Derrame de petróleo Essal: los mismos afectados y beneficiados de siempre

En Chile, el proceso de privatización del sector sanitario comenzó a materializarse hace 20 años, durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle; sin embargo, el desmembramiento del sistema sanitario nacional tuvo su inicio aun antes de eso, en los años ochenta, en plena dictadura cívico-militar. Así, hoy la gestión de las aguas para el consumo humano se encuentra privatizada con empresas como Aguas Andinas, Essbio (Empresa Servicios Sanitarios del Biobío) y Essal (Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos), que además son dueñas de las fuentes de agua gracias a los derechos de aprovechamiento que poseen, según lo establece el Código de Aguas.

La empresa Essal se encuentra actualmente en el en el ojo del huracán, debido a la contaminación de las aguas. Hoy los habitantes de Osorno cumplen seis días sin suministro de agua potable, luego que cerca de 1.100 litros de petróleo, destinados al funcionamiento de un generador, se filtraran la madrugada del miércoles 10 de julio pasado hacia el punto de captación de la empresa, contaminando el río Rahue y “forzando” a la empresa a parar el proceso de potabilización y distribución del vital elemento, dejando sin suministro del vital elemento a unas 200 mil personas.

A raíz de aquello, el  lunes 15 (recién 4 o 5 días después de que se cortara la distribución de agua) el Ministerio de Salud decretó emergencia sanitaria para la comuna de Osorno. La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) aseguró que Essal cometió errores en cadena, comenzando por no advertir de la contaminación sino hasta la madrugada del jueves y, luego, al no estar lo suficientemente preparados para una emergencia de este tipo: la empresa no contaba con suficientes estanques, ni camiones aljibes ni fuentes alternativas de abastecimiento de agua.

Pero esta no es la primera vez que Essal está envuelta en situaciones de este estilo. En 2018, la empresa fue multada la SISS por $400 millones por la contaminación con aguas servidas en el lago Llanquihue, hecho ocurrido en 2017 y que provocó el colapso de la red sanitaria de la comuna de Puerto Varas, lo que llevó a dicha Municipalidad a interponer una demanda ente el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, la que aún no ha sido resuelta. Asimismo, en octubre del año pasado, el ex gerente general de la sanitaria, Hernán König, y la ejecutiva Paula Hormazábal, fueron formalizados por la contaminación del río Clavito, ubicado en la comuna de Los Muermos, producto de deficiencias en el tratamiento de aguas servidas, lo que según la fiscalía significó la muerte de animales que bebían de sus aguas e imposibilitando el aprovechamiento del afluente para el consumo humano.

Las multas a Essal por este episodio de contaminación y corte de suministro podrían llegar hasta las 1.000 UTA, unos 600 millones de pesos según la SISS, lo que parece irrisorio considerando que las utilidades de la empresa llegaron a los $10.000 millones el año pasado. Y es que el Decreto con Fuerza de Ley N°70, firmado por Pinochet en 1988 y que aún continúa vigente, establece la ganancia mínima de un 7% sobre activos para las empresas sanitarias, asegurando multimillonarias ganancias para las empresas y estableciendo uno de los sistemas sanitarios más caros de Latinoamérica. De hecho, en los últimos 10 años, según cifras de La Federación de Trabajadores de Obras Sanitarias de Chile, el aumento de las tarifas supera el 200% en las zonas donde opera Essal.

Desde Fundación Terram sostenemos que el caso de Essal no es una simple negligencia que será resuelta cuando el suministro sea repuesto en la ciudad y las personas vuelvan a tener agua potable; por el contrario, es un problema más profundo que evidencia de forma clara el privilegio que gozan algunas empresas en nuestro país, pues los  daños ambientales, sanitarios y humanos que sus negligencias generan pueden ser resueltos de formas que son más convenientes para las empresas que para las comunidades y ecosistemas afectados, no haciéndose cargo realmente de los daños ocasionados y no corriendo riesgo alguno de perder la operación para la distribución de agua.

Esto se releja en que las multas son bajísimas en comparación a sus ganancias, ya que no alcanzan siquiera a ser una molestia, además de no ser una sanción real, pues sólo se continúa legitimando su capacidad de operar sin considerar el impacto en la calidad de vida humana y del medio ambiente. El lago Llanquihue, el río Clavito y ahora más de 200 mil habitantes de Osorno son sólo algunos casos de comunidades y ecosistemas que han sufrido las consecuencias de empresas que insisten en prácticas negligentes que pueden afectarles, pero que establece beneficios para las mismas. Parece ser una constante en nuestro país ver situaciones como estas, pero al mismo tiempo, es claro que, sin una voluntad real de sancionar e impedir que estas situaciones se sigan repitiendo, no habrá de extrañarnos que en poco tiempo estemos frente a un nuevo caso como este. Y volveremos a repetir las mismas críticas, y tendremos los mismos afectados. Y los mismos beneficiados: las empresas.