El agua es un derecho, no una mercancía

Postura de Fundación Terram frente a la contingencia ambiental.


En una entrevista publicada este fin de semana, el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, expuso algunos detalles sobre la indicación sustitutiva que el Gobierno introducirá a la reforma del Código de Aguas, que se encuentra actualmente en segundo trámite legislativo en el Senado. Uno de los puntos abordados por Fontaine y que ha generado polémica en estos días, es que se mantendría la indefinición temporal de los derechos de agua tal y como los hemos conocido hasta hoy, barriendo de este modo con las aspiraciones iniciales de la reforma que intentaban transformar el derecho de aprovechamiento de aguas en una concesión de duración limitada (sólo para los nuevos derechos, máximo treinta años prorrogables).

Fontaine señaló además que esta indicación dará la facultad al Estado de comprar derechos cuando la escasez hídrica afecte la disposición del agua para consumo humano. Si algún beneficiario no quisiera vender, el Estado tendrá la facultad de expropiar esos derechos de agua. Desde Fundación Terram observamos críticamente ¿dónde está el rol del Estado?, ¿dónde queda el interés público asociado al agua?

Con reformas como esta, se perpetúa un sistema donde el Estado descuida su función reguladora y, más aún, pasa a transformarse en un actor más del mercado comprando derechos de agua que fueron entregados gratuitamente y a perpetuidad. Es evidente que al Gobierno le interesa mantener la certeza jurídica y económica de los inversionistas por sobre la seguridad del acceso humano al agua. Con ello, son las comunidades las que se mantendrán a merced de un mecanismo de asignación de aguas imperfecto, donde prima el acaparamiento del recurso más básico para el bienestar humano y ecosistémico.

El nuevo plan del Gobierno deja muchos flancos abiertos, ya que propone perfeccionar un mercado donde -idealmente- el Estado, los privados y la sociedad civil tendrán un rol, pero, al parecer, el Ejecutivo olvida que este mercado empieza en un escenario asimétrico, donde las condiciones de cada actor para competir son muy diferentes. Una de ellas es que al día de hoy ya existen personas sin acceso al agua potable, a la cual se suma una gran brecha de acceso a la información, ya que los derechos de agua transados no necesariamente están registrados en la Dirección General de Aguas. Con ello, no existe información pública y de fácil acceso sobre los derechos otorgados por cuenca, como tampoco sobre cuales cuencas han sido sobre otorgadas; y no existe información pública sobre cómo, cuándo y a qué precio se transaron tales derechos.

En definitiva, el problema de fondo arrastra consigo una historia de asignación de derechos heterogénea e inequitativa que no ha logrado ser subsanada por el funcionamiento del mercado, pues no ha existido una adecuada política pública que le respalde. Se torna necesario, entonces, fortalecer el rol regulador de un Estado que vele bajo la perspectiva de interés público este mercado. Un Estado que comprenda la necesidad de distribuir este recurso de manera equitativa en tiempos de escasez y variabilidad climática. Un Estado que comprenda que el agua es un derecho humano.

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