El financiamiento de las áreas protegidas sigue siendo una deuda pendiente

Editorial de Fundación Terram sobre la creación del "Fondo Ruta de los Parques" y la responsabilidad del Estado en el financiamiento de las áreas protegidas nacionales.


Esta semana, el Gobierno de Chile anunció la firma del “Fondo Ruta de los Parques”, un convenio de colaboración público-privada que busca conservar, a largo plazo, las tierras pertenecientes a la Red de Parques de la Patagonia.

Este convenio es una iniciativa liderada por las organizaciones Tompkins Conservation y The Pew Charitable Trusts en conjunto con el Gobierno de Sebastián Piñera, para establecer un sistema de cooperación que complemente los aumentos de la inversión pública con inversiones privadas que se destinen a la gestión de los parques hasta que el gobierno asuma la responsabilidad fiscal total.

Sin embargo, este importante anuncio no debe en ningún caso eximir la responsabilidad del Estado en el financiamiento de las áreas protegidas nacionales, aportes que siempre han sido deficientes. Tan sólo el presupuesto asignado al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNASPE) para 2019 disminuyó en un 13,3% respecto al asignado para 2018, sin considerar en este gasto a las áreas marinas protegidas, las cuales se encuentran en una situación aún más paupérrima. Esta tendencia es la que se ha repetido durante los últimos años.

Hace unas semanas, el director nacional de la Corporación Nacional de Fomento (CONAF), José Manuel Rebolledo, reconoció en una entrevista con Tele13 Radio que actualmente el sistema mencionado cuenta con 450 guardaparques a nivel nacional para atender 14,7 millones de hectáreas. Un número, que según su perspectiva, es “muy poco”. Además, según un análisis de Fundación Terram, el aporte fiscal de 2018 no alcanzó a financiar el gasto total del personal que se desempeña en el SNASPE, cubriendo solo un 68% de lo que este ítem representa, y según el presupuesto asignado para el 2019, se proyecta que este año el aporte fiscal solo alcance a costear un 60% del gasto en personal en todo el país.

A todas luces, y sin duda alguna, la creación de este Fondo para las áreas protegidas de la Red de Parques de la Patagonia no exime al Estado de su responsabilidad en el financiamiento de la conservación nacional. El Estado de Chile sigue al debe en este tema, y su deuda no quedará subsanada hasta que la voluntad política para cambiar este paradigma esté expresada en acciones concretas.

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