La otra polémica de Nova Austral: ambientalistas cuestionan la relocalización de cultivos de la salmonera en aguas de la Reserva Nacional Kawésqar

La firma noruega pretende trasladar cultivos desde el Parque Nacional Alberto Agostini a la Reserva Nacional Kawésqar. Ante ello, Fundación Terram recurrió a Contraloría, adivirtiendo que la compañía ha empleado "un procedimiento ilegal que ha sido permitido por el Servicio de Evaluación Ambiental". Fuente: El Mostrador, 29 de junio de 2019.


La empresa salmonera Nova Austral sigue en la polémica y en la mira de las organizaciones que velan por la protección de la biodiversidad en las aguas del extremo austral del país.

La compañía de capitales noruegos, que está en el ojo de huracán por la denuncia de manipulación de cifras de mortalidad que reveló un reportaje de El Mostrador, pretende trasladar parte sus 26 cultivos desde el Parque Nacional Alberto de Agostini al recientemente creado Parque Nacional “Kawésqar” y la Reserva Nacional del mismo nombre, comuna de Río Verde, Región de Magallanes.

Los planes de la salmonera han abierto un nuevo frente de disputa con el mundo ambientalista. Desde Terram han seguido con atención este proceso de relocalización y acusan que la empresa ha utilizado un “procedimiento ilegal, pero que ha sido permitido por el Servicio de Evaluación Ambiental», según explica la directora ejecutiva de la fundación, Flavia Liberona.

De acuerdo a lo señalado por la fundación, en los meses de enero, febrero, abril y junio fueron ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), por la vía de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), nueve proyectos de centros de cultivo de salmones a emplazarse dentro de las aguas comprendidas en la recién creada Reserva Nacional “Kawésqar”.

Estos nueve proyectos tienen en común que fueron declarados admisibles por el SEA con posterioridad a la publicación del decreto de creación del área protegida antes mencionada, pese a que, conforme con el artículo 11 letra d) de la Ley No 19.300, dichos proyectos debieron haberse presentado por la vía de un Estudio de Impacto Ambiental, al emplazarse de forma evidente en aguas de la ex “Reserva Forestal Alacalufes” y actual “Reserva Nacional Kawésqar”.

Cabe mencionar que, por dictamen de Contraloría, se ha señalado que el desarrollo de actividades de acuicultura en zonas marítimas que formen parte de una Reserva Nacional o Forestal solo puede ser autorizado en la medida que resulten compatibles con los fines de conservación ambiental considerados para declararlas bajo protección oficial, en atención a los cuerpos normativos que las rigen, el acto administrativo que las crea y su respectivo plan de manejo.

Pero tratándose de la Reserva Nacional “Kawésqar”, dada su reciente creación, esta no cuenta todavía con un plan de manejo que señale sus objetivos de conservación ambiental, sin que tampoco estos se encuentren especificados en el decreto de creación de la misma, de manera que la potencial aprobación de nuevos proyectos o actividades en dicha área protegida sin contar con el referido plan de manejo no es razonable y pugna con el principio precautorio.

Dados estos antecedentes, “lo que hemos hecho como Fundación Terram es ir a la Contraloría y pedir un pronunciamiento porque desde nuestro punto de vista la autoridad ambiental, o sea el Servicio de Evaluación Ambiental está incumpliendo la ley ambiental de Chile”, argumenta Liberona.

Los vacíos legales

En declaraciones en el podcast de El Mostrador, “Al Límite del Colapso”, Mauricio Ceballos, investigador del área de océanos de Greenpeace, comenta que “es bastante llamativo lo que se logró inventar. Crear un área protegida donde cada una de las islas, cada una de las rocas emergidas, son un parque nacional y cada porción de agua entre medio es una reserva nacional. Es una de las locuras más sofisticadas que se han inventado en materia de áreas protegidas en el mundo”.

Esto quiere decir que al no ser parque las aguas, tienen un sistema de protección inferior, que escapa al dictamen de la Contraloría que en 2013 prohibió la acuicultura en parques nacionales.

«Hay varios vacíos legales que la industria salmonera ha venido aprovechando por largo tiempo a lo largo de la zona austral del país,que tiene que ver con como interactúa la acuicultura con áreas protegidas del Estado», comenta Ceballos.

«A nosotros nos parece que una correcta interpretación de la ley obligaría a estas empresas que se instalan en reservas a pasar por un estudio de impacto ambiental. Hoy lo que hacen es una declaración de impacto ambiental, donde no hay una línea de base ambiental de lo que hay en ese lugar. Las áreas aptas para la acuicultura se decretan en base a revisar el mapa y definir donde no hay pescadores artesanales y luego simplemente se dibujan polígonos y no se sabe lo que hay en el fondo», añadió el integrante de Greenpeace.

En tanto, para Alex Muñoz Wilson, director para América Latina de National Geographic Pristine Seas, las intenciones de la expansión de esta empresa son alarmantes sobre todo considerando que “es una de las zonas más prístinas del planeta y claramente no dan confianza alguna para pensar que no van a contaminarlo significativamente. Una empresa con estas prácticas fraudulentas no debería tener permiso para funcionar en Chile”.

La criticada relocalización de Nova Austral se suma a la investigación periodística de El Mostrador que reveló correos electrónicos de la gerencia de producción de la compañía salmonera a sus jefes de área, donde se instruye manipular las estadísticas de mortalidad de los salmones para ocultar las verdaderas cifras a Sernapesca – la entidad fiscalizadora -, a fin de evitar multas y mantener su imagen de empresa «sustentable».

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