Senado agrega figura de contaminación grave en proyecto de ley de delito ambiental

Esto considera eventuales afectaciones posteriores provocadas por el episodio en cuestión, ya sea a las personas o al medioambiente. Fuente: La Tercera, 23 de julio de 2019.


Un avance en la votación de las indicaciones que ingresaron al proyecto de ley de delitos ambientales se registró en la Comisión de Medio Ambiente del Senado.

En la sesión de hoy fueron aprobadas las indicaciones presentadas por los senadores Guido Girardi, Ximena Órdenes e Isabel Allende, las que, entre otras cosas, añadieron al proyecto la figura de “delito grave de contaminación” que incluye, además del daño ambiental propiamente tal, eventuales afectaciones posteriores, tanto a las personas como al medioambiente que esto pueda generar.

La indicación por grave contaminación considera sanciones de presidio menor en su grado medio y multas que van desde las UTM 100 (unos $4,9 millones) a UTM 5.000 (unos $245,2 millones).

En ese sentido, cabe recordar, que la iniciativa del Ejecutivo sólo incluía el delito por daño ambiental, el cual considera sanciones de presidio menor en su grado mínimo y multas desde UTM 100 a UTM 2.500 (unos $122,6 millones).

Ahora bien, en cuanto a las indicaciones presentadas por el gobierno, la comisión rechazó una propuesta que buscaba que los Tribunales Ambientales fueran los que acreditaran el daño ambiental, para que luego el Ministerio Público pudiese querellarse.

Con esta negativa, ahora el Ministerio Público podrá ejercer la acción penal sólo a partir de la comisión del hecho dañoso para el Medio Ambiente.

Con todo, se espera que la comisión finalice mañana la votación de las indicaciones, tras lo cual el proyecto pasaría a la Sala para ser votado en particular.

El socio de Cariola Díez Pérez-Cotapos, Martín Astorga, indicó que es preocupante que se dejara fuera la figura del Tribunal Ambiental para acreditar el delito.

“Es preocupante, porque el requisito de la preexistencia de una sentencia del Tribunal Ambiental buscaba mantener coherencia en el sistema jurídico y evitar sentencias contradictorias de distintos tribunales (ambiental y penal). Por otra parte, deja en manos de un tribunal penal el análisis de cuestiones esencialmente técnicas, respecto de las cuales puede no tener las capacidades necesarias para una adecuada resolución”, dijo, añadiendo que con esto, “se abre el espacio para que cada justicia (penal y ambiental) tenga sus propios criterios de reproche respecto de los mismos hechos”.

 

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