estado siga avalando eso con su falta de regulación y fiscalización en desmedro de los trabajadores del mar y sus familias», manifestó la fuente.

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