Las razones de las familias que se niegan a abandonar el Punilla

La casa y galpones de Tomás Labrín fueron derribados el jueves pasado en el marco de los desalojos de cinco familias del sector A de Punilla, que se resisten a aceptar el Plan de Desarrollo Social del Ministerio de Obras Públicas. Sin embargo, hasta ayer se mantenía acampando en las afueras de lo que fue su predio por más de 30 años.

“Estoy reclamando lo que me corresponde, mis derechos, que tomen en cuenta lo que voy a perder, todo lo que yo hago no lo haré en otro lado, me ofrecen una media hectárea y una casa para vivir, pero no tienen idea, no doy pie atrás, yo me quedo aquí, mis animales no los dejo botados”, aseguró el día del desalojo y cumplió su palabra.

Pese a que la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas del MOP garantizó mediante una minuta el resguardo y cuidado del ganado de las familias en lotes que están a su tuición, Labrín sostiene que al menos cien de sus 250 animales están dispersos en la cordillera.

Ángela Valenzuela y Héctor López fueron la primera familia desalojada, y también se quedó en un campamento improvisado frente a la casa que habitaba. Su hijo está al cuidado de familiares. Ellos se encuentran en situación de allegados, pero rechazan recibir la compensación.

Al igual que Miriam Fuentes, Rosa Morales y Enrique Caro se niegan a aceptar el Plan de Desarrollo Social.

“Tenemos gallinas, gansos, animales vacunos, qué harán con nuestro animales, tengo un negocio que funciona hace 40 años, no somos delincuentes, somos gente trabajadora, yo no tengo nada firmado, solo la expropiación del terreno y de la casa, por qué no me avisaron, no estamos en contra de este proyecto, pero deben darnos lo que corresponde, esto es nuestro sustento”, enfatizó Rosa Morales, quien tiene 70 años y ha vivido toda su vida en Punilla.

El abogado Ricardo Frez, de la ONG Defensa Ambiental, quien asesora a las familias y siguió en terreno el desalojo explica los motivos de la resistencia de las familias para aceptar los dineros y abandonar la cordillera.

“No es que quieran trabar eternamente el convenio, ellos no están buscando ser la piedra de tope del proyecto, sino que se cumplan sus derechos. El inconveniente para ellos es que si se van ahora, pierden la capacidad de negociar, nadie les va a responder por cómo van a estar en cinco años más, y ese es una obligación que el Estado tiene, no solo preocuparse de comprar una casa y un tereno”, puntualiza Frez.

Sobre el monto que el Plan de Desarrollo Social contempla para los allegados, afirma que “hay que matizar el tema, porque si bien se habla de 70 millones de pesos, en estricto rigor son solamente 48, el resto son fondos concursables que ellos tienen que postular para proyectos, no son 70 millones de pesos que van a recibir en la mano”.

En el caso de los dueños de terrenos expropiados, manifiesta que los montos no se condicen con la realidad de los valores de los terrenos en San Fabián. “A la gente que la expropiaron hace poco, le pagaron a tres millones la hectárea, en circunstancias que el valor de una hectárea en San Fabián está a 20 millones, ellos les pagan un avalúo que se acerca casi a lo fiscal, no van a poder comprarse las misma cantidad de hectáreas y mantener su sistema de vida anterior”, recalca.

En relación a las capacitaciones que contempla el Plan asevera que “le piden a la gente que se vaya, que los van a capacitar para que tengan otro oficio, pero no ha sido prioridad de ellos preocuparse qué va a pasar con la familia, a ellos le van a dar una canasta familiar por 18 meses, y qué pasa luego de eso, tienen que generar recursos por sí mismos, si los trasladan a San Fabián, dónde dejan sus animales. Don Manuel, la señora Rosa, son adultos mayores, hay vecinos que no saben leer, a estas alturas tampoco pueden pretender capacitarlos para que trabajen de mecánicos o de chofer, en circunstancias que no lo van a hacer”.

Frez aclara que no todas las familias poseen una segunda vivienda como afirmó el MOP, sino que tres arriendan una provisoriamente o son allegados. En el caso de las otras dos familias efectivamente tienen una segunda vivienda, pero en los terrenos de Punilla realizaban sus actividades productivas.

Sobre el proceso de desalojo sostiene que “ha sido llevado a cabo con una serie de irregularidades, el Estado era dueño del terreno y de la casa, pero los bienes eran de los vecinos, y la obligación de un desalojo es a lo menos dejárselos en la calle, pero demolieron las casas con las cosas adentro, estamos viendo acciones civiles para que indemnicen los daños materiales que sufrieron por la pérdida de sus muebles, y también por el daño moral y todo el sufrimiento que les han hecho pasar”.