Desalojos irregulares en San Fabián de Alico

Foto: Resumen.

Opinión de Christian Paredes y Fernando Cortés, abogados de Fundación Terram y ONG Defensa Ambiental. Fuente: La Discusión. 1 diciembre de 2018.


En el sector precordillerano de Los Sauces y La Punilla, en la comuna de San Fabián de Alico, el miércoles 21 de noviembre comenzaron los desalojos de las últimas familias expropiadas que vivían en el sector donde se construirá el Embalse Punilla, que se niegan a aceptar el Plan de Desarrollo Social propuesto por el MOP, al no contemplar medidas suficientes para garantizar la subsistencia de sus modos de vida tradicionales. Como han denunciado distintos medios y organizaciones , el operativo -en el que participó Fuerzas Especiales y personal de la misma empresa concesionaria del proyecto, la italiana Astaldi-, estuvo marcado por un excesivo uso de la fuerza policial, así como por una serie de irregularidades que atropellan las formas de vida arriera y criancera de los vecinos.

En contraste, tan solo dos días antes, el 19 de noviembre, el Tercer Comité de la Asamblea General de la ONU adoptaba el texto definitivo de la Declaración sobre Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, con el voto favorable de Chile. Aun cuando carece de la fuerza vinculante propia de otros instrumentos internacionales, no cabe duda que esta Declaración representará un avance significativo en el compromiso de los distintos Estados por reconocer y proteger los derechos humanos de los campesinos y campesinas, así como de las poblaciones rurales en general. Al respecto, vale la pena llamar la atención que uno de las razones expresadas en esta Declaración y que motiva este esfuerzo internacional es, justamente, “el número cada vez mayor de campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales que son desalojados o desplazados por la fuerza”, realidad en función de la cual contempla importantes –y no pocas– disposiciones relativas al desalojo y traslado forzado de estos grupos humanos (artículos 12.5, 17 24, entre otros).

Si bien es cierto que la aprobación de esta Declaración por la Asamblea General de la ONU se encuentra todavía pendiente, el hecho que su texto haya sido aprobado con el voto favorable de Chile tan solo dos días antes de los irregulares y violentos desalojos acaecidos en la precordillera de San Fabián denota, nuevamente, la inconsistencia política de este gobierno en el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, especialmente en sede ambiental e indígena.

Desde Fundación Terram y ONG Defensa Ambiental condenamos esta forma de proceder y consideramos que toda medida que implique una transformación social y territorial profunda, como es la construcción y operación del Embalse Punilla y de la Central Hidroñuble impulsados con especial énfasis por este gobierno, debe tener en cuenta la distorsión que ella producirá en las estructuras y formas de producción rurales desde un enfoque de derechos humanos, de manera que se garantice a las poblaciones campesinas un entorno en donde puedan vivir de acuerdo a sus modos de vida tradicionales en paz y dignidad.

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