Fiscal del caso Quintero: penas por delitos ambientales son “muy bajas”

“Si hay alguien que podría lograr algo con la investigación en Quintero, esa es Ana María Aldana”, dice el abogado Remberto Valdés, quien ha presentado querellas colectivas por casi 700 personas de Quintero y Puchuncavi y que, además de ser de Biobío, la misma región de la fiscal, conoce su experiencia en causas medioambientales.

Hoy ella es parte de los 46 fiscales especializados del país, y es una de las precursoras en lograr condenas “y frenar prácticas contaminantes”, agrega Valdés.

El último caso que indagó fue contra tres ejecutivos de Enel por la contaminación de la planta Bocamina al mar en Coronel, y que culminó hace dos semanas con la suspensión condicional del procedimiento por dos años.

Aldana fue designada el 27 de septiembre para integrar el equipo que dirige el fiscal jefe de Quintero Mauricio Dünner, investigación que inició el 23 de agosto, dos días después del primer episodio masivo de intoxicación.

Llegó a la zona inmediatamente desde Talcahuano, donde tiene su oficina. “Lo primero que hice en Quintero, fue salir a la calle para sentir el frío en la tarde, hacia dónde corre el viento, cómo era el aire. Había que ir a la bahía, navegar, conocer la orilla de la playa. Llama la atención la cantidad de industrias. Esto será un trabajo arduo”.

—¿Cuál fue su primera impresión?

—En Talcahuano tenemos una zona industrial amplia con empresas distribuidas dentro de un mismo sector, pero no de la forma tan concentrada que vi en Quintero. El proceso industrial genera residuos y contaminación, eso es difícil de evitar, pero si se instalan tantas industrias una al lado de la otra, claramente habrá un impacto medioambiental, y eso es evidente cuando uno se acerca al lugar.

Desde pequeña, dice Aldana, sintió la necesidad por cuidar el medioambiente. “Mi origen me marcó”, dice. Vivió su infancia en la localidad de Trehuaco, actual región de Ñuble: “Aunque en el campo no hay alcantarillado en todas partes, normalmente no hay contaminación. Allí la gente entiende los tiempos de la naturaleza, conoce desde los bichos más chicos hasta los animales grandes, y su importancia. Lo que se enseña en el colegio es que los ecosistemas tienen que estar equilibrados”. Y añade: “En el campo, la gente sabe que cualquier alteración echa a perder la tierra”.

“No teníamos laboratorios”

Sus primeros casos fueron de la zona de Quirihue en 2003. Pero no tuvieron buen puerto. El problema: “No teníamos laboratorios propios para peritajes. Empecé a solicitar diligencias yen la PDI me decían que no podían realizarlas. Luego se dieron cuenta de la necesidad. Así surgió la sección de ecología y medioambiente (2004), un grupo de peritos del laboratorio de criminalística de Santiago que se dedica exclusivamente a esto”.

Ella también tuvo que perfeccionarse. Lo hizo en metales pesados, conformación y formas de las moléculas, “porque no sabía cómo funcionaban y dependía del perito para que me explicara qué diligencias eran necesarias”.

Así, su trabajo obtuvo resultados. Entre ellos, una sentencia de 541 días contra un operario de la planta Nueva Aldea de Celco, Ñuble, por un accidente radiactivo que afectó a otros tres trabajadores en 2005; la suspensión condicional del procedimiento por el derrame de petróleo en San Vicente (2007), en el cual tuvo participación Enap y el barco New Constellation que descargaba crudo en la bahía; y una salida alternativa similar en Bocamina.

Penas muy bajas

—Esos casos terminaron sin llegar a juicio, con suspensión condicional.

—En el caso de delitos medioambientales hay que considerar siempre que las penas son muy bajas o, incluso, son solo multas. Y eso, versus un término del caso donde se mejore significativamente un ecosistema, es mucho mejor la segunda opción. En la causa del muelle de petróleo de San Vicente determinamos que fue un problema de mala mantención de las tuberías submarinas que tenía Enap, las que se conectaban al barco para poder trasladar el crudo hacia los estanques. La suspensión condicional consistió en cambiar la forma de descarga, construyendo un muelle nuevo.

Y explica: “El juicio no siempre es lo mejor para la comunidad. En Bocamina se cerrarán todas las áreas del vertedero que tenían fallas y eran fuentes de contaminación. Se establecerá un sistema de cierre de altísima calidad, al que no estaba obligada la empresa, que nos asegura que la lluvia no tocará la ceniza y, por lo tanto, no la arrastrará a las capas subterráneas. Además, habrá un protocolo de vigilancia por los dos años que dure la suspensión”.

—Fue criticada por esa decisión.

—Uno se acostumbra a eso. Fue la mejor salida.

La investigación contra Bocamina la inició de oficio tras leer los reclamos de los pescadores de la prensa local, y al igual que en Quintero, el descontento social crecía en la medida que el caso avanzaba. Pero este escenario no le preocupa: “Prefiero que la comunidad tenga presente este tipo de problemas y pida las soluciones, dentro del respeto y marco legal. Esas movilizaciones permiten el inicio de causas o levantar la importancia de un caso”.

Donde ve cuellos de botellas es en las penas, que en el mejor de los casos culminan con firmas o multas que no superan los $2,4 millones. Muy distinto al escenario internacional: “La experiencia europea va muy adelantada. Hay delitos medioambientales y una amplia jurisprudencia. Los barcos mercantes saben que contaminar es pena de cárcel”.