El papel de las organizaciones ciudadanas ante la ausencia de medidas gubernamentales: la deuda de Chile frente a la crisis climática

Opinión de Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, acerca del rol de Chile y las organizaciones ciudadanas frente al cambio climático y la COP25. Fuente: Le Monde Diplomatique, septiembre 2019.


Hasta hace menos de un año, hablar de cambio climático en Chile, no era tema. Sin embargo, luego que el gobierno de Sebastian Piñera propusiera a nuestro país como sede de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP25), lo cual fue aceptado por el conjunto de países que son parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), todo cambió y parece que hablar sobre el tema es bien visto, aunque no sepamos mucho de qué se trata o no estemos dispuestos a asumir la urgencia con que la humanidad debe actuar frente a esta crisis planetaria.

Pero vamos despejando un poco el panorama, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) entró en vigor en 1995 y, desde entonces, cada año se realiza una reunión de las partes o países que han suscrito dicho tratado, es decir, se han realizado hasta ahora 24 reuniones en las que han participado representantes de los países o partes. Estas reuniones tienen el propósito de buscar acuerdos entre los miembros para detener los efectos del cambio climático de manera que este afecte de la forma menos severa a los seres humanos y la naturaleza. Pese a las reuniones realizadas y los acuerdos suscritos por las partes, todos los informes científicos elaborados por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPPC, por sus siglas en inglés) – organismo que actúa como asesor científico de esta convención y sirve de referencia para la toma de decisiones-, nos indican que estamos frente a un proceso irreversible y cuya magnitud es casi imposible de dimensionar. De lo que sí está segura la ciencia, es que el cambio climático que nos afecta es un proceso gatillado por las actividades humanas post industriales (tomado como año de referencia 1750) y que debemos actuar con urgencia si queremos evitar o al menos disminuir los daños más severos para la humanidad.

Entender, al menos superficialmente cuales son las negociaciones y cómo funcionan las Conferencias de las Partes (COP) no es algo simple, pues este se puede entender como un proceso casi continuo de negociaciones donde el Acuerdo de París es el hito más importante desde 2015 a la fecha. Sin embargo, hay un par de cosas que es importante tener presente, la CMNUCC y todos los acuerdos que emanan de ella se rigen por el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, es decir, todos somos responsables de tomar acciones, pero no de la misma forma. Esto permite reconocer que existen países que son más emisores de gases de efecto invernadero (GEI) que otros y que existen zonas del planeta o grupos humanos que, sin ser los causantes directos de la crisis climática, pueden ser afectados de forma significativa y por ende deben ser apoyados. El principio de «responsabilidades comunes pero diferenciadas» abre un abanico de posibilidades en las negociaciones tanto para instalar temas complejos, como para agrupar a estados que serán afectados bajo ciertas condiciones como el grupo AOSIS que representa a los pequeños estados insulares.

En este sentido, el IPCC juega un rol fundamental, pues como órgano asesor científico de la CMNUCC, entrega información valiosa sobre las causas o los efectos que está producirá la crisis climática. En un informe especial dado a conocer en 2018, conocido como el informe 1,5°C, señala que debemos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 40% para el año 2030 y lograr la carbono neutralidad para 2050, tomando como base el año 2010.  A comienzos de agosto de 2019 se dio a conocer un nuevo informe del IPCC sobre tierras y desertificación, en el cual se advierte sobre la urgencia de transitar hacia otros modelos productivos de alimentos.

Por ello no nos deben sorprender las declaraciones de los líderes de Naciones Unidas en esta materia, ya sea Antonio Guterres o Patricia Espinosa, que una y otra vez están haciendo llamados desesperados para que los países adopten e implementen en el más breve plazo acuerdos que permitan frenar en parte los efectos del cambio. Recientemente Guterres señaló: “estamos aquí porque el mundo se enfrenta a una grave emergencia climática. El cambio climático está ocurriendo ahora, y nos está afectando a todos nosotros. […] Es una batalla por nuestras vidas. Pero es una batalla que podemos ganar”[1]. Por su parte Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva de CMNUCC, ha señalado que “ya no nos podemos permitir un progreso gradual en la lucha contra el cambio climático: necesitamos un cambio profundo, transformador y sistémico en toda la sociedad, crucial para un futuro de bajas emisiones, altamente resiliente y más sostenible”[2].

Pero como sabemos las decisiones dentro de la CMNUCC, cuyo órgano supremo es la Conferencia de las Partes se toman por consenso, lo que incide en que los procesos para establecer acuerdos por una parte sean extremadamente lentos y por otra sean bastante blandos y por ende no resulten los suficientemente robustos o apropiados para la dimensión del problema que enfrenta la humanidad.  Si bien existe información científica suficiente para la toma de decisiones y los efectos del cambio climático ya se están percibiendo en muchos lugares del planeta, esto no es suficiente para que los tomadores de decisiones se decidan a actuar.  Los grupos de presión, sean estos países o consorcios empresariales que actúan a través de economías específicas, ejercen su influencia para retrasar decisiones urgentes sin que les importe las consecuencias que esto tiene para poblaciones humanas y ecosistemas. En este sentido pareciera que aún falta que ocurra algo más dramático para que los tomadores de decisiones ya sean estos gobernantes, directivos de grandes empresas u otros, dejen de lado las agendas económicas cortoplacistas y decidan que es urgente la implementación de medidas efectivas.

