Chile y el Acuerdo de Escazú
Opinión de Flavia Liberona, Directora de Fundación Terram; Andrea Sanhueza, Directora de Espacio Público; Violeta Rabi, investigadora de Espacio Público; Ximena Salinas, Presidenta de Comité Pro-Defensa de la Flora y Fauna; Ezio Costa, Director de ONG FIMA; entre otros.
En respuesta a las declaraciones de la ministra Schmidt (publicadas el 24 de diciembre), donde indica que Chile cumple con todas las disposiciones del Acuerdo de Escazú y que, por tanto, no sería necesaria su suscripción, creemos importante aclarar que nuestro país presenta falencias de regulación e implementación respecto de varios de los estándares establecidos en el mismo. Lo anterior se encuentra respaldado por la última evaluación de desempeño ambiental de la OCDE. Asimismo, países que se sitúan en una mejor posición que Chile en materias reguladas en el Tratado, tales como Panamá, Perú y México, no se han restado por el hecho de ya cumplir con los estándares y, por el contrario, lo han suscrito. Escazú establece que el Estado debe ser proactivo con su ciudadanía para garantizar el derecho de información, participación y justicia ambiental.
Ejemplificando, bajo Escazú, en todo proceso de toma de decisiones ambientales, el Estado deberá entregar la información necesaria de manera clara, temprana, oportuna y comprensible para asegurar la participación pública. Además, se deberán promover mecanismos alternativos de solución de controversias y establecer mecanismos de apoyo para los más vulnerables, tales como asistencia técnica y jurídica gratuita. Finalmente, es el primer tratado internacional que aborda específicamente la situación de los defensores ambientales, disponiendo que se debe garantizar un entorno seguro y propicio y reconocer, proteger y promover sus derechos, además de prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones.
Al respecto, en nuestra regulación nacional existe un importante espacio de mejora en estas materias. Solicitamos nuevamente al Presidente o a la ministra que nos reciba en una audiencia para relevarle la importancia de una pronta firma y ratificación de este acuerdo, que pone en el centro del desarrollo sostenible a la ciudadanía. Sin su firma, las políticas ambientales del Gobierno, así como hospedar la próxima Cumbre de Cambio Climático, quedan en entredicho. Nuestro país necesita, más que discursos, liderazgos sólidos que abracen la causa de los derechos humanos, la democracia y medio ambiente para abordar los acuciantes desafíos y conflictos presentes en Chile.