Quintero: 850 vecinos piden intervenir a la Corte y 287 se han querellado por intoxicación

Acciones legales interpuestas van desde personas que piden ser evacuadas junto a sus hijos con financiamiento del Estado, hasta grandes grupos organizados. Siete ONG’s insisten en parar la producción. Fuente: El Mercurio. 4 octubre de 2018.

El fallecimiento, a inicios de año, de quien fuera su pareja y madre de su hijo de cinco años fue la motivación del abogado de Maitencillo Eduardo Jara Oviedo para organizar a 510 vecinos de Puchuncaví, Quintero y Zapallar. El 15 de septiembre interpusieron un recurso de protección conjunto en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, contra el Ministerio del Interior y la Intendencia Regional por las intoxicaciones que -desde el 21 de agosto y hasta el jueves pasado- originaron 1.208 consultas en el Hospital Adriana Cousiño.

Claudia Valenzuela, nacida en Puchuncaví y criada en Quintero, murió a los 35 años de edad el 1 de enero pasado, ocho meses antes de estas emergencias, pero en la acción legal presentada por el abogado Jara se argumenta que es “en su memoria y dignidad”. Esto, porque según afirma el profesional, el tumor cerebral que le causó la muerte tiene su origen “muy probablemente en la contaminación proveniente del complejo industrial”.

El mismo complejo es apuntado como el origen posible de los mareos, vómitos y adormecimiento de extremidades que sufren los habitantes, aunque aún no haya certeza de qué gases son los causantes, ni cuáles de las 19 empresas locales los emiten.

A medida que los episodios recrudecían (el 4 de agosto y el 5 y 25 de septiembre se alcanzaron peaks de 180, 155 y 164 consultas por intoxicaciones), los vecinos pasaron de las redes sociales a organizarse en asambleas y comités, uno de los cuales, el jurídico, integró el abogado Jara.

Otros 280 vecinos recurrieron patrocinados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Pero hay angustiados habitantes, como María Rosinelli o Ruth Vaccaro, que actuaron por su cuenta y redactaron escritos con una única petición a la justicia: que el Estado financie su traslado y el de sus familias a comunas no contaminadas.

En total, son 850 los habitantes de Quintero y Puchuncaví los que siguieron los pasos del senador Francisco Chahuán y ambos municipios, los primeros en activar recursos de protección que apuntaron contra la Enap. Hoy, los recursos suman 12 y las acciones posteriores han diversificado sus objetivos. Los recurrentes responsabilizan a industrias del rubro de gas natural, hidrocarburos, fundiciones, termoeléctricas y cementeras. Mientras, por “negligencia” acusan a los ministerios de Salud, Interior, Medio Ambiente, las secretarías regionales de estas carteras, intendencia, Onemi y hasta el Presidente Sebastián Piñera.

Las solicitudes van desde declarar alerta sanitaria, ya aplicado por el Gobierno sin la obligación judicial, hasta la implementación de planes preventivos. Además, muchas coinciden en paralizar todas las empresas.

La Corte se ha limitado hasta ahora a pedir informes. En el suyo, el Consejo de Defensa del Estado alega que “las imputaciones parecen estar referidas a una situación de contaminación histórica, materia que no es propia de esta acción cautelar”.

El último recurso de protección fue interpuesto por ocho ONG’s (Corporación Fiscalía del Medio Ambiente, Ecosistemas, Codeff, Greenpeace, Oceana, Terram, Instituto de Ecología Política y Chile Sustentable). En el escrito, solicitan que la Corte reconsidere su rechazo a la medida cautelar de paralizar el cordón industrial.

Otros 287 vecinos, que interpusieron querellas penales, están a la espera de que fiscalía cite a declarar a ejecutivos de siete industrias de la zona.

Según informó la intendencia, ayer hubo 120 consultas asociadas a molestias por gases, pero solo 16 de ellas fueron confirmadas como intoxicaciones.