Sin duda el surgimiento originalmente en Europa movimientos de jóvenes como Fridays for Future, liderado por Greta Thunberg o Extinction Rebellion nos hace vislumbrar un nuevo escenario, en el cual las personas que les tocará vivir como adultos en un futuro cercano están exigiendo a los gobernantes mayor compromiso y urgencia en adoptar acuerdos e implementación de los mismos. También han surgido en varias partes del mundo iniciativas legales que tienen como propósito declarar Emergencia Climática en algunas zonas o países. Pero la política climática internacional tiene su ritmo y pareciera que tenemos que generar más presión para que este ritmo varíe.

La crisis climática es planetaria y no se resuelve solo con medidas locales, en ese sentido no basta con que uno, dos o diez países, implementen medidas, se necesita que actuemos con y como humanidad.  Sin embargo, esto no puede ser excusa para que los gobiernos locales dejen de adoptar medidas para la proteger a su población. Pues si bien hay países que son emisores de GEI y su tarea debe enfocarse en la reducción de emisiones, existen otros países o zonas que son altamente vulnerables a los efectos del cambio climático, sin ser grandes emisores. Este es el caso de Latinoamérica y de Chile, nuestra región emite entre el 5 y 8% de las emisiones globales, sin embargo, es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Por ello, los esfuerzos regionales deberían orientarse a desarrollar e implementar acciones de adaptación, esto es preparar los territorios y sus habitantes para soportar los cambios que están ocurriendo o los que se avecinan. La adaptación tiene que ver con la planificación de acciones locales para hacer frente a los efectos del cambio climático y especialmente relevante en lugares que presentan vulnerabilidad. En este sentido el desarrollo e implementación de políticas climáticas nacionales con expresión a nivel local deberían ocupar un lugar prioritario en la región, pero estamos lejos de ello y para la mayoría de los gobernantes de Latinoamérica el tema de cambio climático no es tema y Chile no es muy distinto, pues pese a que seremos sede de la COP25, los avances en política climática nacional son casi nulos.

Chile: la política climática nacional y el evento COP25

En términos generales existe un consenso en relación a que la reunión que tendrá lugar en Santiago entre el 2 y 13 de diciembre próximo abre oportunidades para el país y no puede ser solo un evento que no deje nada. Y cuando decimos nada, no nos referimos a los negocios que puedan lograr algunos sectores, estamos hablando que una reunión de estas características no pude ser solo un evento mediático de la política internacional, debe servir para que se establezcan compromisos de política pública a nivel nacional. En este sentido, el gobierno tiene un rol central, ya que es el mandatado para asumir compromisos y establecer una agenda de trabajo nacional previa a la COP25, pero que debería continuar su implementación con posterioridad a ella.

Sabemos que para el gobierno puede ser muy tentador quedarse con las luces que traerá el evento y hacer anuncios que nos dejarán muy bien parados en la política climática internacional, como puede ser lograr la carbono neutralidad al 2050. Pero eso no basta, se requiere con urgencia que el gobierno asuma compromisos reales de corto plazo con habitantes de diversos territorios que están sufriendo los efectos de las malas políticas publicas ambientales y que tienen directa relación con el cambio climático.

Si bien la discusión de alto nivel que tendrán los gobiernos durante el mes de diciembre no versará sobre la contaminación por leña que afecta a las ciudades del sur de Chile, la mala calidad de la normativa ambiental que tiene nuestro país, tampoco conversaran sobre Zonas de Sacrificio como Puchuncaví, Quintero, Mejillones, Tocopilla, Coronel y Huasco; ni la prolongada sequía que afecta a nuestro país, la destrucción de glaciares en la zona centro norte de Chile por la actividad minera y menos aun la usurpación de agua que viven los habitantes de comunas como Petorca, tampoco serán temas problemáticas como la creciente erosión y degradación de tierras que afecta a Chile o el riesgo que representan los incendios forestales. Sin embargo, todo esto tiene relación con el cambio climático, pero por sobre todo con las actividades económicas a gran escala que están acelerando la dramática situación que afecta a muchos habitantes de territorios urbanos y rurales de Chile. Por ello, el rol de los gobernantes debe ser establecer con la mayor prontitud políticas públicas nacionales que cuenten con financiamiento y que permitan a los habitantes del país hacer frente a los efectos del cambio climático. Hasta ahora, el actual gobierno no ha hecho ningún tipo de anuncio en este sentido y pareciera más orientado a desarrollar una serie de actividades mediáticas que no dejarán nada con posterioridad a diciembre que asumir el desafío desarrollar una política climática nacional en serio. Por eso las organizaciones ciudadanas tenemos como desafío pasar de la farándula climática a empujar los compromisos climáticos nacionales y locales.

[1] https://unfccc.int/es/news/antonio-guterres-la-accion-climatica-es-una-batalla-por-nuestras-vidas

[2] https://www.cambioclimaticochile.cl/2019/07/la-conferencia-sobre-el-clima-de-bonn-finaliza-con-una-llamada-de-la-onu-a-cumplir-plenamente-el-acuerdo-de-paris/

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