El éxodo que agobia a Quintero a un año de la crisis ambiental

Foto: Radio UChile.

El severo episodio de contaminación, ocurrido el 21 de agosto de 2018, marcó el destino de muchas familias de esta comuna, ubicada en la Región de Valparaíso. Unos quieren partir por su salud. Otros se quedan y exigen que mejore la calidad del aire. La vida se hace dura. Fuente: La Tercera, lunes 12 de agosto de 2019.


‘Pienso que acá no hay futuro. ¿Cómo podría estar contenta, si no puedo bailar o bañarme en la playa del lugar donde vivo?’, señala Amanda Bermúdez (16), estudiante de segundo año medio, quien confiesa que comenzó a ver amargamente su comuna a partir del 21 de agosto del año pasado.

Es Quintero. Y a partir de ese día debió acudir varias veces a la urgencia del hospital local con síntomas de intoxicación, por supuestas emanaciones de gases, lo que actualmente sigue bajo investigación de la Fiscalía del Biobío.

A un año de la crisis ambiental en esta comuna de la Región de Valparaíso, la joven relata que le diagnosticaron asma crónica, lo que su familia atribuye a los episodios ocurridos en 2018 y por los cuales debieron ser atendidas 1.370 personas.

Fueron el 21 y 23 de agosto, y el 4 de septiembre del año pasado.

Los vecinos apuntan a que las emergencias sucedieron pues en Quintero y Puchuncaví conviven 50.379 personas con 16 grandes empresas de minería, energía y combustibles, entre otros.

Fueron malos olores, mareos, sensaciones de desmayo, tos, desesperación.

Bermúdez sostiene que a partir de lo ocurrido tomó conciencia del sitio donde reside, lo que la entristece: ‘Cuando termine el colegio me gustaría irme a un lugar más limpio, no quiero enfermarme más’.

Con ella coincide Tomás Silva (18), alumno de cuarto medio, quien también resultó enfermo el año pasado durante la crisis.

Él practica vóleibol y representa a la zona en campeonatos, pero cuenta que este 2019 se han registrado jornadas en las que no se puede hacer nada. Esto ocurre cuando se decretan alertas, preemergencias o emergencias por altos índices de gas dióxido de azufre (SO2), los que ya suman 16 episodios este año.

‘Tenemos que quedarnos en la sala de clases, lo que es frustrante’, añade.

Su madre, Olga Garri, agrega que ha evaluado partir, pero no puede por su trabajo. ‘Apenas pueda me iré, no me gustaría tener hijos acá’, acota Silva.

Algunas familias jóvenes también piensan en un cambio de ciudad. La comerciante Jennifer Acevedo (33) relata que llegó hace 11 años al balneario y compró una casa, pensando en una estadía permanente. Pero Paz, su hija de nueve, se enfermó el año pasado, lo que le generó preocupación.

En los últimos meses, la menor ha sentido adormecimiento de sus piernas, alergias y dolor de cabeza. ‘Me aburrí de la contaminación, nos vamos a Linares en diciembre’, declara Acevedo, quien apuró la búsqueda de un nuevo hogar en el sur cuando supo que estaba embarazada.

Gonzalo Hurtado (47) se suma a la lista. Asegura que su hija Sofía, de 10 años, sufrió síntomas como vómitos y adormecimiento de las extremidades, lo que dejó a su familia con temor respecto de que ocurra de nuevo.

‘Tomamos la decisión de cambiar de ciudad. Nos convencimos de que esta es una zona industrial y no para vivir’, agrega. El problema es que compró su vivienda hace cinco años y sabe que no es fácil venderla por la ‘fama’ que tiene la zona. Todo es complejo ahora.

Lo ocurrido en Quintero y Puchuncaví también ha sido analizado por instituciones como la Defensoría de la Niñez, la que publicó un informe el 2 de agosto pasado, realizado por la U. Católica de Valparaíso.

Se detectó que los niños no pueden ‘jugar al aire libre por el temor a contaminarse al respirar y su sensación de estar más expuestos fuera de los hogares expresa un miedo que se percibe como duradero (…). Muchos ya no practican deportes para no agitarse; otros se preocupan del sentido del viento para ver si pueden estar fuera de sus casas; otros sellan sus habitaciones y casas para sentirse a salvo’.

La población dice estar afectada por las sucesivas crisis: a la última, ocurrida en 2018, se suman intoxicaciones en La Greda y en Puchuncaví, en 2011, y el varamiento de carbón en la playa, que alcanza los 132 eventos este año. Esto lleva también a otro problema, uno nuevo y distinto: que muchas personas deciden no vacacionar en esos balnearios y, con el tiempo, incluso han llegado a vender sus propiedades.

Andrea Masera (60) llegó a vivir hace 10 años a la zona, pero ahora evalúa su partida. Tiene un puesto de chocolates en la plaza de Quintero.

Asegura que ‘la gente ya no viene de vacaciones por lo sucedido.

Esto ha generado un fuerte impacto para el turismo’. Carlos Vegas, dirigente del sindicato de pescadores de Ventanas, en Puchuncaví, ratifica que ‘cuesta mucho vender productos locales, hay desconfianza’.

Junto con quienes buscan migrar están las organizaciones que exigen mejoras ambientales. Hernán Ramírez, dirigente de la Fundación Terram, plantea que se ha pedido al gobierno ‘adelantar la fecha de cierre de las termoeléctricas en la zona, como también el traslado de la fundición de cobre de Codelco’. También solicitan que el Ministerio de Salud realice exámenes para detectar metales pesados en la población.

La cartera anunció la semana pasada que contactará a quienes resultaron afectados en 2018 para hacer un seguimiento de su estado actual.

Alertas

Luego de lo ocurrido el año pasado, en marzo comenzó a regir el Plan de Prevención y Descontaminación de Concón, Quintero y Puchuncaví, que busca que grandes empresas, como Codelco, la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) y AES Gener, reduzcan las emisiones de material particulado, óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre.

Hoy también se aplica una Gestión de Episodios Críticos (GEC), que obliga a las compañías a disminuir su carga contaminante cuando se pronostica mala ventilación. La Intendencia de Valparaíso ha decretado la GEC en 121 oportunidades (hasta el 8 de agosto pasado). La seremi del Medio Ambiente, Victoria Gazmuri, asegura que esto ha permitido que ‘los peaks horarios de dióxido de azufre se redujeran a la mitad en relación al año pasado’.

En paralelo, en mayo se implementó la norma horaria de dióxido de azufre. Según la intendencia, se han constatado 11 alertas ambientales, cuatro pre- emergencias y una emergencia por la presencia de este gas.

Consultadas las firmas Enap y AES Gener, descartan cualquier injerencia en los episodios ocurridos.

Respecto del plan de descontaminación, Enap informó que están invirtiendo US$ 140 millones para reducir diferentes sustancias. En tanto, en AES Gener se explicó que han invertido US$ 215 millones en los últimos años en equipos para abatir contaminantes, con el objetivo de cumplir las normas.

En tanto, el Ministerio Público se encuentra realizando una ronda de declaraciones a ejecutivos de Enap.

En esto, la fiscalía ha ocupado gran parte de los meses de julio y lo que va de agosto.

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