El nuevo megaproyecto que amenaza con elevar la tensión ambiental en Marga Marga

Inversionistas propusieron un acueducto de 40 kilómetros que parte en Quillota, atravesando Limache y La Dormida. "No nos pueden pasar a llevar de nuevo", advirtió alcaldesa de Olmué, Macarena Santelices. Fuente: El Mercurio de Valparaíso, 22 de abril de 2019.


Cuando la situación en la comunidad La Dormida recién volvía a la normalidad, tras intensos diez días en que tres manifestantes protestaron a más de 40 metros de altura en rechazo a la construcción del tendido eléctrico Cardones-Polpaico, de golpe un nuevo proyecto que busca instalarse en el mismo sector amenaza -una vez más- con iniciar una incierta disputa entre las comunidades, las agrupaciones ambientalistas y la empresa a cargo de la iniciativa.

Se trata de una inversión de US$ 210 millones que a fines del año pasado la sociedad Aguas Pacífico, ligada al fondo de inversión Patria Investment, ingresó a tramitación ambiental con el objetivo de conseguir la aprobación de un acueducto que transportará mil litros por segundo desde la costa de la Región de Valparaíso hasta la zona norte de Santiago.

San Isidro-Quilapilún es el nombre de la iniciativa que estará a cargo de llevar el agua de mar que se obtenga desde una planta desalinizadora que se construirá en Puchuncaví, y que ya cuenta con su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada en agosto de 2018.

De acuerdo a lo que informó la sociedad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y en su resumen ejecutivo publicado en el Diario Oficial, el proyecto atravesará cinco comunas del país que ya mantienen un largo historial asociado a proyectos que, a juicio de las comunidades, pueden tener efectos nocivos para el medio ambiente: Quillota, Limache y Olmué, así como Til Til y Colina en la Región Metropolitana.

Una vez que se concrete la construcción de la planta desaladora en la bahía de Puchuncaví -que incluye un acueducto de 28 kilómetros y un estanque de acumulación en Quillota, en el sector de San Isidro se instalará una estación de bombeo y una línea de transmisión de 23 kV -conectada a la subestación San Pedro- que ayudará a impulsar el agua hasta los 900 metros sobre el nivel del mar.

Sin embargo, es la segunda parte del proyecto la que genera mayores reparos en Marga Marga. Según la empresa, su intención es construir otro acueducto de 40 kilómetros desde Quillota hasta la zona de La Dormida, atravesando Limache, además de un túnel hidráulico de cinco kilómetros con el que harán descender el agua vía presión atmosférica.

Para justificar la construcción del proyecto en esa zona, Aguas Pacífico explicó que decidieron minimizar los efectos ambientales que se pudieron haber generado si es que realizaban la conexión por un sector «altamente sensible» como es el cerro El Roble, declarado Santuario de la Naturaleza.

«En este caso, en gran parte el atravieso del proyecto por dicho sitio prioritario es resuelto mediante la construcción de un túnel hidráulico que permite sortear las dificultades técnicas que impone el cruce del cordón de cerros precordilleranos que divide a las regiones de Valparaíso y Metropolitana en el sector de la cuesta de La Dormida», indicaron.

Pero además, anticipándose a la oposición que se preveía, la sociedad incluyó la construcción de un estanque de distribución en la zona, como parte de un compromiso que asumieron con la comunidad olmueína para habilitar un punto de venta de agua para terceros, de una capacidad de 2.500 metros cúbicos.

No obstante, las explicaciones sobre el trazado escogido y la suerte de «compensación» que entregaría la empresa no logró que parte de las comunidades cambiara de posición.

Tras acudir a la presentación que hizo la compañía junto con el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), desde la agrupación Salvemos la Campana aseguraron que el objetivo del proyecto no era atender la crisis hídrica de la región, sino que el transporte de agua tenía «fines exclusivamente industriales».

La empresa precisó que el objetivo del traslado del agua era para «su venta y distribución a terceros en el área norte de la Región Metropolitana, dotando a este sector de una fuente alternativa de abastecimiento de agua que no dependa del ciclo hidrológico, y por lo tanto, garantice la disponibilidad para uso industrial y/o potable (…) sin necesidad de recurrir a la extracción de recursos hídricos que ya se encuentran sobre explotados».

Desde la agrupación»Libre de Alta Tensión también se criticó la finalidad del acueducto. Uno de sus voceros, Joel González, comentó que «el proyecto viene a ratificar lo que ha ocurrido en los últimos cinco años, que Limache y Olmué empiezan a aparecer en el ojo del Estado como una nueva zona para asentamientos industriales». «Éste no es un proyecto que venga a responder a las necesidades de la comunidad y se aparta de la vocación de desarrollo local de estas comunas», agregó.

Los inversionistas, de todas formas, no sólo han tenido que sortear la oposición ciudadana, sino también con la de los propios alcaldes de las comunas involucradas. Una de las primeras en reaccionar fue Macarena Santelices (Olmué), quien criticó que la compañía no se haya acercado al municipio para informar del proyecto. «No se nos ha preguntado nada, no existen permisos de obras y nuestra postura es radical en cuanto a que no pueden volver a pasarnos a llevar. Sería un escándalo y una falta de respeto enorme», indicó.

Una postura similar dijo tener Daniel Morales (Limache), quien aseguró que hasta que no sepan cuál será el trazado definitivo del acueducto «nos mantendremos en un estado de alerta constante».

«Todavía tenemos dudas en torno al sector que se intervendrá y el impacto que pudiera tener con el medio ambiente, cuál va a ser la profundidad del proyecto y si existirá o no la posibilidad real de que se entregue agua en las zonas de riego», expuso el alcalde.

En esa línea, Morales aseguró que en las últimas semanas han acompañado a las comunidades en el ingreso de observaciones al SEIA, criticando que el sistema no considere la opinión de los municipios como vinculante. «Mientras eso no ocurra, las voces de las comunidades van a ser sólo un saludo a la bandera, lo que es lamentable», cuestionó.

En Quillota, si bien el alcalde Luis Mella afirmó que hay disconformidad con algunos puntos, indicó que junto al Concejo acordaron crear una mesa de trabajo con la empresa para lograr compromisos previos, como que exista una cláusula donde se tenga que entregar agua a la comunidad ante una emergencia.

«La rabia de la gente de San Pedro nace porque debajo de sus tierras pasará agua y no pueden acceder por falta de dinero, lo que es inhumano, injusto y discriminatorio. Hay gente que no tiene agua para regar y ha perdido toda su cosecha por causa de la dramática aplicación de un modelo en que si pagas tienes agua», comentó el jefe comunal, acotando que velarán para que «el paso del acueducto sea razonable y sin impactar en la gente».

En medio de la discusión ciudadana que se genera en la zona, la empresa también ha recibido observaciones de los servicios regionales y municipios durante la tramitación ambiental. Una de ellas es respecto a cuál sería la afectación real que la construcción del acueducto produciría en la actividad turística que presentan Limache y Olmué.

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