Fiscalía pide formalizar a seis ejecutivos de Enap por crisis ambiental de Quintero en 2018

Hernán Ramírez, investigador asociado de Fundación Terram y representante de los vecinos del sector, aseguró que con esta audiencia ‘se podría comenzar a hacer justicia para la comunidad y las empresas deben ajustar sus protocolos de operación’. Fuente: La Tercera, 5 de octubre de 2019.

Seis ejecutivos de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) serán formalizados a petición de la Fiscalía Regional del Biobío, por los episodios de contaminación ocurridos el 4 y 21 de agosto del año pasado en Quintero-Puchuncaví y en Talcahuano, hechos que habrían llevado a que 1.370 personas resultaran intoxicadas.

Ayer, la fiscal Marcela Cartagena pidió la formalización de los ejecutivos ante el Juzgado de Garantía de Talcahuano por delito ambiental, establecido en el artículo 291 del Código Penal, por su presunta responsabilidad en la propagación de sustancias tóxicas al ambiente, lo que pone en riesgo la salud de la población. Este ilícito, según la fiscalía, es sancionado con presidio menor en su grado máximo (tres años y un día a cinco años).

Así, se le presentarán cargos a Edmundo Piraíno, gerente de Enap Refinerías en Aconcagua; Alberto Hillerns, gerente de Enap Refinerías Bíobio; Patricia Cabalá, jefa del Departamento de Operaciones de la compañía en Biobío; Juan Pablo Rhodes, jefe de la terminal marítima de Quintero de la firma; Jorge Farías, jefe del área marítima de la Enap, y Carlos Lizana, jefe del área terrestre de la terminal marítima en Quintero. También será formalizado Joseph Darlington, capitán de marina mercante de una empresa que prestó servicios a Enap.

La fiscal Cartagena explicó ayer que la decisión se basa en que ‘estamos en condiciones de soportar los hechos que vamos a imputar’, y que esta decisión ‘del Ministerio Público no responde a presiones de querellantes ni de imputados’.

La Brigada de Delitos Ambientales de la PDI entregó informes a la fiscalía durante el último año, que indican que los eventos habrían ocurrido debido a la descarga de crudo ‘Iranian Heavy’ en las terminales San Vicente y Quintero de Enap, el que tenía un alto contenido de gas ácido sulfhídrico (H2S), lo que -según la PDI- ‘contribuyó a la emergencia que se suscitó en agosto de 2018’, pues desde las instalaciones de la empresa emanaron olores que fueron perceptibles por trabajadores y funcionarios, que coincidió con el periodo de drenaje del crudo. Luego del anuncio del Ministerio Público, Cristián Muga, abogado de los ejecutivos de Enap, señaló que la formalización ‘era una noticia esperable, aunque injustificada’.

Añadió que esta decisión ‘nos dará la oportunidad de demostrar que a los trabajadores y ejecutivos de la empresa se les imputa responsabilidad por hechos que tienen otras causas y que no guardan relación con la operación de descarga y tratamiento del crudo iraní’. La empresa, en tanto, expresó que ‘reitera su convicción de que sus procesos se han realizado correctamente y que no tiene responsabilidad en los episodios de Talcahuano y Quintero. Tenemos confianza que así se acreditará en la investigación’.

Escenario judicial Remberto Valdés, abogado que representa a cerca de mil habitantes de esa zona que resultaron afectados y fueron atendidos en recintos asistenciales (con mareos, vómitos, afecciones respiratorias e incluso cuadros de parálisis de las extremidades) sostuvo que tras la formalización se interpondrá una demanda ‘para que Enap responda por los daños físicos y sicológicos que sufrieron las víctimas’.

Anunció que pedirá una reparación para las familias por un monto de $ 25 mil millones, aunque planteó que ‘también esperamos que la propia compañía presente una propuesta’. Hernán Ramírez, dirigente de la Fundación Terram y representante de los vecinos del sector, aseguró que con esta audiencia ‘se podría comenzar a hacer justicia para la comunidad y las empresas deben ajustar sus protocolos de operación’.