Pertinencia: la perversa elusión del SEIA

Editorial de Fundación Terram respecto al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental.


Desde su regreso, Sebastián Piñera prometió que su gran misión durante su segundo mandato sería reactivar la economía, acelerando las inversiones. Para ello, el primer paso que debería solucionar el Gobierno sería disminuir la burocracia con que se tramitan los permisos ambientales de los proyectos de inversión. Con ese objetivo, se establecieron dos criterios a desarrollar: el primero, ingresar un proyecto de ley que generara las condiciones para crear una Agenda Pro Inversión, cuyo principal brazo es la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS); y el segundo, modernizar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para que los tiempos de tramitación disminuyeran.

Con el paso del tiempo, observamos que lo más preocupante de la propuesta original de este proyecto de modernización al SEIA, es que tenga la intención de facilitar el proceso de evaluación por el que atraviesan las empresas, dando énfasis y protagonismo a las inversiones, más que una búsqueda para cumplir con su vocación inicial: evaluar el impacto ambiental de las principales actividades económicas del país. Y este es el componente transversal que explica el fracaso de este instrumento.

Desde Fundación Terram hemos sido enfáticos en criticar que este tema continúa al debe en varias de sus metas, aún con los recientes anuncios de modificación que hizo el Ejecutivo al proyecto que modernizará uno de los principales instrumentos de la institucionalidad ambiental nacional. Según nuestra perspectiva, aún falta claridad en torno a las opciones reales de participación ciudadana que ofrece el proceso. Además, la reforma carece de instrumentos que normen algunos vacíos legales que permiten que las industrias continúen ampliando y/o modificando sus operaciones sin necesariamente ingresar a evaluación ambiental.

Con ello nos referimos al perverso uso de las “consultas de pertinencia”, herramienta con la que los inversionistas solicitan al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ampliar y/o modificar sus operaciones sin pasar nuevamente por un proceso complejo de evaluación, es decir, sin ningún tipo de consulta ciudadana o apreciación de organismos técnicos de sus intervenciones.

Este proceso se explica de la siguiente manera en el SEA: “Sin perjuicio de las facultades de la Superintendencia para requerir el ingreso de un proyecto o actividad, los proponentes podrán dirigirse al Director Regional o al Director Ejecutivo del Servicio, según corresponda, a fin de solicitar un pronunciamiento sobre si, en base a los antecedentes proporcionados al efecto, un proyecto o actividad, o su modificación, debe someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. La respuesta que emita el Servicio deberá ser comunicada a la Superintendencia”.

Es así como, por ejemplo, hoy en día no se tiene una noción clara sobre el desarrollo del polo industrial que opera en Quintero-Puchuncaví, ya que existen ampliaciones que empresas -como Codelco Ventanas- realizaron en la zona a través de “pertinencia”. Por tanto, estas no se pueden fiscalizar como sí se fiscalizan aquellas obras con RCA.

Ante este escenario, ni siquiera las organizaciones de la sociedad civil e, incluso, las mismas comunidades, pueden acceder fácilmente a la información sobre esas modificaciones, ya que la plataforma del SEA donde se encuentran las pertinencias no cumplen con estándares mínimos de transparencia. Asimismo, al no encontrarse las modificaciones aprobadas a través de pertinencias plasmadas en la Resolución de Calificación Ambiental, la Superintendencia de Medio Ambiente, posee limitadas facultades para fiscalizar.

Por todo ello vemos que esta herramienta se ha transformado en una forma de eludir las fiscalizaciones que se le puedan realizar, sumándose este vacío en uno de los tantos temas pendientes a solucionar por el Ejecutivo.

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