Vecinos de Quintero y Puchuncaví piden a Congreso fiscalizar dictámenes judiciales por contaminación

Foto: Archivo Terram.

Las organizaciones exigen que se resguarde el cumplimiento de las disposiciones que dio la Corte Suprema en el fallo histórico emitido este año. Fuente: Bío Bío Chile, 8 de agosto de 2019.


Hasta el Congreso Nacional llegaron distintas organizaciones medioambientales de la zona de Quintero y Puchuncaví, quienes que se han visto afectados por una serie de eventos contaminantes en la zona de sacrificio.

Solicitaron la creación de un frente parlamentario para exigir la ejecución de la sentencia de la Corte Suprema sobre las medidas establecidas para la zona.

Guido Girardi, senador de la Comisión de Medio Ambiente, mencionó que se está protegiendo a tres empresas: Codelco, AES Gener y ENAP, que son responsables del 80% de la contaminación en la zona y que además espera que se cumpla el fallo de la Corte Suprema, para que obligue al Estado a hacerse cargo de este problema, según palabras del senador.

Por otro lado el diputado Diego Ibáñez, dijo que este era un fallo histórico que había hecho la Corte Suprema, que cambia el criterio jurisprudencial y criticó al Gobierno diciendo que se están cometiendo omisiones ilegales.

María Teresa Almarza, vicepresidenta de al Agrupación Zona de Sacrificio en Resistencia, mencionó que hay un abandono por parte del Gobierno y del Estado hace años, y que no descartan tomar acciones internacionales para solucionar este tema.

Por otra parte, Victoria Gazmuri, seremi de Medio Ambiente, sostuvo una reunión con la Comisión de Salud y Medio Ambiente del Consejo Regional, para dar mayores antecedentes sobre el plan de descontaminación, y mencionó que se han tomado medidas inéditas, como la gestión de episodios críticos, que la Superintendencia de Medio Ambiente esté instalada de manera permanente para la fiscalización de las empresas, entre otra serie de medidas, pero lo que destacó es que se ha mantenido una relación permanente con la comunidad.

Serían cuatro comisiones las que trabajarán en conjunto para hacerle seguimiento al cumplimiento de este fallo de la Corte Suprema, que recordemos que confirma la existencia de una población vulnerada en sus derechos fundamentales.

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