Gobierno advierte 10 “cuellos de botella” de la minería en medio de activación de proyectos

Entre los tópicos figura la duplicidad y superposición de competencias entre órganos del Estado. Autoridad analiza cambios vía ley. Fuente: Diario Financiero. 6 diciembre de 2018.


Una crítica frecuente en el mundo de los negocios es la dificultad de emprender proyectos en Chile debido a la excesiva normativa y un ambiente que no siempre es amigable a las nuevas inversiones.

En ese contexto, en abril el Ministerio de Minería inició una mesa de trabajo público-privada para identificar los principales ‘cuellos de botella’ que afectan a la industria, respecto a la tramitación ambiental de un proyecto, así como la posterior obtención de permisos sectoriales.

Esto, en un contexto donde para un proyecto de explotación de gran minería se requieren en promedio 2014 permisos e intervienen 34 instituciones, según datos de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables.

El trabajo de Minería contó con la participación de siete instituciones y cerró en noviembre su diagnóstico con la delimitación de 10 temas prioritarios, lo que ha coincidido con la reactivación de proyectos. Los elevados tiempos de evaluación ambiental fue el primer tópico en la lista. Mientras que para una prospección minera estos van entre seis y 14 meses, la evaluación ambiental de una iniciativa registra un promedio de entre 24 y 36 meses.

Otro tema que surgió es el pronunciamiento más allá de sus competencia de los servicios dentro del SEIA. ‘Por ejemplo, las municipalidades se tienen que pronunciar sobre el ordenamiento territorial de la zona donde se va a emplazar el proyecto y a veces piden antecedentes de temas donde ellos no son los competentes para conocer’, explica el subsecretario de Minería, Pablo Terrazas.

El tercer tema es la duplicidad y superposición de competencias entre órganos de la administración del Estado. Uno de los casos que se identificó dice relación con la evaluación de los permisos para construir y operar tranque de relaves, en donde pueden intervenir hasta tres servicios: Sernageomin, Dirección General de Aguas y la Dirección de Obras Hidráulicas.

Además, Terrazas agrega que hay disparidad de criterios entre nivel central y regiones en un mismo servicio; escaso número de profesionales dedicados a la evaluación y aprobación de proyectos y permisos, y falta de especialización de funcionarios respecto a la evaluación y fiscalización.

El séptimo será la falta de claridad respecto a requerimientos para un permiso, y la necesidad de documentos orientadores para la presentación de antecedentes. En el final de los tópicos que se abordará figura el problema con las consultoras ambientales, ya que un número considerable de proyectos no son admitidos a tramitación, sobre todo para la mediana minería (28%). Dentro de las propuestas que se postuló entre los participantes es la creación de un registro nacional de consultoras ambientales. También se trabajará en torno a la duplicidad en la construcción de garantías respecto de infraestructura accesoria a proyectos mineros y la falta de modernización de los servicios públicos, en relación al proceso de solicitud y aprobación de permisos sectoriales.

El paso siguiente es la elaboración de un informe que plasme este trabajo y avanzar en la solución, lo que tomará más tiempo dependiendo de la salida legal que se encuentre. ‘Hay algunas medidas que ya se empezaron a trabajar, por ejemplo en el caso de la ley de cierre de faena’, dice.

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