Los flancos abiertos de la COP 25

Entre el 2 y el 13 de diciembre, Santiago será el epicentro de la cita que contempla la participación de más de 20 mil personas. Aún persisten temas no resueltos: la forma en que el empresariado aportará recursos, contenidos específicos y el cronograma de retiro de centrales carboneras. Fuente: El Mercurio, 19 de mayo de 2019.

Fue en el último comité ejecutivo de la Confederación de la Producción y el Comercio que Alfonso Swett, presidente de la CPC, y Bernardo Larraín, líder de la Sofofa, se mostraron los dientes. Se rumoreaba que las relaciones entre ambos estaban deterioradas hace meses, pero lo que sucedió el martes 7 de mayo en torno a la COP 25 marcó un antes y un después.

Días antes, la Sofofa había creado un grupo de trabajo con 16 miembros —integrado por presidentes y gerentes de empresas y gremios, expertos de la academia y la sociedad civil— el que elaboró una minuta de seis páginas. Ahí exponen la importancia de que el empresariado participe en COP 25 y las grandes temáticas que se deben abordar. Carpeta en mano, se lo presentaron a la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, el pasado 6 de mayo.

‘Chile tiene una tremenda oportunidad para mostrar que los países que se han desarrollado económica y socialmente están mejor preparados para adaptarse y contribuir al cambio climático, desafío en el que nuestras principales industrias son y pueden ser aún más protagonistas de la migración hacia una economía circular y baja en carbono’, precisa Bernardo Larraín.

El último comité ejecutivo de la CPC comenzó a las 8 de la mañana. La idea era abordar los temas relacionados a la COP 25 hasta las 9 en punto, pues a esa hora arribaría a la casona de Monseñor Sótero Sanz el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine. Además, el mandamás de la Sofofa debía abandonar la reunión poco después de las 9, para trasladarse al aeropuerto por un viaje a Alemania.

En la reunión Larraín expuso acerca del documento que el día anterior había entregado a la ministra Schmidt, pero el problema se generó cuando Swett tomó la palabra. Según algunos de los presentes, Larraín acusó al líder de la CPC de apropiarse de argumentos que previamente él le había comentado por teléfono. La discusión comenzó a subir de tono y Ricardo Ariztía de la SNA debió calmar los ánimos.

Sin embargo, tanto Swett como Larraín optan por bajarle el perfil al asunto. ‘Efectivamente tratamos el tema de COP25 en el comité y es normal que en estas instancias haya diferencias de opinión, pero es parte de la discusión de temas tan relevantes’, aclara Swett y agrega ‘como sector empresarial tenemos que ponernos de acuerdo en cómo vamos a enfrentar esta cumbre. Lamentablemente Bernardo (Larraín) tenía un viaje y se tuvo que ir antes que concluyera el comité; pero vamos a seguir hasta que nos pongamos de acuerdo’.

En tanto, Bernardo Larraín aclara: ‘Como Sofofa postulamos que la presencia de la empresa chilena en COP25 sea masiva y unitaria, en un pabellón donde el mundo empresarial participe con una presencia colectiva y no escondiéndose. El desafío es posicionarse como actor relevante y no dejar ese espacio vacío. Debemos hacernos escuchar e instalar nuestros planteamientos de la mejor manera’.

Respecto de la relación con la CPC, el presidente de la Sofofa asegura: ‘Estamos alineados; tenemos roles complementarios y no hay ninguna discrepancia’. Swett, por su parte, define las relaciones con la Sofofa como ‘institucionales’ y destaca que la entidad es muy relevante para la CPC. ‘Aporta mucho en contenidos, tiene muy buen líder y presidente que es Bernardo’, comenta.

Este miércoles 22 de mayo la CPC realizará un comité especial, dado que el martes 21 es feriado, donde esperan zanjar el asunto. ‘Hemos estado trabajando, nos hemos reunido con distintas ramas y esto es prioritario. Es un desafío exigente y estamos atrasados. Pensaba que esto lo íbamos a tener cerrado en el comité pasado, pero esperamos hacerlo esta semana’, concluye Swett.

El Gobierno está preparando tentativamente para un par de días después de la cuenta pública presidencial el anuncio del cronograma de retiro de centrales eléctricas a carbón, aunque según fuentes de La Moneda existe incluso una posibilidad de que el Presidente Sebastián Piñera pudiera incluirlo en su mensaje del 1 de junio.

Fuentes de la industria comentan que, en concreto, no todas las generadoras comprometerían fechas específicas para el cierre de sus centrales.

