Un desarrollo sostenible basado en los Derechos Humanos

Postura de Fundación Terram frente a la contingencia ambiental.


Ayer lunes 10 de diciembre, se conmemoró el 70° aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, coincidiendo con la publicación del Informe Anual de la Situación de los Derechos Humanos en Chile del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

En el área ambiental, este año el INDH destacó la relevancia que tiene para el escenario actual el perfeccionamiento del desarrollo sostenible en Chile, el cual establece claras limitaciones a la extracción de los recursos naturales en virtud de proteger los derechos de las comunidades afectadas por las distintas actividades industriales.

Según lo que el Informe 2018 destaca, son tres los rubros que generan mayor preocupación en cuanto a su desarrollo (in)sostenible: minería, energía y pesca y acuicultura, siendo estos las que poseen un alto porcentaje de multas aplicadas por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) hasta la fecha. Específicamente, un 64,1% de las sanciones están relacionadas a la minería, mientras que un 16,1% a la energía –principalmente, por la actividad termoeléctrica-, y un 9,5% a la pesca y acuicultura.

Paradójicamente, y pese a la realidad mencionada, la mayoría de proyectos de inversión futuros están concentrados en las áreas de minería y energía, planeando una inyección de 209.931 millones de dólares en Chile. Esto se suma al explosivo crecimiento que ha experimentado el sector acuícola en el país, especialmente la salmonicultura en las regiones de la Patagonia chilena. Durante los últimos cinco años, la producción de salmones ha crecido en un 331% tan solo en la Región de Magallanes.

Son, de este modo, estos tres sectores los que generan la mayor cantidad de conflictos ambientales y registran las mayores faltas al cumplimiento de los compromisos que establecen sus permisos ambientales (RCA’s). Esta relación no es fortuita, ya que refleja la falta de precaución a la hora de permitir el crecimiento de ciertas industrias en el territorio nacional.

A la hora de celebrar los Derechos Humanos, el Estado de Chile debe garantizar el derecho a un medio ambiente libre de contaminación tal como está consagrado en la Constitución Política de la República, pues existe una relación indivisible entre la protección de la naturaleza y la realización de los derechos humanos, “en tanto la degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático afectan el goce efectivo” de aquellos derechos (Opinión Consultiva OC-23/17 de la CIDH), suponiendo que el bienestar ambiental es una condición ineludible para el sustento de las comunidades que dependen económica y culturalmente de los recursos que la naturaleza dispone y, más aún, de la vida en el planeta.

En este escenario, lamentamos el desalojo de las familias afectadas por las obras del Embalse Punilla, que a fines de noviembre fueron desplazadas arbitrariamente por el ejercicio de la propiedad privada -a quienes, por orden del Tercer Tribunal Ambiental, se les sustituirán sus bienes-; así también lamentamos la histórica situación de las Zonas de Sacrificio que hasta el día de hoy están privadas de un medio ambiente sano y, por tanto, de una buena salud. Del mismo modo, observamos con preocupación la crisis del agua que vive la comunidad de Petorca y otras localidades rurales, donde se les ha negado este vital elemento por resguardar los «derechos de agua» privados. Ayer, el Gobierno anunció que comenzará a comprar los derechos de agua para devolverlos al uso humano. Desde Fundación Terram nos preguntamos ¿por qué no se hizo antes?

En Chile se siguen violando los Derechos Humanos en virtud de proteger el interés de unos pocos y esta realidad es preocupante al observar la relación entre proyectos de inversión y multas que expone el INDH. Al parecer, la vulneración de los derechos fundamentales de los seres humanos no tiene límites ni parangón.


Publicado en: Noticias Terram

Etiquetas: ddhh Destacado INDH

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