Gobierno dice que ya implementa en Quintero el fallo de la Corte Suprema

Con monitoreos desde el espacio, a través de cámaras de alta resolución, y caracterización físico-química de material particulado fino son dos de las metodologías con las que el Gobierno buscará detectar otros contaminantes atmosféricos, que aún no estén normados y que puedan estar presentes en Concón, Quintero y Puchuncaví, representando un eventual riesgo a la salud de sus habitantes.

Estas son algunas de las medidas con que, aseguró ayer, está cumpliendo el fallo que la Corte Suprema dictó el 28 de mayo y en el que acogió 12 recursos de protección interpuestos a raíz de los episodios de intoxicaciones masivas registrados en esa zona en agosto y septiembre del año pasado.

El máximo tribunal ordenó 15 medidas para mitigar la contaminación en esas comunas, las que desataron controversia al entenderse que no solo fijó al Ejecutivo un estándar de actuación, sino que se involucraba en políticas públicas de cargo de este. Incluso, el Presidente Piñera aludió implícitamente a esta situación durante su cuenta pública de junio, al referirse al respeto que debe existir entre los distintos poderes públicos respecto de sus competencias.

A tres de las medidas, la Suprema les otorgó un plazo de un año desde el fallo. Para otras cuatro, pidió que se acometieran ‘a la brevedad’, y en otras ocho no especificó plazos.

En relación a las medidas de responsabilidad del Ministerio del Medio ambiente, el Consejo de Defensa del Estado —que presentó el escrito— señaló que se están abordando estrategias para ampliar la caracterización de otros contaminantes atmosféricos que pudieran dañar a la salud de las personas, más allá del dióxido de azufre (SO2), óxido de nitrógeno (NOx) y material particulado fino y grueso (MP2,5 y MP10) que viene siendo monitoreado por la red que el año pasado fue traspasada desde las propias empresas al control del Estado.

Aunque la Corte ordena ‘determinar la naturaleza y características precisas de los gases, elementos o compuestos producidos por todas y cada una de las fuentes presentes’ en la zona, el CDE señala que una gestión efectiva debe priorizar las que afecten más la salud.

Considerando las normas ya existentes y el Plan de Descontaminación ya en marcha, el informe dice que se abordan las medidas ordenadas ‘mediante dos cursos de acción: identificar las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) y sus fuentes y caracterizar la calidad del aire’. Ello, mediante estudios independientes a lo que declaren las propias empresas.

El CDE también informa que partieron iniciativas para inventariar la contaminación del agua de la bahía de Quintero con el fin de dictar una norma secundaria para protegerla.

En materia de salud, el informe señala que la cartera del rubro ya elaboró un perfil de enfermedades que afectan a la población, que se cruzará, una vez que esté listo, con la cuantificación de contaminantes.

Sobre los planes de emergencia específicos para eventos de intoxicación masiva, la Onemi regional inició reuniones técnicas para elaborarlos.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) fue uno de los recurrentes que solicitó a la Corte que pidiera cuenta al Gobierno. ‘El informe de respuesta no tiene el orden de las medidas (presentado en el fallo) ni responde directamente a cada una de ellas. Expone cuestiones que se han venido haciendo desde 2018, antes de la sentencia. Está hábilmente planteado’, comentó su jefe regional Fernando Martínez.

‘El punto no es si satisface nuestras expectativas, sino si avanza o no en proteger los derechos de los habitantes de Quintero y Puchuncaví. Episodios críticos siguen habiendo, como se demostró el martes pasado’, agregó Martínez.