En enero de este año concluyó el trabajo grupal de la mesa denominada ‘Retiro y reconversión de centrales térmicas a carbón’ que definió que este proceso debía ser gradual de retiro. Lo que vino después fueron rondas de reuniones bilaterales entre la ministra de Energía, Susana Jiménez, y las empresas involucradas: AES Gener, Colbún, Enel Generación y Engie Energía Chile.

¿Por qué negociaciones individuales? Para evitar la sospecha de colusión, ya que organismos como el Coordinador Eléctrico —la entidad que administra la operación del sistema— han establecido que el retiro de centrales tiene efectos en los costos de operación del sistema y, por ende, en los precios de la energía.

En el Ministerio de Energía y también entre las empresas reconocen que las conversaciones para definir el calendario aún no han concluido, y aunque el tema se está manejando con máxima reserva, trascendió que solo dos de las cuatro empresas que poseen centrales de este tipo estarían en condiciones de plantear un ‘día D’ para la desconexión.

El sector energía es responsable del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de Chile, lo que según datos de la Asociación de Generadoras de Chile comprende la producción de electricidad (31%), el transporte (24%), así como los usos industriales (14%), residenciales y comerciales (6%).

Esto explica que esta área sustentará buena parte de los compromisos que el país presentará en el marco de las actividades en torno a la COP25. ‘Los grandes compromisos que se están trabajando vienen del sector energía y no se trata solo de la descarbonización eléctrica, también la electrificación del transporte y de los usos industriales térmicos o la ley de eficiencia energética. Si todo esto se suma, debe ser el 80% de lo que finalmente podemos comprometer como mitigación. Siempre digo que si energía fue parte del problema, ahora será parte fundamental de la solución, así que es fundamental el aporte que hará este sector’, asegura la ministra Jiménez.

Tanto en el mercado como en el sector público hay consenso de que en una primera etapa las candidatas naturales al retiro serían las siete centrales más antiguas del sistema que pertenecen a AES Gener, Engie y Enel Generación. Algunas comenzaron a operar hace más de 50 años (entre 1964 y 1987) y en conjunto suman poco más de 900 MW de capacidad instalada, de un parque total de 5.146 MW a base de carbón, constituido por 27 centrales.

Pese a esta convicción, y a los importantes esfuerzos que algunas generadoras estarían haciendo, en la industria eléctrica aseguran que no todas las compañías están en condiciones para amarrarse con una fecha a firme de cierre. Ese sería el caso de AES Gener y Colbún, por ejemplo.

En el extremo contrario estaría Engie, que ya cumplió con todos los pasos que un hito de este tipo requiere: oficializó la intención, completó el trámite legal de rigor y hasta hizo el castigo contable de dos de las cuatro unidades a carbón que tiene en su complejo Tocopilla, que suman 170 MW. Incluso más. Ha trascendido que la eléctrica de capitales franceses podría comprometerse con un plazo vinculante para la totalidad del complejo Tocopilla, considerando que previamente anunció estar estudiando el retiro de las otras dos unidades carboneras de ese complejo, que en total alcanzan 438 MW.

El retiro de las dos primeras centrales se había agendado para abril de este año, pero no se ha producido porque estaba condicionado a que la línea de transmisión Cardones-Polpaico estuviera disponible, lo que aún no sucede, pese a que después de sortear varios retrasos y dificultades terminó de ser construida y podría entrar en operaciones próximamente, a comienzos de junio, según ha dicho esta compañía.

En el mercado comentan que Enel Generación sería la otra empresa que podría fijar una fecha vinculante para ‘apagar’ una de las dos centrales carboneras que posee: la unidad 1 de Bocamina. ¿Las razones? En el mercado explican que con 128 MW esa central representa solo 1,7% de la capacidad total que posee la firma de capitales italianos (7.521 MW). Lo menor del volumen involucrado, sumado al respaldo que la propia italiana tiene con los activos renovables de Enel Green Power en el país, le facilitarían la decisión.

Los plazos y condiciones del coordinador eléctrico

Poner fecha a firme también choca con recomendaciones hechas por las propias autoridades técnicas en esta materia. La versión final de un estudio que la mesa de descarbonización encargó al Coordinador Eléctrico para evaluar el desarrollo del sistema en un escenario de descarbonización —finalizado en enero y que ahora se conoce—, recomienda ‘analizar mecanismos para adecuar periódicamente las fechas del cronograma de retiro de centrales a carbón que finalmente se defina, de forma de evitar efectos adversos en el costo del suministro eléctrico, su calidad y seguridad de servicio, y no afectar la competencia en generación’.

