Familias desalojadas en San Fabián apelan a Suprema tras rechazo de recurso de protección

Por su parte , el Comité Ñuble Libre declinó presentar apelación, señalando que centrará sus esfuerzos en la arista ambiental. Parlamentarios de Ñuble y Seremi de Obras Públicas valoraron fallo. Fuente: Crónica Chillán. 23 enero de 2019.

Con la finalidad de revertir el fallo en primera instancia de la Corte de Apelaciones de Chillán, que estableció que los desalojos de los habitantes de los terrenos por donde pasará el embalse La Punilla se ajustaron a derecho, los abogados Giovanni Gotelli y Alex Quevedo, en representación de cuatro familias que presentaron un recurso de apelación ante la Corte Suprema.

A juicio de Giovanni Gotelli, lo decidido no se ajusta a derecho, “aquí ha habido una legislación de carácter ambiental que no se ha cumplido. El fallo de la Corte de Apelaciones es una determinación netamente civilista”, explicó el jurista.

Según Gotelli, en términos generales el fallo ha dicho que la expropiación está bien hecha, “y que en consecuencia el Consejo de Defensa del Estado (CDE) al haber hecho la ocupación material de los terrenos mediante el lanzamiento y posterior destrucción de las viviendas de las personas, es un acto que se ajusta al derecho civil, que es el proceso expropiatorio. Entendemos que la acción del CDE ha sido un abuso del derecho porque no se respetó el derecho de terceros ocupantes que no son los expropiados, el que estaba protegido por la legislación ambiental en una resolución de calificación donde hay un proyecto social que debe cumplirse lo que no se ha hecho”, remarcó el profesional.

A lo ambiental

A juicio de Ricardo Frez, abogado de la ONG de Defensa Ambiental, que representa a 9 familias afectadas por los desalojos, el fallo de la Corte de Apelaciones no fue sorpresivo. El rechazo del recurso de protección va en la linea del rechazo a la orden de no innovar que presentamos el mismo día con la intención de paralizar los desalojos, por lo que era una resolución que esperábamos”, explicó Frez.

Para el jurista de la organización ambiental, la determinación de la corte chillaneja abordó lo civil y no lo ambiental, “los fundamentos que da el fallo apuntan a que el proceso expropiatorio y la toma de posesión material se llevaron a cabo sin mayores inconvenientes. Eso nunca lo hemos discutido. Sin embargo deja de lado el cumplimiento de las medidas ambientales que son complementarias con el proceso de desalojo, señalando que éstas deben ser vistas por la Superintendencia de Medioambiente y los Tribunales Ambientales, arista que ya abordamos”, detalló Frez.

Si bien durante la jornada, analizaron recurrir a la Corte Suprema, finalmente el equipo jurídico del Comité de Defensa Ambiental optó por no presentar la apelación ante el máximo tribunal del país, ya que centrarán sus esfuerzos en la problemática ambiental.

“Finalmente declinamos apelar, la decisión pasa por la estrategia a nivel general que estamos llevando. La arista civil ya está siendo abordada por Alex Quevedo de muy buena manera, por lo que nosotros nos estamos preocupados por los animales y enfocándonos en las líneas más ambientales que es donde se han obtenido los mejores resultados y donde esperamos que finalmente se generen las sanciones más importantes”, puntualizó Ricardo Frez.

Apoyo

La determinación de la Corte de Apelaciones de Chillán fue valorada por parte de los parlamentarios de Ñuble, pues a su juicio queda claro que el proceso de expropiación y desalojo se ha llevado a cabo dentro del marco legal. No obstante dejar claro que se puede pasar por sobre los derechos de las personas.

“El fallo de la Corte de Apelaciones de Chillán va colocando las cosas en su lugar, hay un proceso donde se han ido cumpliendo cada uno de los mandatos legales en la resolución de los organismos correspondientes. Por ello viene a reafirmar que ha existido un cumplimiento de la legislación y las resoluciones de las instituciones ambientales”, destacó el senador Víctor Pérez.

Por su parte, según el diputado Jorge Sabag, el Punilla es tremendamente necesario para el desarrollo de la región de Ñuble, “pero esto no significa que se pase por arriba de los derechos de las personas”, enfatizó el legislador DC.

Por lo anterior, para el diputado por Ñuble, “lo que ha venido a decir el fallo es que el proceso expropiatorio y de desalojo ha sido ajustado a derecho. Ellos tienen el derecho de apelar a la Suprema, sin perjuicio de ello hay una paralización de las obras determinada por el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia por lo que esperamos que las observaciones realizadas por el organismo ambiental sean resueltas por el titular del proyecto a la brevedad posible y continuar con los trabajos lo antes posible”.

“Es importante para el cumplimiento del cronograma de la construcción del embalse La Punilla la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Chillán, que rechazó el recurso de protección presentado por
quienes se han sentido afectados por la expropiación de sus terrenos”, agregó el diputado Carlos Abel Jarpa (PR).

Bastante más cauto se manifestó en relación a la determinación de la Corte de Apelaciones de Chillán, quien apuntó a que la política critique resoluciones de tipo judicial. “Hay que dejar que las instituciones funcionen ya mi juicio no corresponde que la política inicie cuestionamientos de resoluciones judiciales” sentenció el legislador del PPD.