Grandes pesqueras anticipan escenario «crítico» por reforma a la ley de pesca

Para firmas, la normativa va más allá de la expropiación, y recurren a dicho término para afirmar que pérdida de cuotas se da de manera 'violenta'. Fuente: Diario Financiero. 3 diciembre de 2018.


La industria pesquera está más alerta que nunca. Esto, por los numerosos frentes que tiene abiertos, en especial en el Congreso: al avance que ha tenido la ley que limita el método de extracción de la jibia, se sumó la ley corta del gobierno, que cambia el sistema de concesiones que tiene esta industria, eliminando la renovación automática de los permisos cada 20 años, para comenzar a instaurar un sistema de subastas de cuotas.

Reunidas por Diario Financiero, Camanchaca, Blumar, Foodcorp, Landes, Alimar y PacificBlue, miembros del gremio Asipes, decidieron salir a enfrentar estos temas.

Coinciden en que poner fin a los derechos que ellos tienen dejará contra las cuerdas a la industria, generando una incertidumbre que detendrá inversiones e incluso pone en riesgo la continuidad de algunas empresas.

Es el caso de FoodCorp, firma con una plana de 400 trabajadores. Según su gerente general, Andrés Daroch, «al contemplar licitar 100% de las cuotas, si no logramos adjudicar una parte, no tenemos nada que hacer en el negocio (…) Una pesquera sin cuota no es pesquera».

Gerardo Balbontín, gerente general de Blumar, asegura en esta línea que «nos encontramos en una situación de incerteza completa. Yo a mis trabajadores no sé decirles cuánto tiempo va a durar la actividad. Olvídense de cualquier tipo de inversión que vaya a durar más de cinco años», enfatiza.

A su turno, Ricardo García, gerente general de Camanchaca, advierte que esta restricción para hacer inversiones también afecta a los trabajadores: «¿Qué incentivo tengo para preparar a mi gente y tecnificarla para los próximos años si mi horizonte de tiempo se viene encima?», plantea.

El CEO, además, critica que el modelo de licitación va más allá de una expropiación de sus derechos pesqueros, calificándolo de «expoliación», que en términos académicos se explica como la apropiación de algo ajeno en forma injusta o «violenta».

«Estamos frente a eso, frente a una expoliación de la propiedad de personas chilenas frente a una actitud impávida del país y frente a una actitud que se genera de parte de los políticos y el gobierno», dice enfático.

Roberto Izquierdo, presidente de Alimar, asegura que «en todos los países civilizados las cuotas de pesca funcionan por historia», y pone sobre la mesa que en la ley actual -aprobada a fines de 2012- «se cargaron impuestos que no existen en ninguna otra actividad en Chile, porque se dijo que aquí hay que poner un royalty, igual al de la minería».

Marcel Moenne, gerente general de PacificBlu, pone énfasis en este punto, recordando que «se le aplicó al sector industrial un sistema de impuesto que depende del valor de transacción y de licitación, algo que del punto de vista impositivo no tiene mucha lógica, dado que es un impuesto que se paga a todo evento, se pesque o no».

El escenario político

Los actores aseguran que no bajarán los brazos en esta discusión, pese al complejo escenario que han enfrentado para hacer escuchar a la autoridad y al sector político el escenario en que quedará la industria de aprobarse la normativa tal como está.

«Tenemos un ministro que no se ha aparecido por ninguna parte a discutir ni conversar en el Congreso respecto a los cambios legales que se quieren incorporar (…) Estamos sumergidos y se nos quiere cuestionar por un tema político, que nos impide ver cómo poder avanzar», dice Balbontín.

Reconoce que si bien en el Caso Corpesca «pueden haberse cometido errores», añade que «no por esto se puede sacrificar una industria completa».

Andrés Fosk, gerente general de Landes, asegura que pese a intentos, «los parlamentarios no se atreven a juntarse con nosotros».

García grafica, en este sentido, que si «hoy día se expolia a la pesca, ¿por qué mañana no a otros? SQM estuvo involucrado en algunos juicios de financiamiento a la política. Quitémosles todas las licencias mineras a todos las mineras de Chile».

También asegura que con las propuestas de la normativa, «Chile está abandonando la OCDE, de la cual todos se echan flores. No hay ningún país pesquero de la OCDE que haya propuesto las brutalidades que están presentándose en este proyecto».

Artesanales «semi-industriales»

Este grupo de industriales está de acuerdo en promover proyectos para apoyar al sector artesanal, dado que vive una situación igual de dura, pero advierten la necesidad de diferenciar mejor a sus actores.

Esto, porque hay un grupo de artesanales que, en realidad -dicen-, tiene una categoría mayor como semi-industrial.

«Hoy día el 60% de la captura la realiza el sector artesanal, de eso el 95% la hace un sector que se llama semi-industrial y que representa el 2% de las embarcaciones artesanales de Chile (…) Estamos hablando de semi-industriales con embarcaciones que en promedio valen US$ 400 millones cada una, y es un grupo reducido», sostiene el CEO de Blumar.

Desde Landes, Fosk añade que el sector «está completamente quebrado, porque no alcanzan los pescados para la gran cantidad de permisos de pesca artesanal o semi-industrial que se han entregado durante los últimos 20 años. Y la única razón de por qué no han quebrado es porque la plata para desarrollar ese sector la han puesto estas empresas. Nuestras empresas deben tener en la calle créditos por alrededor de US$ 150 millones en el mundo artesanal, que son varias veces la venta de un año de lo que hacen ellos, porque nosotros somos los compradores del recursos que ellos pescan».

García explica que hoy hay «muchas personas para la cuota que tienen y están en una situación inestable. ¿Y cuál es el mecanismo? Manotear al sector industrial, mientras el Estado mira con pasividad».

En este escenario, el CEO de FoodCorp sostiene que una de las propuestas de la FAO es justamente hacer la distinción entre artesanales de subsistencia y comerciales.

En este mismo frente, Roberto Izquierdo añade que en el caso de la jibia, el proyecto -que se encuentra en camino a ser ley- en favor de artesanales y semi-industriales, al coartar la pesca de arrastre para dejar como único mecanismo la potera o línea de mano, es un «sistema absurdo que no permite sacar la cuota que les corresponde, dejando atrás a Chile versus China o Perú».

Industria inicia ofensiva para defenderse

De acuerdo a los actores, la idea que se ha instalado en torno a la actual ley, de 2013, de que se habrían regalado las cuotas a un grupo de familias «es una mentira», dice el CEO de Camanchaca, Ricardo García. Por eso, en esta oportunidad están decididos a salir a defender su posición.
Asegura que este «regalo» no se alinea con el «incremento tributario gigantesco sin precedente en la historia económica chilena» que consideró la normativa, entre los más altos del mundo, dice.
Las empresas pesqueras sostienen que la normativa se gestó integrando a todos los sectores: industriales, artesanales, autoridades, políticos, entre otros, con miras a llegar a un consenso sobre cada punto. Un proceso que duró dos años.

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