Argentina protege sus glaciares de la explotación minera

La Corte Suprema de Justicia Argentina declaró constitucional la Ley de los Glaciares que llevaba suspendida desde 2011. Las empresas mineras habían logrado parar hasta ahora en los tribunales la aplicación de esta norma que prohíbe la explotación minera en ambientes glaciares. Esta ley ha provocado un gran malestar dentro de los grupos mineros. Los ecologistas argentinos piden el cierre de la mina de Veladero, una de las que provoca más accidentes del país.

La decisión del máximo tribunal es el punto final de un largo camino, iniciado en 2011 por la minera Barrick Gold, que opera los yacimientos de Pascua Lama y Veladero en San Juan. Entonces, la empresa pidió que se revisara la legalidad de la normativa. Planteaba que debían ser redefinidos los límites geográficos y morfológicos de los sitios donde puede practicarse la actividad porque en buena medida, así como está escrita la ley, los dejaba fuera del negocio.

El fallo implica lecturas múltiples. Fue celebrado por ambientalistas como una medida en defensa del medio ambiente. Pero generó interrogantes sobre el futuro de la industria minera, principal perjudicada por esta decisión. Por elevación, significa además un golpe para el Gobierno, que buscaba modificar la ley para garantizarse nuevas inversiones del sector.

La decisión de la Corte, en contra de las pretensiones de Barrick Gold, no solo supone un problema para esta compañía, sino que además definirá la suerte de otros 44 proyectos mineros que por su ubicación, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Ambiente, afectan áreas glaciares. Estos proyectos están ubicados en Santa Cruz, Chubut, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca. Muchos de ellos se encuentran en etapa de estudio. Pero ayer mismo, fuentes del sector deslizaron que si quedaran paralizados podrían representar una pérdida de entre 10 mil y 18 mil millones de dólares en inversiones para el país.

El fallo salió de manera unánime. Entre los principales argumentos, los jueces consideraron que Barrick Gold y Minera Argentina Gold no habían demostrado que el sistema de preservación de los glaciares establecido por el Congreso les generase algún tipo de daño en su derecho de explotación minera. Agregaron que la provincia de San Juan, que se había adherido a las empresas para obtener la inconstitucionalidad, tampoco había podido explicar en qué medida la existencia de la ley de glaciares le generaba agravio.

Resaltaron que la Constitución Nacional establece que la protección del medio ambiente es una tarea conjunta del Gobierno nacional y de las provincias. Y concluyeron que “la lectura propuesta se inscribe en el consenso internacional que aprobó el Acuerdo de París en 2015, ratificado por la República Argentina en 2016, sobre calentamiento global”. El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, destacó entre sus argumentos que no existía un caso o controversia judicial a los fines de que la Corte pudiera expedirse.

La ley de protección de glaciares establece los presupuestos mínimos para “la protección de los glaciares con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad, como fuente de información científica y como atractivo turístico”.

Larga espera: la norma quedó en suspenso una y otra vez

La norma tuvo un debut intrincado. El 10 de noviembre de 2008, al poco tiempo de ser sancionada, Cristina Kirchner la vetó, argumentando que excedía las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución. Sobradas fuentes señalaron entonces que aquella decisión presidencial se había dado como una concesión a las presiones de la industria minera. El periodismo lo llamó “El veto Barrick”, aludiendo a la minera Barrick Gold, cuyos proyectos Pascua Lama y Veladero, en la provincia de San Juan, se veían comprometidos por la aplicación de la ley.

Durante los años siguientes, por medio de amparos judiciales, la aplicación de la norma fue quedando en suspenso una y otra vez. Por ello, las mineras seguían operando. El suspenso no impidió que el Instituto Argentino de Glaciología, el IANIGLA, llevara adelante la cuenta de todos los glaciares del país, un inventario que la misma ley ordenaba que se hiciera. Hace justo un año se conoció el resultado. En Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo. Ocupan 8.484 kilómetros cuadrados.

La minería es una industria muy apuntalada por el gobierno de Cambiemos y sobre todo por los gobernadores de la provincias mineras. Tanto es así que en 2017 se conoció un escrito del gobierno en el que se planteaba directamente una reforma de la ley de glaciares pedida por las empresas mineras. De acuerdo con datos de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, el sector emplea a más de 80.000 personas y el año pasado pagó casi 30.000 millones de pesos en impuestos a las provincias y a la Nación. Pero el caramelo son las inversiones por casi 18.000 millones de dólares que el sector le viene prometiendo al Gobierno desde 2015. En buena medida, muchas de esas inversiones permanecieron frenadas por dos escenarios indefinidos, lo que ocurriera con la situación económica y el destino final de la ley que protege los glaciares.