Impuestos verdes: el desprecio de Chile en tiempos de mayor ambición climática

Opinión de Gary González, economista de Fundación Terram, sobre la aplicación del "impuesto verde" y el uso de combustibles generadores de gases de efecto invernadero. Fuente: El Mostrador, 13 de septiembre de 2019.


El año 2017 entró en vigencia en Chile la aplicación del llamado “impuesto verde”, recomendado por la OCDE el año 2011, con el objetivo de desincentivar el uso de combustibles sucios generadores de gases de efecto invernadero (GEI). Desde ese momento hasta ahora, la principal crítica en su implementación ha sido su bajo valor (US$ 5 por tonelada de CO2) y por consiguiente su impacto marginal en el desincentivo de energías sucias como el carbón. Por ello, en el marco de la actual discusión de modernización tributaria, y considerando la emergencia climática que vive Chile y el planeta en su conjunto, este impuesto merece y exige una atención especial.

El impuesto verde es un instrumento económico para apoyar la gestión ambiental, que según la Ley 20.780, grava las emisiones de algunos contaminantes locales y, en el caso de emisiones de impacto global como el CO2, se impuso un pago de 5 dólares por tonelada de CO2 emitido, independientemente de la ubicación de la fuente emisora y de la cantidad de habitantes afectados por este contaminante.

Esto debería impactar en el cumplimiento de compromisos internacionales por parte de Chile para mitigar el calentamiento global, los cuales están presentes en la Contribución Nacional Determinada (NDC) que el país se ha comprometido para reducir sus emisiones y así alcanzar las metas de París.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ha dicho que en los próximos años necesitaremos llevar a cabo transiciones rápidas y de gran alcance en materia de energía y electricidad. En Chile, el sector de la energía es el principal generador de GEI, por lo que corresponde desarrollarlo no solo velando por la seguridad del suministro, sino también por la seguridad climática.

Esto implica acelerar la descarbonización de la matriz y en especial de la generación eléctrica, por lo que el encarecimiento del precio del carbón mediante la aplicación del impuesto verde iría en ese sentido, considerando que actualmente cerca de un 40% de la generación bruta proviene de las unidades termoeléctricas a carbón que funcionan en Chile, donde el llamado del IPCC ha sido a reducir en dos tercios el consumo total de carbón y de bajar a la mitad las emisiones globales al 2030, tomando como base el año 2010.

Si bien es cierto que Chile fue el primer país de América Latina en aplicar este tipo impuesto, Argentina y Colombia se han sumado después con precios más altos a los actuales 5 dólares por tonelada de carbono que nuestro país posee. El mismo Banco Mundial, durante 2018, ha mencionado que somos el cuarto país con el impuesto más bajo, solo por arriba de México, Japón, Polonia y Ucrania, mientras la Comisión de Alto Nivel sobre los Precios del Carbono considera que el nivel de precio explícito al carbono y compatible con la consecución de las metas relativas a la temperatura establecida en el Acuerdo de París debería situarse, como mínimo, entre 40 y 80 dólares por tonelada de CO2 para 2020 y entre 50 y 100 dólares por tonelada de CO2 para 2030.

En el marco de la actual discusión de reforma tributaria, Evópoli, uno de los partidos oficialistas, propuso incrementar el impuesto verde en US$ 5 por tonelada de CO2 de forma anual, hasta converger a la media de la práctica internacional. Aun cuando esta idea está lejos de la ambición que se necesita, lamentablemente esta y otras propuestas no han tenido acogida por parte del Gobierno, desde donde se ha asegurado que las modificaciones tendrán como objetivo la reducción de emisiones contaminantes y no la recaudación de impuestos, es decir, el bajo precio actual de la tonelada de CO2 se mantendrá, por lo que esto no incentivará la reducción de emisiones y, por consiguiente, se seguirá contaminado.

Aun cuando lo anterior fuese distinto, estos cambios recién se aplicarían a partir del año 2025, por lo que la meta que el país se ha propuesto, de ser carbono neutral al 2050, se ve aún más lejana.

Desde Fundación Terram nos preocupa que, en un año en el que estamos llamados a liderar con el ejemplo en ambición climática, con la realización de la COP25 en diciembre, nos estemos perdiendo la oportunidad de aumentar el precio del carbono mediante el impuesto verde, de forma de dar una señal potente de la urgente necesidad de recambio a energías no contaminantes y de la reducción de emisiones que el planeta requiere.

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