Digamos NO a la Agenda Pro Inversión

Editorial de Fundación Terram sobre el Proyecto de Ley “Pro-Inversión I”.

El pasado 3 de septiembre, se aprobó en la Comisión de Hacienda del Senado el polémico proyecto de Ley “Pro-Inversión I”, el cual introduce una serie de modificaciones a la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente N°19.300 y, especialmente, al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Desde Fundación Terram, hemos sido especialmente enfáticos en promover el rechazo generalizado a esta iniciativa, debido a que nos parece que esta generaría una visión parcializada y desnaturalizante del SEIA, el único instrumento de gestión ambiental que aprueba, fiscaliza y sanciona las iniciativas empresariales que generan algún tipo de alteración sobre el patrimonio ambiental nacional.

La Agenda Pro Inversión es una de las políticas socioeconómicas que el Gobierno de Sebastián Piñera ha empujado con más fuerza desde su regreso. Más, lo está haciendo a costa de la flexibilización de las normativas ambientales nacionales.

Uno de los puntos que desde Fundación Terram hemos enfatizando como crítico en el proyecto, es el carácter vinculante que otorgaría a las llamadas “consultas de pertinencia”, las cuales, hasta ahora, han operado como un instrumento informal que los titulares de proyectos usan para solicitar al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ampliar y/o modificar sus operaciones, sin necesariamente someterse nuevamente al proceso de evaluación ambiental, es decir, sin ningún tipo de participación ciudadana, apreciación detallada de los órganos sectoriales competentes en la materia y/o estudios de base de los ecosistemas a alterar.

Al otorgarles un carácter vinculante, el proyecto Pro-Inversión limitará las facultades de fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) sobre esas iniciativas. Además, este tipo de consultas, desvinculan a las comunidades y organizaciones interesadas a ejercer algún tipo de injerencia sobre los proyectos, lo cual se transformaría en una problemática de participación ciudadana grave.

En definitiva, esta iniciativa devela el bajo compromiso del Gobierno con buscar soluciones a los conflictos socioambientales que aquejan a las comunidades actualmente, otorgándole claros beneficios a los grandes consorcios empresariales y dejando en desventaja a la sociedad civil para reaccionar a sus proyectos.

Revisa la Minuta crítica sobre el proyecto de Ley Pro-Inversión y sus modificaciones a la Ley N°19.300 producida por Fundación Terram.