Una de las opciones que algunas empresas estarían poniendo sobre la mesa del Ministerio de Energía es la reconversión de centrales para aquellas que llevan menos de diez años de servicio, que es el caso de catorce unidades entre las que hay centrales de las cuatro empresas generadoras, además de Infraestructura Energética Mejillones (IEM) de Engie, la última central a carbón que se construyó en el país y que por estos días está completando las pruebas técnicas para conectarse formalmente al sistema.

Este complejo tendría una vida útil estimada de 35 años, lo que la dejaría en funcionamiento hasta 2054, un plazo muy extenso, considerando que, según comenta un ejecutivo de la industria, el cronograma de retiro que se apresta a presentar el Gobierno fijaría el ‘apagón’ del carbón en una fecha entre los años 2040 y 2045.

La reconversión podría ser a gas natural, pues ya hay experiencias de ese tipo. La central Kelar, de BHP, comenzó como un proyecto a carbón y terminó siendo adaptado al gas.

En el sector privado advierten, eso sí, que cualquier compromiso y el hecho de que pudieran no fijarse fechas para el cierre de todas las carboneras se debe a la falta de definiciones en aspectos considerados claves, como la denominada flexibilidad, donde se fijará el precio que tendrán los servicios de respaldo para la generación eólica y solar, que son intermitentes y que cada vez pesarán más en la matriz.

Otra de las incertidumbres que plantea la industria —y que el Coordinador Eléctrico también recoge— es respecto de las inversiones adicionales en transmisión que se necesitarían para transportar toda la energía renovable adicional requerida para reemplazar el carbón, que el año pasado representó el 40% de la generación total del sistema.

El cálculo de esta entidad es que la inversión se elevaría a US$ 4.506 millones en el lapso 2020-2040, versus los US$ 2.387 millones que supone un escenario con centrales a carbón en igual lapso. Aunque, por otro lado, los costos de operación bajarían desde los US$ 1.960 millones el año 2020 a US$ 739 millones al 2040.

El Gobierno está preparando el anuncio del cronograma de retiro de centrales eléctricas a carbón tentativamente para un par de días después de la cuenta pública presidencial, aunque según fuentes de La Moneda existe incluso una posibilidad de que el Presidente Sebastián Piñera pudiera incluirlo en su mensaje del 1 de junio.

Conseguir los recursos está siendo uno de los grandes desafíos para la COP 25 y no ha estado exento de complejidades. Según Cristián Varela, gerente general del evento COP 25 —entidad que funciona desde marzo en La Moneda y que coordina toda la logística, producción y financiamiento del encuentro—, el costo total de la cumbre es US$ 90 millones.

Un poco más de un tercio de eso, US$ 35 millones, saldrá de las arcas públicas y ya fue autorizado por el Congreso. Otro tercio esperan financiarlo con aportes de otros países y organismos internacionales. Conocedores del proceso explican que la Unión Europea, Alemania, Noruega, Luxemburgo y Canadá están en la lista de los países que apoyarán la COP25, a través del financiamiento de iniciativas.

Así, el gran desafío de Varela es coordinar y recaudar aportes privados por US$ 25 millones, además de levantar los 100 mil metros cuadrados en el Parque Bicentenario de Cerrillos para los 11 días que durará el evento, que congregará a más de 20 mil personas. Varela se ha reunido personalmente con más de 60 empresarios y líderes gremiales para invitarlos a sumarse a la iniciativa.

Cercanos aseguran que ya habría unos US$ 10 millones comprometidos.

En el diseño de la COP25 se contemplan dos zonas, cada una con superficies, eventos y derechos diferenciados. La zona azul, con una extensión de 80 mil metros cuadrados, albergará a las delegaciones, pabellones de países y de la ONU, y las salas de plenarios y reuniones. El metro cuadrado tiene un valor de arriendo de hasta US$ 500. La zona verde —de unos 15 mil metros de superficie— tendrá los pabellones de las empresas, instituciones privadas, fundaciones y ONG’s.

En una misiva, a la que ‘El Mercurio’ tuvo acceso, la organización de COP25 invitó y apeló al compromiso del sector privado en un evento que calificaron como ‘un hito para Chile’.

En ella, asimismo, enumeran los beneficios que obtienen las compañías que aporten con recursos para convertirse en ‘main sponsor’: utilizar el logo oficial; invitaciones para actividades de la zona azul de la Cumbre y también para la recepción oficial; espacio de 60 m{+2} en la zona verde para mostrar sus iniciativas en torno a la acción climática; oportunidad de integrar alguna de sus iniciativas en el pabellón de Chile en la zona azul; presencia de la marca en la gira regional COP25; entrega de merchandising corporativo en la zona de acreditación a los miembros de las delegaciones participantes; presencia en página web y app oficial y en campañas de medios de COP25.

