Áreas verdes para la Bahía de Quintero: una lucha por la autonomía

Fundación Terram se refiere a la contingencia ambiental, específicamente, al plan “Chile Cambia de Aire” para las comunas de Quintero y Puchuncaví impulsado por el MINVU.

Con el anuncio en el territorio del subsecretario Guillermo Rolando, este lunes el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) lanzó el plan “Chile Cambia de Aire” para las comunas de Quintero y Puchuncaví, el cual, entre otras cosas, realiza un cambio al Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso (PREMVAL) al destinar a actividades “inofensivas” las 754 hectáreas que quedaban disponibles en la zona para la instalación de industrias “peligrosas y molestas”.

Los establecimientos industriales “inofensivos” están definidos por el Ministerio de Salud (MINSAL) como aquellos que “no producen daños ni molestias a la comunidad, personas o entorno, controlando y neutralizando los efectos del proceso productivo o de acopio”, los cuales se mantienen dentro de su límite territorial determinado. Ejemplos de la aplicación de esta política no nos son ajenos.

En 2010, el Ministerio de Salud reclasificó a la termoeléctrica Castilla de “contaminante” a “molesta”, caso que llegó hasta la Corte Suprema por la presión de organizaciones ambientales, que señalaban que lo que esta empresa declaraba en su Estudio de Impacto Ambiental la catalogaba como “contaminante”, por lo cual no se podría instalar en Punta Cachos (a 80 kilómetros de Copiapó), zona que solo permitía empresas “molestas”. Finalmente, el Poder Judicial falló a favor de las comunidades, confirmando que esta termoeléctrica sí era una empresa altamente dañina para su entorno, lo cual terminó de confirmar en 2012 cuando rechazó por completo su construcción.

Ahora, cabe destacar que tras la crisis ambiental que vivieron las comunidades de la Bahía de Quintero, el Consejo Regional de Valparaíso ofició al servicio regional del MINVU para que congelara el crecimiento del polo industrial de una vez por todas, postura que comparten las comunidades afectadas al exigir que las 754 hectáreas disponibles se declaren como áreas verdes en el PREMVAL; pero, al parecer, el Gobierno insiste en hacer oídos sordos a esta petición, proponiendo destinarla a actividades “inofensivas”.

Desde Fundación Terram observamos con preocupación la situación actual de las comunas de Quintero y Puchuncaví, donde, ante todo, asoman dos problemas principales: la definición de aquello que es “inofensivo” y, de forma más profunda, la visión que existe sobre el territorio.

Si finalmente el Gobierno decide destinar las restantes hectáreas del parque industrial a actividades “inofensivas”, el panorama se vuelve incierto, ya que los criterios para definirlo pueden cambiar y autorizar procesos que en un futuro sí sean peligrosos para las comunidades, manteniendo, o incluso empeorando, la situación actual del sector.

Pero, lo que resulta más grave, es la visión sobre  la vocación territorial que existe detrás: no existe una alternativa a la actividad industrial. Destinar las hectáreas restantes a una actividad diferente es una opción que ni siquiera entra en discusión. La zona parece estar sentenciada, pero no para el uso de las comunidades que continúan pidiendo un área verde. Para el Gobierno, aparentemente, la sentencia es real: perpetuar la identidad de Zona de Sacrificio de las comunas de Quintero y Puchuncaví, al imponer la necesidad de entregar “certeza jurídica” a los inversionistas, por sobre las demandas de sus habitantes que resisten las circunstancias, esperando recuperar un territorio que el Estado condena.

Es claro que esta bahía es un lugar estratégico-económico para el Estado, pero también un punto de esperanza para las comunidades. Un territorio presto para imponer una lógica civilizadora versus un espacio sobre el cual ejercer soberanía y la autonomía de las comunidades. Por eso, pacientemente observamos cómo los gobiernos se suceden intentando promover una lógica que, sin lugar a dudas, no acallará un movimiento que ahora está reposando, pero que cualquier día puede volver a estallar en búsqueda de la autoridad que les confiere habitar un espacio que les ha sido arrebatado a costa de la vida y la salud de sus habitantes.