Editorial: Abran las escuelas, cierren las industrias

Como es de público conocimiento, producto de una intoxicación masiva por contaminantes atmosféricos de origen industrial, entre los meses de agosto y noviembre del 2018 fueron atendidas en las comunas de Quintero y Puchuncaví más de 1.500 personas afectadas por cefaleas, vómitos, diarreas, mareos y desvanecimientos, de las cuales más del 50% fueron menores de edad. Ante esta dramática situación, una de las primeras medidas que ordenó el gobierno fue la suspensión de clases en las escuelas de dichas comunas, decisión que se mantuvo hasta fines de septiembre, pero sin ordenar que –vale la pena puntualizarlo– ninguna de las empresas del llamado “cordón industrial” de la Bahía de Quintero dejase de operar. Esto, que parece fuera de todo sentido común, es lo que ha venido sucediendo en la historia de este sector y de muchos otros lugares de Chile, en los que se ha privilegiado la instalación de proyectos y actividades contaminantes sin el debido resguardo a la vida y la salud de las personas.

Sin duda estas situaciones de intoxicaciones masivas generaron un alto impacto en la opinión pública, alcanzando una amplia cobertura mediática, al mismo tiempo que las medidas iniciales adoptadas por el gobierno para responder frente a la crisis eran tardías y erráticas. Debido a ello, en septiembre la Cámara de Diputados, haciendo uso de su facultad fiscalizadora, constituyó una Comisión Especial Investigadora para abordar la situación de contaminación que afectaba a la población de Quintero y Puchuncaví. Por su parte, el mismo mes el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) efectuó una Misión de Observación a la zona afectada, en la que tuvo oportunidad de constatar in situ la gravedad del problema y la afectación a los derechos humanos a la que se vio sometida su población. Este hecho nos llevó a rememorar lo ocurrido siete años antes en la escuela La Greda, en la misma comuna de Puchuncaví, donde se vivieron situaciones similares y que quedaron en el olvido, pues a pesar de haber existido un informe del INDH y haberse constituido una Comisión Especial Investigadora al efecto en la Cámara de Diputados, pocos fueron los cambios en la zona desde entonces.

Recién el 27 de septiembre de 2018, casi un mes después de iniciados los episodios de contaminación y sin haber ordenado la paralización de las industrias de la zona, el Ministerio de Salud decretó alerta sanitaria para dichas comunas, cuya vigencia se extiende hasta el 30 de marzo de 2019, fecha en la que se espera esté ya rigiendo el nuevo Plan de Prevención y Descontaminación para las zonas, luego de que el presentado bajo la administración de Michelle Bachelet fuera rechazado por la Contraloría General de la República.

Si bien se han presentado decenas de recursos de protección y querellas penales ante los tribunales de justicia, así como se ha instruido por la Superintendencia del Medio Ambiente procedimientos sancionatorios contra algunas de las empresas potencialmente involucradas en los episodios de intoxicaciones masivas, no se han determinado hasta el momento responsables claros de los mismos, ni se han identificado con exactitud los compuestos químicos que las provocaron. Esta situación deja entrever las fallas estructurales que subyacen a las llamadas “zonas de sacrificio” y, en el fondo, interpela nuestro modelo productivo gestado al alero de un entramado jurídico-institucional que históricamente ha permitido y tolerado situaciones de injusticia ambiental con total complacencia de las autoridades de turno.

En este sentido, la negligencia con que han operado los distintos gobiernos en los procesos de dictación de normativa ambiental es evidente, dando pie a situaciones escandalosas, como la inexistencia de una norma primaria de calidad ambiental para arsénico o la ausencia de una regulación específica para la protección del suelo.

Así las cosas, las medidas y reformas que, con tanto ímpetu, ha pretendido impulsar el gobierno del Presidente Piñera con miras a promover la inversión –como la creación de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) o el Proyecto de Ley “Agenda Pro Inversión I”– se nos presentan ciertamente como paradojales, pues habrán de desenvolverse bajo un orden que definitivamente es insuficiente para materializar el derecho de las personas, especialmente las más vulnerables, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Esto se torna todavía más preocupante frente a la persistente negativa del gobierno actual a suscribir el Acuerdo de Escazú, primer instrumento internacional a nivel regional en garantizar, con carácter vinculante para los Estados, los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Lo anterior dice mucho sobre las prioridades políticas de este gobierno, que obnubilado por la productividad y la certeza económica, ha demostrado tener una sensibilidad especialmente baja ante la realidad de los habitantes que día a día sufren las externalidades del crecimiento económico del país entero. En este sentido, situaciones como las intoxicaciones masivas ocurridas en las comunas de Quintero y Puchuncaví, o el irregular desalojo de los vecinos de los sectores de Los Sauces y La Punilla para la construcción del Embalse Punilla en San Fabián de Alico, representan ejemplos patentes y brutales de esta afirmación. El Ejecutivo debe comprender que estos problemas de carácter netamente ambiental, se tratan también de problemas de justicia social y, sobre todo, de derechos humanos, cuya protección frente a otras prioridades políticas no es una opción, sino un deber del Estado que –como dice nuestra Constitución Política– se encuentra “al servicio de la persona humana”.