Varela declina entregar los montos que han solicitado a las empresas, pero un ejecutivo que fue invitado a participar del evento precisa que para acceder a esta modalidad hay que aportar con US$ 2 millones.

A la segunda opción, la zona verde, se accede desembolsando US$ 500 mil, pero con menos regalías y beneficios.

‘Pedir US$ 2 millones es una locura. El APEC ofrece participar por US$ 275 mil o US$ 150 mil, montos mucho más razonables’, reflexiona una fuente.

Asimismo, la carta recalca que las donaciones en dinero, bienes y/o servicios podrán ser rebajados como gastos para los efectos de determinar la renta líquida imponible; es decir, descontar de impuestos.

Con este fin, el 24 de abril pasado se publicó en el Diario Oficial una ley —la número 21.157— que establece, entre otras materias, el financiamiento y dicta normas para la implementación de la COP25. Tal legislación creó la Fundación Imagen de Chile para coordinar y ejecutar la conferencia y la autoriza para recibir las transferencias que permita la Ley de Presupuestos, donaciones de privados y aportes internacionales. Antes del 30 de abril de 2020 la entidad debe presentar una cuenta detallada de ingresos y gastos al Ministerio del Medio Ambiente.

La Sofofa se ha involucrado en el tema y ha ofrecido canalizar los aportes mediante el cobro de una cuota extra gremial, que vaya destinada a la Fundación Imagen de Chile.

Si bien las empresas no dudan de la relevancia del foro y sus temáticas, la manera de entregar los recursos aún no concita acuerdo. Algunos creen que donar en bloque, ya sea por sector o gremio, dejando anónimo el nombre de las empresas individuales, resulta ser la mejor opción para evitar eventuales conflictos de interés.

‘Nos referimos a un fideicomiso ciego por el concepto que hay detrás, más que por el instrumento mismo. Que sea una canal ciego, porque nuestro fin es posicionar un espacio de debate y no a una empresa en particular’, estima el presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín.

El líder de la CPC, Alfonso Swett, expone la postura del gremio: ‘Se hizo una ley y existe el mecanismo claro para que las empresas aporten directamente. Hay dos ramas de la CPC —declina decir cuáles— que están a favor de hacer un fideicomiso a nivel de la entidad. EY nos está asesorando con el diseño, pero aún no hemos tomado la decisión. Es un tema pendiente para el próximo comité’, dice.

Otro gremio que ha manifestado interés en ser parte del gran evento es la Asociación de Generadoras de Chile. ‘Chile tiene mucho que mostrar en esta COP25. Las energías renovables, la electromovilidad, la minería de cobre, litio o sales solares, insumos claves para la economía climática. Pero también tenemos que ser responsables en los compromisos que tomemos como país’, asegura el presidente ejecutivo de la entidad, Claudio Seebach.

El tiempo corre y la fecha se acerca. ‘No tuvimos opción y nos subimos tarde a este evento, pero hemos avanzado según lo planificado en nuestra carta Gantt. Las empresas están interesadas y vamos a lograr la meta’, asegura optimista Cristián Varela.

La Sofofa postula que el mejor mecanismo de donación es anónimo, de modo de posicionar un espacio de debate y no a empresas. La CPC dice que dos de sus ramas han planteado este mecanismo, pero que aún no han tomado una decisión, pues es un tema pendiente para el próximo comité.

La génesis de estos encuentros para abordar los problemas del medio ambiente se remonta a mayo de 1992, cuando se realizó la Primera Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. En Brasil se estableció la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) y que entró en vigencia en marzo de 1994. ¿El objetivo? Aumentar en el mundo la conciencia pública sobre los problemas relativos al cambio climático y estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI). Se estableció como el órgano supremo la Conferencia de las Partes (COP), que reúne anualmente a expertos en medio ambiente, ministros, jefes de Estado y organizaciones no gubernamentales.

La primera COP fue en 1995 en Berlín, hace casi un cuarto de siglo. Japón fue el escenario para la COP3 (1997), que vio nacer el Protocolo de Kioto, al que China y Estados Unidos no quisieron suscribirse. Kioto estableció que a 2012 los países desarrollados debían reducir sus emisiones de GEI en 5%, respecto a 1990.

Fue en la COP21 (2015), en Francia, donde se adoptó el Acuerdo de París que firmaron 195 países y que parte en 2020. El documento limita el aumento de la temperatura mundial a 2 ºC mediante la disminución de emisiones de GEI, provocadas por combustibles fósiles. Estados Unidos abandonó el acuerdo el 1 de junio de 2017.

La última cumbre, COP24, fue en Polonia (Cracovia) y no se lograron grandes avances.